En un clima de perdida de poder adquisitivo se sumó la ola de despidos de las y los estatales de la administración nacional que ya se contabilizan unos 15.000 trabajadores y trabajadoras de diferentes puntos del país. Javier Milei lo anunció en su campaña y finalmente pasó la motosierra por áreas claves del Estado nacional.
Según el último informe oficial con fecha de septiembre de 2023, Argentina contabiliza unos 3.389.900 trabajadores públicos en todo el país, en detalle, un 20 % pertenecen al Estado Nacional, el 60 % a los provinciales y un 20 % a los municipales.
A nivel nacional, entonces, hay 711.000 trabajadores, que incluye a la Administración Pública Nacional (APN), las Fuerzas Armadas, de Seguridad, el personal de universidades, de empresas públicas, el Poder Legislativo, entre otras. De ese total, 400.000 integran la APN y de esos, solo 203.000 son civiles por lo que el recorte se da en un universo pequeño.
En declaraciones a elDiarioAr, la exsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, aseguró que “no hay manera de que funcionen los ministerios si echan a 70.000 trabajadores porque el grueso de ese total está en la administración centralizada. Solamente podés llegar a ese número cerrando organismos, no hay manera que puedas sacar 70.000 y garantizar el funcionamiento de todo lo que está. Si eso pasa el Estado va a dejar de funcionar tal cual lo conocemos, va a haber un montón de prestaciones que no se van a poder brindar”.
La cifra (15 mil) de los despidos de esta semana fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia matutina. Además, fuentes gremiales coinciden con esos números a pesar de que no pueden confirmar una cifra exacta ya que continúan recibiendo notificaciones de cesanteos.
Detalles de los despidos
Según un relevamiento realizado por ATE -actualizado al 4 de abril-, el organismo con más despidos fue ANSES con 1.200 personas en todo el país, seguido por Agricultura Familiar donde echaron a 900 de 1.080 trabajadores. También la Secretaría de Trabajo en la que desvincularon a 560, Producción a 360 y Educación a 300. Son las cifras más grandes de una larga lista.
Por su parte, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, resaltó que “si se despiden 70.000 personas el Estado prácticamente desaparecería. Ya despidieron una primera tanda de 15.000 y el Estado ya es diferente a como lo conocíamos”.
“Ahora, este país no puede prevenir las grandes catástrofes porque el recorte llegó al Servicio Meteorológico Nacional, hay delegaciones de ANSES que cerraron porque los echaron a todos, ya no vamos a poder atacar los incendios de nuestros bosques porque despidieron a brigadistas de Parques Nacionales y del Plan Nacional del manejo del fuego. No vamos a tener seguridad alimentaria porque atacan también al SENASA. Cada despido es una tragedia para ese trabajador, pero cuando uno analiza la masividad de las cesantías se da cuenta que esa tragedia individual se transformó en una tragedia social, colectiva. Detrás de cada puesto, hay una política pública que se desmantela”, agregó Aguiar.
En la misma línea, Catellani, también investigadora del CONICET señaló: “Evidentemente no hay ningún análisis serio de lo que hay que hacer con el Estado. Sacaron gente de organismos que tienen la dotación excedida, pero también de otros con la dotación para abajo. El CONICET tenía su dotación administrativa por debajo de la dotación óptima y despidieron”.
“Casualmente en la AFIP, que siempre da arriba de la dotación óptima con 4000 personas, no hubo despidos. Si echas a mansalva, sin criterio ni revisión hay funciones, servicios, prestaciones que van a ser difíciles de cumplir”, agregó la ex funcionaria.
Cabe mencionar que las denuncias de los dirigentes gremiales, como el caso del secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, remarcan que despidieron a trabajadores y trabajadoras con más de 20 años de antigüedad, personas con edad muy cercana a jubilarse, cerrando oficinas completas en pequeñas localidades donde es necesario el trabajo en territorio.
Dentro de ese desorden, hay un denominador común que tiene que ver con la territorialidad y el desprecio por el federalismo. Gran parte de los despidos se dieron en el interior del país, en las delegaciones de los organismos centrales. “No hay un criterio de despido, el único criterio es la calculadora. Lo que sí vemos es una decisión clara del gobierno de retirar la presencia del Estado Nacional de las provincias. Cerraron los centros de referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, cerraron 106 unidades territoriales de Agricultura Familiar (despidieron 1000 y 80 solo están en Capital, el resto en las provincias), cerraron las delegaciones de las provincias del ENACOM. Este ajuste se empieza a sentir más en las provincias y en los municipios”, concluyó Aguiar.