Hace unos días, el gobierno nacional comenzó el proceso formal de licitación para privatizar más de 8 mil kilómetros de rutas de todo el país. junto con esto, el Ministerio de Economía adelantó que comenzará una reforma en la Dirección de Vialidad Nacional, el organismo a cargo del control de los caminos. Esto incluye cambios en la estructura, que traerá aparejado un 30 por ciento de reducción del personal. Ante esto, desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) criticaron la decisión de la gestión libertaria, y alertaron que “la destrucción avanza”.
Mediante un comunicado, el gremio recalcó que con estas transformaciones “lejos de ser una modernización, representará un achicamiento brutal de entre el 20 y el 30 por ciento del personal, lo que equivale al despido de entre 1.000 y 1.500 trabajadores sobre un total de 5.200”. La medida, que se formalizará en un inminente decreto, se adelantó a dirigentes de la FEPEVINA en una reunión con gerentes, donde confirmaron que se “reestructurará por completo” la Dirección Nacional de Vialidad.
“El impacto de esta medida será devastado”, dijo el gremio. “No sólo se perderán fuentes de trabajo en un contexto económico crítico, sino que además se compromete la operatividad de un organismo clave para la infraestructura vial del país. La falta de mantenimiento y ejecución de obras públicas pone en riesgo la seguridad de millones de argentinos que transitan por rutas en condiciones cada vez más deterioradas”, afirmaron.
Privatización encubierta
Para la FEPEVINA, a la crisis laboral y presupuestaria que se vive en Vialidad Nacional se suma la intención del gobierno de derogar el decreto ley 505/58, que establece el marco legal de Vialidad Nacional. “Esto pone en duda el rol del organismo, su autonomía y su dependencia institucional, lo que abre la puerta a la privatización encubierta mediante un nuevo esquema denominado Agencia Federal de Caminos”, recalcaron.
Además, insistieron, el gobierno impulsa “un proceso de concesión de rutas con condiciones altamente perjudiciales para el Estado, entregando la infraestructura vial a intereses privados por un plazo de 20 a 30 años”. En este contexto, “el presupuesto asignado, que ya es el mismo del año anterior y que fuera sub-ejecutado en un 40 por ciento y las no transferencias correspondientes al impuesto a los combustibles, demuestra una política deliberada de desfinanciamiento, abandono y achicamiento del organismo”.
Resistencia
El recorte de personal, proyectado por el titular del organismo, Jorge Campoy, no se aplicará en todos los sectores por igual. Según denunciaron los trabajadores, los despidos recaerán sobre los empleados de menor antigüedad, mientras que los nuevos jefes de distrito, contratados bajo la actual gestión, no serán afectados.
Frente a este panorama, la FEPEVINA y los sindicatos de base adheridos a la misma rechazaron “de manera categórica este intento de desguace y preparamos medidas de acción para frenar la destrucción de un organismo que ha sido, desde su creación, un pilar fundamental para el desarrollo y la conectividad del país”. “Hoy la unidad de trabajadoras y trabajadores en defensa de los puestos de trabajo y del rol de la Vialidad Nacional no puede esperar. En Vialidad no sobra nadie”, concluyeron.