En una insólita situación que pone en duda el funcionamiento del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la Delegación Regional Avellaneda se negó a recibir una denuncia presentada por Alejandro Capalbo, representante gremial de la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) para la actividad de control de admisión y permanencia (CAP), alegando que deben "esperar instrucciones" de Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense, quien se encuentra de vacaciones. Esta respuesta llegó cuando el dirigente intentó presentar una queja formal relacionada con irregularidades en una inspección de la empresa de seguridad Bull Cap S.R.L. realizada por la inspectora Mónica Parra.
La denuncia de Capalbo involucra a Parra y al Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA), un gremio sin personería gremial para representar a los trabajadores de empresas de seguridad, que estuvo presente en la inspección. Según la normativa vigente, solo los sindicatos con personería gremial pueden acompañar y presenciar inspecciones. Además, SUTCAPRA no tiene jurisdicción sobre la empresa en cuestión, lo que hace que su intervención sea completamente ilegítima.
La inspección cuestionada: irregularidades en el procedimiento de Parra
El acta de la inspección, fechada el 24 de marzo de 2024, revela que Parra, acompañada por el representante de SUTCAPRA, Carlos Sidan, habría actuado fuera de la ley. En lugar de aplicar el convenio colectivo de trabajo (CCT) correspondiente a la actividad de seguridad, la inspectora impulsó el uso de un convenio firmado entre SUTCAPRA y una cámara de discotecas de Tucumán, que no tiene relación con la actividad de seguridad privada y cuya aplicación territorial está limitada a la ciudad de La Plata.
Capalbo denunció que la situación causó perjuicios a los trabajadores, quienes fueron forzados a aceptar condiciones laborales mucho peores bajo un convenio ajeno a sus intereses. Además, resaltó que las decisiones tomadas por Parra, apoyada por otros funcionarios del Ministerio, violan la ley y afectan los derechos de los empleados.
Sin embargo, lo que generó aún más indignación es la negativa de la Delegación Regional Avellaneda a tomar la denuncia. Según Capalbo, cuando intentó presentar la queja, le informaron que "debían esperar instrucciones" del ministro Correa, quien se encuentra de vacaciones. Esta excusa parece absurda, dado que las irregularidades señaladas son de suma importancia para los trabajadores y no deberían depender de la presencia de una sola persona para ser tratadas.
"Connivencia": se suman las denuncias contra Parra y SUTCAPRA
La situación es aún más grave cuando se observa que este no es el primer incidente que involucra a la inspectora Mónica Parra y al Ministerio de Trabajo bonaerense. Tal como reflejó Data Gremial, en una denuncia previa presentada en la Delegación Lomas de Zamora, Capalbo también acusó a la intervención indebida de SUTCAPRA en una inspección en la empresa Pitt Bull S.A., y la aplicación del mencionado CCT inapropiado para la actividad de seguridad privada.
Frente a esta serie de irregularidades, UPSRA decidió declararse en estado de alerta y movilización, advirtiendo que tomará medidas de acción gremial directa si no se esclarece la situación y se garantiza el cumplimiento de la ley. La organización sindical exige la nulidad de las actuaciones realizadas por la inspectora Parra y otros funcionarios del Ministerio de Trabajo, y está dispuesta a llevar el caso a la vía judicial si no recibe una respuesta adecuada.
En medio de esta crisis, Capalbo enfatizó la necesidad de que el Ministerio de Trabajo cumpla con sus responsabilidades y proteja los derechos de los trabajadores, sin recurrir a excusas que solo agravan la situación.
La pregunta que queda en el aire es cómo es posible que, en pleno ejercicio de sus funciones, el Ministerio de Trabajo pueda paralizar una denuncia tan importante simplemente porque su ministro se encuentra de vacaciones. Esta insólita situación exige una pronta resolución para evitar que los derechos laborales de los trabajadores sigan siendo vulnerados.