En un contexto de creciente tensión en el ámbito laboral de la provincia de Buenos Aires, una nueva declaración complica a Mónica Parra, inspectora del Ministerio de Trabajo bonaerense, y a Mariano Salomón, subsecretario de Inspección Provincial. La reciente denuncia penal presentada por la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) se ve reforzada por los testimonios de representantes de empresas inspeccionadas.
Declaración del apoderado de GLIGNAC S.R.L.
El apoderado de GLIGNAC S.R.L., una empresa de seguridad privada ubicada en Ramos Mejía, declaró ante el instructor fiscal que Mónica Parra habría afirmado que sus inspecciones se realizaban por “orden de Mariano Salomón”, desde la sede del Ministerio en La Plata.
Según su testimonio, Parra habría indicado que la orden era inspeccionar empresas que no aplicaban el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 779/2020 del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisiones y Permanencias (SUTCAPRA), para obligarlas a adoptarlo, por más que, por la actividad para la cual está inscripta y desempeña, no corresponde su aplicación, si en en cambio, el 507/07 de UPSRA.
El apoderado también relató que sufrió “persecuciones” similares durante los últimos diez años, primero bajo la gestión de otra inspectora, Graciela Palomo, y ahora con Parra. Estas acciones, dijo, generaron un entorno de incertidumbre y abusos laborales en su sector.
Denuncia penal presentada por UPSRA
Alejandro Capalbo, representante de UPSRA CAP, volvió a denunciar penalmente a Parra y a otros funcionarios del Ministerio de Trabajo bonaerense, acusándolos “de delitos como asociación ilícita, fraude a la administración pública y abuso de autoridad” por otra inspección “irregular”. En este caso a la empresa Bull Cap S.R.L.
La denuncia es similar a dos anteriores por procedimientos en la mencionada GLIGNAC S.R.L. y en la firma Pit Bull S.A., de Lomas de Zamora, en las cuales también se habría intentado imponer el CCT 779/2020, ajeno a la actividad de estas empresas y fuera de la jurisdicción de SUTCAPRA.
Tal como reiteró Capalbo, SUTCAPRA carece de personería gremial para intervenir en actividades de seguridad privada, y su convenio colectivo está limitado a trabajadores de control de admisiones en eventos y locales nocturnos en el partido de La Plata bajo un empleador directo, no una empresa de seguridad que tercerice el servicio. Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Trabajo habrían permitido estas inspecciones ilegítimas en connivencia con el sindicato, afectando derechos laborales y el patrimonio de UPSRA.
Consecuencias para los trabajadores y el sector
Las acciones denunciadas han tenido un impacto negativo directo sobre los trabajadores de seguridad privada, quienes estarían siendo encuadrados bajo condiciones laborales inferiores.
Como si no fuera suficiente, Capalbo también reveló que tras las denuncias en los medios y la Justicia, en “represalia”, “más de 50 solicitudes de inspecciones y conciliaciones presentadas por UPSRA han sido bloqueadas en el Ministerio, lo que permite a los empleadores aplicar convenios a la baja”. Además, señaló que los trabajadores de empresas obligadas a aplicar el CCT 779/2020 perciben salarios significativamente menores a los establecidos en el CCT 507/2007 de UPSRA.
Contexto y antecedentes
No es la primera vez que Mónica Parra enfrenta denuncias por presuntas irregularidades. Casos anteriores involucraron inspecciones similares en empresas de seguridad, donde también se intentó imponer convenios colectivos no aplicables. Un fallo judicial de 2019 ya había determinado que SUTCAPRA carece de personería gremial fuera del partido de La Plata y que no puede intervenir en actividades de seguridad privada.
Con esta nueva denuncia y los testimonios aportados, la Justicia deberá determinar si las acciones de Parra y Salomón configuran delitos penales y si otros funcionarios también son responsables. UPSRA exigió la nulidad de todas las actuaciones llevadas a cabo por estos funcionarios y una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.