La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), liderada por Juan Carlos Schmid, volvió a rechazar que las organizaciones sindicales y sociales que se manifestaron el 27 de diciembre pasado afronten el pago de cualquier monto por los operativos de seguridad que haya armado el gobierno.
“No es legal, no hay marco jurídico, y no se ajusta a derecho. El Ministerio de Seguridad sigue con esta política de intimidar a la sociedad y de criminalizar la protesta social sin ningún fundamento jurídico. Solo buscan titulares en los medios, desconociendo la legalidad de las sanciones económicas que buscan infantilmente imponer”, sostuvo Juan Carlos Schmid.
En ese sentido, el también Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento, afirmó que, esta medida, “lejos de contribuir a la necesaria construcción de diálogo que amerita la actual coyuntura, violenta derechos elementales de raigambre constitucional como lo es el derecho de huelga”.
“Desconocimiento de la institucionalidad y la legalidad de la función sindical”
Cabe recordar que el pasado 10 de enero, la FeMPINRA recibió una carta documento donde se le intimó al sindicalismo que participó de la jornada de lucha del 27 de diciembre de 2023 a pagar 40.419.227,56 pesos en razón del costo operativo.
“Desde ya, desconozco, impugno y niego en tanto no solo conlleva la asunción de facultades e incumbencias ajenas al poder ejecutivo como ser la declaración de legalidad o ilegalidad de una medida o de una acción, sino que además se funda en normas manifiestamente inconstitucionales como ser el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación y las Resoluciones MS Número 943/23 y 949/23”, expresó Schmid.
Así, desde la Federación -que agrupa a más de 20 sindicatos portuarios, marítimos y fluviales- afirmaron que “el envío de estas cartas documentos carecen de todo sustento fáctico y/o jurídico y resultan totalmente persecutorias”, y agregaron que “solo demuestran el desconocimiento de la institucionalidad y la legalidad de la función sindical, criminalizan la protesta y violentan derechos elementales regidos en nuestra Constitución”.