El 6 de febrero de 2025, el programa televisivo de Luis Majul, transmitido por el canal LN+, desató una ola de rechazo en toda la comunidad judicial y académica del país. En esta emisión, se atacó duramente la decisión tomada por la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, conformada por los jueces Andrea García Vior y Gabriel De Vedia, que en un fallo exigió la reincorporación de dos trabajadores despedidos de una empresa química, Fademi, de Entre Ríos.
El tema tiene también un condimento extra muy fuerte, ya que García Vior es además una de las magistradas que dictó una resolución cautelar en contra del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Lenguaje “violento” y “tendencioso”
La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) fue una de las primeras en manifestar su "más enérgico repudio" a las declaraciones de Majul y sus panelistas, a quienes acusó de hacer uso de un lenguaje “violento” y “tendencioso”, cargado de “inexactitudes”.
En su comunicado, la entidad destacó que los jueces en cuestión son profesionales de reconocida trayectoria y que las decisiones judiciales, aunque pueden ser sometidas a la crítica pública, deben ser cuestionadas de manera respetuosa y fundamentada. En lugar de eso, ANJUT denunció un claro intento de "presionar al Tribunal" para que revierta su fallo, lo que constituye una violación de la independencia judicial, principio fundamental de la democracia.
Este ataque no solo fue rechazado por ANJUT, sino también por docentes de derecho de diversas universidades nacionales. Profesores titulares y adjuntos del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA) expresaron su solidaridad con la jueza García Vior, quien además es profesora de la institución, subrayando su “destacada trayectoria” tanto en el ámbito académico como en el judicial.
“Ataque sistemático” contra la justicia laboral para amedrentar jueces
Según los académicos, las declaraciones en el programa de Majul representan un “ataque sistemático” contra la justicia laboral y un intento claro de amedrentar a los jueces que se atreven a tomar decisiones que desafían los intereses del poder económico. Además, afirmaron que este tipo de ataques constituye un “desprecio por las instituciones” y un “rechazo a los valores democráticos”, lo que marca una “deriva autoritaria” que debe ser rechazada.
La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas también se sumó al repudio y expresó su solidaridad con los jueces atacados. La entidad denunció que, en el programa, se utilizó un lenguaje agresivo hacia los magistrados, con el título “jueces cómplices de delincuentes” y la aparición de imágenes de García Vior y De Vedia, en lo que calificaron como un claro intento de desprestigio.
Forma parte de “una campaña más amplia”
A su vez, la Asociación alertó que estos ataques no son un hecho aislado, sino parte de una campaña más amplia, en la que diversos medios de comunicación, especialmente La Nación +, han actuado como vehículos de presión para amedrentar a los jueces cuya interpretación de la ley no se ajusta a los intereses del poder económico. Esta situación, según los abogados laboralistas, constituye una violación a la división de poderes y al sistema democrático establecido en la Constitución Nacional.
Los pronunciamientos de las distintas entidades subrayan la gravedad de este ataque a la independencia judicial, destacando que los jueces no deben ceder ante presiones mediáticas ni de ningún otro tipo. En este sentido, se exige una retractación pública tanto de los periodistas involucrados como del medio de comunicación, a fin de salvaguardar los principios democráticos y el respeto por la justicia laboral, fundamental para la protección de los derechos de los trabajadores en Argentina.
Este repudio generalizado, que se extiende desde el ámbito judicial hasta el académico, refleja una preocupación creciente por la protección de los derechos laborales frente a los intentos de flexibilización impulsados desde el Ejecutivo, y resalta la importancia de un Poder Judicial independiente y libre de presiones externas, que pueda seguir garantizando los derechos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.