Durante la convocatoria a una conferencia de prensa de este lunes, el secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, denunció el mal desempeño de la Justicia en la causa que tiene a dos dirigentes del gremio detenidos por "extorsión y coacción" a una empresa de San Pedro.
Tras la detención de los dos dirigentes, Hugo Moyano aseguró que "este procedimiento es una clara causa de lawfare" y apuntó a la Justicia de trabajar en connivencia con “intereses políticos” para “perseguir” al gremio. “Todo lo que nos viene pasando, y le pasa a la dirigencia gremial en general y a los trabajadores en particular, es una maniobra judicial", afirmó en la conferencia.
En este sentido, el abogado que representa al sindicato de Camioneros, Javier Moral, detalló la denuncia es por "maniobras judiciales" y “tareas de inteligencia para producir una causa contra el gremio”. En la denuncia está incluida la fiscal y a la jueza, "porque consideramos que tuvieron actitudes que comprometieron el proceso".
En este marco, presentaron capturas de un expediente judicial donde está la transcripción de una comunicación entre el denunciante, Gustavo Javier Ruiz, y una persona que le brinda información confidencial, a quien indican como "agente de inteligencia".
"Estas pruebas fueron presentadas a la fiscal por el mismo denunciante- Gustavo Rey-, pero jamás fueron informadas a la defensa, ni anexadas a los expedientes de la causa, como corresponde a todo proceso", detalló Moral.
En tanto, aclaró que "si no insistían" para conocer detalles de la acusación y tener un encuentro con la jueza, "no hubiéramos visto esta prueba porque no estaba foliada, ni anexada al expediente, algo que resulta sospechoso y determina una falla jurídica grave", aclaró.
"Todo esto consta en un acta que realizamos con la fiscal y la magistrada", agregó.
Luego, Moral apuntó que la fiscal Viviani tenía transcripciones de conversaciones "privadas" entre los imputados y su abogado. "Eso es algo que no puede suceder, ya que esos encuentros tienen el secreto de la confidencialidad", remarcó.
En este marco, Moyano y el abogado coincidieron en que el sindicato pidió la recusación de la fiscal María Viviani y de la jueza de la causa, María Eugenia Maiztegui, en pos de "garantizar la correcta aplicación de las garantías procesales".
Conflicto de Camioneros en San Nicolás
En febrero de 2021, la empresa de alimentos “Rey Distribución” realizó una denuncia contra Maximiliano Cabaleiro y Fernando Espíndola por un supuesto "pedido de coimas". El gremio llevaba una protesta en la fábrica, que el sindicato denunciaban irregularidades en las condiciones de trabajo de los empleados.
El procedimiento judicial dispuesto por la jueza María Eugenia Maiztegui, por pedido de la Fiscalía Nº 7 de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani, tuvo el objetivo de comprobar si hubo una presunta irregularidad en los pagos, situación que habría dado origen a la protesta sindical que impidió el ingreso y salida de camiones.
En este punto, la delegación del Ministerio de Trabajo en San Nicolás acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Hugo Moyano, pero no tuvo respuesta, por lo que dispuso el allanamiento para secuestrar la información correspondiente.
Los abogados de la familia Rey, liderados por Florencia Arietto, afirmaron que este procedimiento judicial es clave para la causa porque si no se logra acreditar la deuda, la acusación de coacción, que tiene una pena máxima de 4 años, pasaría a ser extorsión, con un máximo de 10 años, y así se agravaría la situación judicial de los dos detenidos, Maximiliano Cabaleiro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio, quienes se entregaron a la Justicia el 8 de abril pasado.
Los detenidos están acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra la empresa de San Pedro.
En tanto, los abogados de Distribuidora Rey, de no encontrarse la documentación, afirmaron que pedirán a la Justicia que se profundice la investigación para determinar si existió complicidad de los funcionarios del Ministerio de Trabajo con el Sindicato de Camioneros.