En el marco de la pelea de los trabajadores de Vialidad Nacional contra el ajuste y posible desaparición de esa dependencia, los gremios del sector se reunieron con diputados opositores, a quienes les expresaron su preocupación por el futuro de unos 500 puestos laborales. En la cumbre, que tuvo lugar en la cámara baja nacional, la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) reafirmó que “la defensa de Vialidad es una causa común”, y ratificó que en el sector “no sobra nadie”. Antes, la entidad participó de la audiencia pública por la privatización del Corredor Vial 18, a la que se opone.
La cumbre de gremios y legisladores se dio en el marco del intento de ajuste, que lleva adelante el gobierno nacional a través de su plan motosierra. Ante la creciente amenaza de avanzar con un decreto presidencial que reestructure la Dirección Nacional de Vialidad, FEPEVINA y el resto de los gremios del área expresaron su alarma ante diputados del bloque de Unión por la Patria. “Todos decimos no al desguace, no a los despidos, no a la entrega”, dijeron desde la entidad sindical.
En la reunión estuvieron presentes además los gremios ATE Vialidad Nacional y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional. El objetivo fue “evaluar el estado de situación del organismo y analizar las repercusiones sobre las y los trabajadores que realizan tareas en todo el territorio nacional”. “Se recalcó la importancia de la unidad para frenar el avance del ajuste que pone en riesgo las rutas, la seguridad vial y miles de puestos de trabajo”, afirmaron desde FEPEVINA, que insistieron que en Vialidad Nacional “no sobra nadie, seguiremos firmes en esta lucha, Las rutas son del pueblo y su mantenimiento es una responsabilidad del Estado”.
Amenaza
Actualmente, recordaron los gremios, la nueva amenaza contra Vialidad nacional es el decreto anunciado por el gobierno, que prevé una reestructuración del organismo y podría generar entre 1.000 y 1.500 despidos adicionales, además de un aumento excesivo de las tareas por la fusión de entidades.
En relación con el presupuesto, los sindicatos denunciaron que, durante 2024, se registró una sub-ejecución del 40 por ciento Para este año, las autoridades anunciaron que profundizarán el ajuste presupuestario, con una reducción aproximada de 50 mil millones de pesos mensuales destinados a la certificación de obras. Como agravante, el gobierno retuvo a la entidad los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) a pesar de estar regulada la transferencia por ley.
Ante esto, los sindicatos también informaron sobre las medidas de fuerza que están llevando a cabo en todo el país, advirtiendo sobre el impacto que estos despidos podrían tener en las familias de los trabajadores y en la ciudadanía argentina. Advirtieron, además, que el organismo ha comenzado a abandonar parte de su objetivo fundacional: garantizar el control y mantenimiento de los caminos y rutas nacionales.
Audiencia
Antes del encuentro, se llevó a cabo una audiencia pública en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, por la licitación del Corredor Vial 18, ahora llamado Tramo Oriental. Esta es la primera concesión vial del gobierno de Javier Milei, que incluye la Ruta Nacional 14, la Ruta Nacional 12, el puente Rosario-Victoria. En la audiencia pública participaron Raúl Meza, Secretario General del SPVN Entre Ríos y miembro del Consejo Directivo de FEPEVINA, y Julio Aralde, Secretario General de FEPEVINA, quien intervino en forma remota.
“Privatizar las rutas significa peajes más caros, menos mantenimiento y más peligro en los caminos”, alertaron desde FEPEVIRA. “La falta de inversión en infraestructura vial pone en riesgo la seguridad de quienes transitan y afecta la producción, el comercio y el turismo”, agregaron. En la previa a la audiencia, la entidad expresó su “profunda preocupación” por este llamado, al considerarlo “carente de transparencia” y la falta de interés “por la participación ciudadana”.