En su fuerte avanzada, que considera una "batalla cultural", el gobierno de Javier Milei está preparando un proyecto de ley que busca eliminar lo que definen como “discriminación positiva”, lo que incluiría la eliminación de los cupos laborales para personas con discapacidad y para personas trans.
En Balcarce 50 sostienen que “no resiste ningún análisis” que el Estado deba hacer excepciones ni otorgar un trato especial a un grupo particular, y afirman que Javier Milei se opone a impulsar una política que “defienda la diversidad de género”.
En este contexto, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, y el equipo liderado por el asesor presidencial Santiago Caputo estarían trabajando en el proyecto y en sus posibles consecuencias. Este proyecto, denominado Igualdad ante la Ley, busca derogar lo que se define como “discriminación positiva”.
“Tengo el deseo manifiesto de destruir la crítica y la disidencia”, prometió este jueves el Presidente, y parece que su equipo trabaja para cumplir sus órdenes.
Qué leyes de inclusión laboral apunta a destruir Milei
La idea del Ejecutivo es avanzar en la derogación del artículo 8 de la Ley 22.431, que refiere al porcentual de 4% que deberá tener el Estado nacional y sus distintos organismos en cuanto a la ocupación laboral de las personas con discapacidad idóneas para el cargo. Ese artículo, a su vez, fue modificado por la Ley 25.689 del año 2003 añadiendo que los ministerios que no tengan la cantidad de empleados relevados los datos de la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumplen con el 4% y los postulantes podrán hacer valer sus derechos de prioridad de ingreso. La idea es “liquidar” toda esa normativa.
La decisión alcanzará también a toda norma que garantice “un trato diferencial ante la ley”, lo que incluye además a Ley Nº 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que se sancionó el 24 de junio de 2021. Esta norma establece un cupo mínimo del 1% de los puestos del Estado Nacional para personas travestis, transexuales y transgénero.
La embestida forma parte de una movida más grande que incluye la intención del Gobierno de dar de baja algunos aspectos de la Ley Micaela (Nº 27499); el DNI no binario, implementado en 2021 a través del Decreto 476/2021; y la Ley de Paridad Electoral en Ámbitos de Representación Política (Nº 27.412), como los puntos más salientes.
Aviso previo
A finales de noviembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la creación de la norma, aunque sin brindar mayores detalles sobre el proyecto.
“La Argentina no admite prerrogativas de sangre, nacimiento ni religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por eso, el Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que permita el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean estrictamente los referidos a la idoneidad de las personas. Fin”, señaló entonces el vocero.