Se viven horas de tensión en la empresa láctea Alimentación Refrigerados SA (ARSA). La firma, una de las compañías que estaba dentro del holding Vicentin, busca suspender a parte de sus más de 500 trabajadores al aducir una fuerte caída en las ventas. Ante esta situación, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) expresó su rechazo, se declaró en estado de alerta y avisó que podría haber medidas de acción directa en defensa de los puestos de trabajo.
Sucede que este nuevo episodio vendría a ser “la frutilla del postre” de una relación tensionada desde hace tiempo. Según pudo averiguar Data Gremial, la empresa mantiene con sus trabajadores 800 millones de pesos entre falta de aportes y sueldos mal liquidados.
Crece la tensión
En noviembre del año pasado, ARSA había firmado un acuerdo con ATILRA para saldar las deudas, pero una semana después la empresa se presentó en concurso preventivo, lo que puede leerse como una maniobra fraudulenta para “desentenderse” de las obligaciones.
“Sin duda, tratan de generar un parate para echar gente y es por eso que el gremio está en alerta”, le dijeron a este portal fuentes del sector que siguen muy de cerca el caso.
La empresa se fundó en 2016 y con el tiempo se enfocó en la producción de yogures y postres para marcas de SanCor como Yogs, Shimy y Lechelita, entre otras. Cuenta con más de 550 empleados entre dos plantas ubicadas en Arenaza, partido de Lincoln de la provincia de Buenos Aires, y en Córdoba.
Los propietarios de la empresa tuvieron una reunión con las autoridades de ATILRA para darles a conocer su intención, algo que, obviamente, fue rechazado de plano por el gremio.
El origen de ARSA
Como parte de su reestructuración, Sancor acordó en 2016 la venta a Vicentin Family Group (otra unidad de negocios independiente de la agroexportadora también concursada), a cambio de U$S 100 millones, de las líneas de yogures, flanes y postres que la cooperativa elaboraba en las plantas ubicadas en Monte Cristo y en Arenaza. Esto derivó en el nacimiento de Arsa.
La nueva firma, que ahora maneja la empresa venezonala Maralac, había solicitado su concurso preventivo de acreedores, un trámite que fue convalido por la Justicia el 1° de marzo pasado.
El fundamento para la medida brindado por la firma indicó que era una consecuencia de los problemas financieros que la compañía atravesaba por el contexto macroeconómico.
Ante la Justicia, la empresa declaró tener un pasivo de $ 49.713,7 millones en 339 acreedores, a los que se suman $ 67.354,1 millones eventuales por garantías de deudas de terceros, cuando realizó la compra a Sancor en 2016.
Según la empresa, la situación en los últimos meses ha empeorado significativamente y le echa la culpa a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Milei.