Organizaciones políticas, sindicales y sociales marcharon este mediodía a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. La manifestación fue para rechazar a la ley sancionada por la Legislatura porteña que habilita apelar fallos de la justicia nacional al tribunal superior de CABA. “Esto busca garantizar la impunidad” del expresidente Mauricio Macri y “cristalizar el lawfare”, remarcaron los organizadores.
La marcha se realizó en la sede del tribunal, ubicado en Cerrito 760. Participaron, entre otros, la Asociación Bancaria, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), el Sipreba, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba), y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA).
El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo desde el movimiento obrero y la organización popular marcan “el rechazo y el repudio” porque esta nueva ley “no es un simple traspaso de la justicia”, sino que “es la impunidad de la familia Macri y significa la pérdida de derechos de los trabajadores”.
Palazzo aseguró que Juntos por el Cambio “arremete contra las instituciones”, y se preguntó: “Qué pasaría si en cualquier provincia gobernada por el Frente de Todos quisieran implementar esta ley”.
Al respecto, el secretario general de La Bancaria aseguró que “no va a prosperar el proyecto de reforma laboral porque los trabajadores estamos de pie y no nos vamos a dejar atropellar nuestros derechos”.
En tanto, el secretario adjunto del sindicato docente porteño (UTE), Eduardo López, manifestó: “Se equivoca el Poder Judicial cuando ataca los derechos laborales, pero este Tribunal no va a poder dar vuelta la pirámide de jerarquía constitucional porque hay un pueblo en la calle que va a continuar durante todo octubre en defensa de los derechos laborales”.
Asimismo, el secretario general de Curtidores y diputado nacional, Walter Correa, le pidió a la CGT que “se ponga al frente de la lucha de los compañeros” porque “estamos a 7 diputados de perder la indemnización y las conquistas laborales y los derechos que hemos ganado con años de lucha”.
“No tenemos que permitírselo a la derecha que está a la vuelta de la esquina. Tienen la monarquía judicial, no le demos el voto”, sentenció Correa, quien consideró que la ley votada en la Legislatura porteña “es un negocio más de Larreta y estamos organizados para no permitir esto y no le tenemos miedo”.
El dirigente de la CTA, Pablo Kleiman, sostuvo que “la ley es inconstitucional porque la justicia nacional está reservada para los tribunales provinciales o federales. CABA no es una provincia, entonces no tiene ninguna competencia para revisar porque así lo marca la Constitución”.
“Esto es un intento más de aquellos que se dicen defensores de la república y de la división de poderes y de las instituciones. Se rasgan las vestiduras por eso, pero en la práctica violentan la Constitución”, agregó.
“Es grave porque lo van a usar para beneficiar a Macri. Estamos acostumbrados a la impunidad de los poderosos, pero va a ser muy perjudicial para la clase trabajadora porque van a poder revisar los fallos laborales por eso están presentes varios sindicatos”, añadió.
El viernes pasado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró la norma como “escandalosa” e “inconstitucional”. Por su parte, el ministro de Justicia nacional, Martín Soria, afirmó que la iniciativa “tiene nombre y apellido y se llama Mauricio Macri”. Y consideró que fue pensada “con tal de evitar la quiebra del Grupo Macri por la estafa del Correo” Argentino.