Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el cual suspendió las elecciones de las provincias de San Juan y Tucumán, la Federación Judicial Argentina (FJA) expresó su “profunda preocupación ante otro atropello de la Corte al estado de derecho, la Constitución Nacional y los principios más básicos y elementales de convivencia política”, como también lo hicieron desde La Bancaria y de la CGT
“No sólo viene desplegando hace tiempo acciones antidemocráticas y autoritarias, sino incluso pareciera que pretende erigirse en un gobierno no elegido por nadie para ello”, continuaron en el comunicado.
A su vez, la Federación repudió “categóricamente” las manifestaciones vertidas por Horacio Rosatti evento Amcham Summit 2023 de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.
Intromisión política
El domingo 7 hubo elecciones generales en cuatro provincias, y a los dos días se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia a través del cual suspendieron las elecciones en las provincias de Tucumán y de San Juan.
La medida judicial se dio luego de la presentación de cautelares realizadas por la oposición en esas provincias quienes solicitaron la anulación de las fórmulas ganadoras. El máximo tribunal pidió informes que deberán ser respondidos en un plazo de cinco días.
Para la Federación Judicial Argentina dicho fallo “es una clara intromisión política con el objetivo de favorecer los peores intereses políticos y económicos, tal como lo ha hecho con diversos fallos en los últimos años”.
Al tiempo que resaltaron: “No respeta principios inherentes al federalismo y la división de poderes propios de esta República, no siendo además de su competencia jurídica originaria, ni tampoco delegados por esas provincias al Estado Nacional”.
En ese marco, apuntaron contra la oposición que tanto el hecho de suspender los comicios prácticamente en vísperas de los mismos y los fundamentos, los cuales la FJA definió como violatorios de principios constitucionales básicos relativos al federalismo y la autonomía de las provincias, revelan la intencionalidad política de la reciente determinación y vuelve a poner en escena el rol de “fuerza opositora” en el que se ha constituido el llamado “máximo tribunal” de la República Argentina.
Juicio político
Cabe recordar que los integrantes de la Corte Suprema están siendo investigados por la Cámara de Diputados de la Nación por las irregularidades cometidas en la obra social de los judiciales.
Desde la Federación señalaron que la gravedad del paso dado por la Corte, en correlación con otras sentencias tales como las relativas a la ley de Presupuesto de la Nación, la abrogación de la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación y la consecuente reposición de una ley derogada por el Congreso, “va en línea con una fuerte perturbación de la división de poderes y por ende del sistema constitucional republicano”.
Asimismo, mencionaron las declaraciones de su presidente, Horacio Rosatti, acerca de que “tiene que llamarnos la atención la expansión incontrolada de la emisión monetaria”, y que "el programa económico que tiene la Constitución es el capitalismo” y ello implica una nítida salida a la arena política. Por ello, sostuvieron que “sin necesidad, esta vez, de hacerlo bajo el rótulo de ´sentencia´”.
En esa línea, la Federación señaló que se debe dar un nuevo impulso al juicio político contra el “máximo tribunal”. Sin embargo, en las actuales condiciones no sólo por la falta de una mayoría suficiente en el Congreso sino también por el respaldo que tienen en el establishment económico, la verdadera garantía para la remoción de los integrantes de la Corte es una amplia movilización popular, como las que se produjeran del 2001 al 2003.
“De lo contrario, solo quedará en buenas intenciones y las malas intenciones seguirán teniendo vía libre”, finalizaron.