Luego de la ola de despidos a principios de año, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno de Javier Milei planea una nueva tanda de despidos en la administración pública nacional, orientada a despedir trabajadores que no se alineen con la ideología de La Libertad Avanza (LLA). Según el gremio estatal, los criterios para los despidos incluyen afiliación partidaria, haber hecho campaña en contra de la actual gestión, presentar certificados médicos reiterados y ser considerados "conflictivos".
Por su parte, secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó estos despidos como "discriminatorios" y "prohibidos por todas las leyes". Aguiar aseguró que el Gobierno está utilizando su autoridad para someter y controlar a los trabajadores, y que estas conductas son comprendidas en el Código Penal. “Este tipo de despidos que ahora quieren llevar adelante en la administración pública a fin de septiembre se encuentra prohibido por todas las leyes”, indicó.
"Este tipo de despidos es un ataque a la democracia y los derechos de los trabajadores", señaló el dirigente gremial. Al tiempo que subrayó: "El autoritarismo de este Gobierno no es compatible con la democracia. Han decidido violar la dignidad de los estatales y de todas las personas".
A su vez, ATE comprobó que varios ministerios y secretarías utilizarían este criterio de despido, como, por ejemplo, la Secretaría de Transporte presentó un proyecto interno (IF-2024-72051494-APN-GGRH#SOFSE) para reducir en un 36 por ciento del personal bajo este esquema.
Contexto
La denuncia de ATE surge en un contexto en el que más de 65 mil trabajadores de la planta transitoria del estado tienen sus vínculos laborales renovados solo por 90 días, lo que los pone en riesgo de despido a fines de septiembre.
La Justicia ya se expidió en reiteradas ocasiones declarando la ilegalidad de las cesantías, y ATE convocó a todas sus instancias orgánicas para definir la continuidad del plan de acción. La denuncia de ATE es un llamado de atención sobre la situación de los trabajadores en la administración pública y la necesidad de proteger sus derechos.
"Los funcionarios de este Gobierno van a terminar condenados", aseguró Aguiar. A la vez que destacó: "Están utilizando su autoridad para someter, controlar y dominar a todos los trabajadores. Cometen abusos psicológicos. Están actuando al margen de la ley y así perjudican no sólo a las personas, sino también a toda la administración".
En la misma línea, Aguiar resaltó que esas “son conductas comprendidas en el Código Penal. Utilizan sus cargos para fines distintos al interés público”.
Profundizar el plan de la lucha
Cabe mencionar que la semana pasada se llevó adelante una nueva jornada de lucha contra las políticas del gobierno nacional, la conducción de ATE le pidió a todo el arco sindical la “profundización del plan de lucha”, en especial a la CGT. A pocos días que su titular Rodolfo Aguiar se reuniera con Pablo Moyano y se hablara de la necesidad de otro paro nacional, los estatales apoyan este camino contra el ajuste que lleva adelante la gestión en el estado a nivel particular y en toda la economía en general.
"La medida de fuerza tuvo gran adhesión en todo el país y se convierte en la antesala de un paro general que tiene que llegar en las primeras semanas de septiembre", sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. La jornada de protesta incluyó una movilización al Congreso nacional, en rechazo al mega DNU del presidente Javier Milei y contra "las políticas de ajuste que recrudecen en el sector público".