Ferroglobe, la siderúrgica mendocina, comunicó que en febrero apagará sus hornos. La decisión está arraigada en el impacto que trajo el ingreso de productos del exterior y el derrumbe del mercado interno. Con operaciones en la provincia de Mendoza desde 1973, la firma cuenta con dos hornos Demag Technology de 25 MVA, diseñados para la producción de silicio cálcico y ferrosilicio.
La compañía, especializada en ferroaleaciones, justificó su decisión en un comunicado oficial alegando “exceso de inventario de producto terminado” y destacó que aprovechará la detención de actividades para realizar tareas de mantenimiento. Sin embargo, el dato más alarmante es la falta de una fecha estimada para reanudar la producción, lo que evidencia la magnitud de la crisis que enfrenta el sector.
El derrumbe de Ferroglobe no es un caso aislado. Acindar, otra gigante de la industria siderúrgica, también enfrenta problemas severos. Aunque revertió temporalmente el despido de 70 operarios, la incertidumbre sigue latente. Ambas compañías son víctimas de un contexto que combina recesión económica, caída del poder adquisitivo y una política de importaciones que amenaza con destruir lo poco que queda de la industria nacional.
En este marco, el gobierno de Javier Milei ha brillado por su ausencia. Lejos de impulsar medidas que fomenten la producción y protejan el empleo, su administración se ha enfocado en profundizar la apertura de mercados, una estrategia que, aunque aplaudida por los sectores financieros, resulta letal para las empresas locales.
En su comunicado, la empresa también reconoció estar trabajando en conjunto con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y la Secretaría de Energía de la Nación para buscar una solución de largo plazo. En este sentido, buscan establecer una tarifa eléctrica especial para empresas de alta demanda energética como Ferroglobe, un punto crítico para garantizar la viabilidad operativa.
La situación se inscribe en un contexto más amplio de retroceso industrial en Argentina, donde el impacto combinado de la apertura importadora, el deterioro del mercado interno y la falta de políticas efectivas para sostener la producción nacional generaron un escenario crítico para la siderurgia y otras ramas industriales.
Con plantas paralizadas, hornos apagados y miles de trabajadores afectados directa o indirectamente, la siderurgia argentina enfrenta una encrucijada que exige soluciones urgentes y de fondo.
Un plan sistemático
Milei ha defendido la desregulación y el achicamiento del Estado como las bases de su gestión. Sin embargo, este enfoque está desangrando a la industria nacional. Las empresas, sin diferenciar entre pequeñas, medianas o grandes, están sufriendo los coletazos de un plan sistemático de destrucción de la industria nacional. Desde el sector son claros, reclaman tarifas energéticas competitivas, financiamiento accesible y, sobre todo, una política de protección frente a la avalancha de importaciones.
El optimismo de la empresa en “encontrar soluciones” contrasta con la desidia oficial. Sin políticas públicas que prioricen la producción local, el panorama para la industria argentina seguirá siendo desolador.
Ya son varias las empresas que ven afectadas sus ingresos y la capacidad de desarrollar un negocio competitivo y sostenible en el tiempo. Tan solo en esta semana en el sur de la provincia los trabajadores de la firma LIPO S.A se encuentran de paro debido a una deuda del 50% de sus sueldos. Desde el sector lechero, particularmente en Sancor, ya están mostrando algunas dificultades que no van a ser sin consecuencias para los trabajadores.
Un gobierno que aprieta cada día más y que obliga a llevar a las personas a una economía de supervivencia, sin mucho horizonte a la vista, teniendo como eje el desabastecimiento y fractura de la estructura productiva nacional.