La situación de la cadena de electrodomésticos Garbarino es crítica y no parece haber una solución en el horizonte para la empresa. En el mientras tanto, el Gobierno les paga hace ocho meses parte del salario a los trabajadores, a través del programa REPRO II. Es su única fuente de ingreso, en el marco de esta situación financiera asfixiante.
Con gran parte de sus 105 locales cerrados y las demandas de sus trabajadores por la falta de pago de los salarios, la compañía admite que no puede hacer frente al pago a sus proveedores y la entrega de mercadería, con reclamos de los clientes que se multiplican en las redes sociales. Desde noviembre del año pasado que los empleados cobran parte de su salario a partir de la implementación del REPRO, y en total, la asistencia estatal casi llega a los casi 240 millones de pesos.
Este miércoles hubo una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, donde la empresa siguió sin poder ofrecer un posible marco de solución para la compañía, que hace un año pasó a manos del empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof. El rumbo de la firma nunca pudo enderezarse.
Desde hace meses, los cerca de 3.800 empleados de la empresa no están cobrando sus salarios completos. Esto incluye a los trabajadores de las seis unidades del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, la cadena Compumundo, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego.
En tanto, una gran parte de los 105 locales de la cadena de electrodomésticos permanecen cerrados o abiertos en forma irregular con un nivel de operación mínimo. Desde la empresa aseguran que la situación se agravó cuando las ventas cayeron entre 60% y 75%, con un desplome en el flujo de caja que colapsó en junio.
Como consecuencia, en las redes sociales se multiplicaron las quejas de los consumidores, que efectuaron compras en los últimos días y aún no recibieron sus productos. Aseguran que Garbarino no les precisa una fecha ni un tiempo estimado de entrega. Al respecto, la empresa fue imputada debido a presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, por incumplimientos relacionados con los plazos de envío de sus ventas online, por brindar información confusa y por contar con deficientes canales de atención.
Según se pudo saber, Rosales desechó varias propuestas para vender la empresa. Capitales extranjeros habría ofertado sumas concretas para hacerse de la compañía, pero el empresario respondió pidiendo cifras mucho más altas que las recibidas.