El juez federal Sebastián Ramos procesó al secretario adjunto del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Diego Corvalán, y a otros 15 trabajadores de la organización, quienes estaban acusados de los delitos de “autor y coautores penalmente responsables de abuso de armas y daño agravado”.
A su vez, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 ordenó trabar embargo sobre los bienes de los procesados hasta cubrir la suma de ocho millones de pesos.
La causa fue iniciada en junio de 2020, luego de que el dirigente gremial Corvalán y un grupo de trabajadores tomaron por la fuerza las terminales 4 y Río de la Plata del Puerto de Buenos Aires y paralizaron las tareas. Según informaron fuentes del caso, al ingresar agredieron físicamente al personal de seguridad. Estos hechos se desarrollaron en el marco de varias jornadas de protesta que concluyeron con estas acciones violentas.
Hace pocos días el SUPA, el cual no está adherido a la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) que lidera Juan Carlos Schmid, realizó otra medida de fuerza de un estilo similar y bloqueó varios puertos en el interior del país, donde tuvo mayor resonancia fue en el de San Lorenzo, Santa Fe.
El último conflicto más fuerte que tuvo la dirigencia del SUPA fue en Rosario donde la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR) -empresa de Vicentin y Ultramar SA- intentó despedir a 600 trabajadores y cambiar su régimen laboral.
Intervención judicial en el SUPA
Cabe mencionar que, en noviembre de 2018, la Cámara Comercial porteña ordenó la intervención del sindicato y la cancelación de la personería gremial. Además, dispuso su baja del registro de asociaciones sindicales en el ministerio de Trabajo de la Nación, a partir de la quiebra del SUPA.
Entonces, en ese momento, la justicia comercial dejó en las manos de la cartera laboral la tarea de dar de baja la personería gremial, sin embargo, el ministerio de Trabajo a cargo de Jorge Triaca (en ese entonces) no cumplió la orden judicial. Es decir, no anotó la sentencia de su cancelación en el registro de asociaciones sindicales y tampoco concretó la intervención de la entidad conforme con lo establecido en el marco legal.
Luego de que el SUPA acreditase el levantamiento de la quiebra, la cartera de Trabajo ratificó en los cargos a los dirigentes gremiales que conducían entonces la entidad.
Antecedentes
Anteriormente, el SUPA ya había sido denunciado penalmente por "hechos de violencia" en el depósito fiscal Mercocargas, y también por los bloqueos realizados en el Puerto de Bahía Blanca.
Por otra parte, en 2016 fue presentada una denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 contra Juan Corvalán, secretario general, y Rosana Corvalán, gerenta de la obra social, por defraudación y administración fraudulenta, falsificación de documentos públicos y privados, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.
Según informó Telam, esa denuncia fue presentada de forma previa a que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenara la intervención de la organización sindical, lo que en 2018 no fue cumplido por los funcionarios de la cartera de Trabajo.