El desguace del Ministerio de Salud nacional avanza de manera sostenida. Luego de cerrar 15 programas y direcciones, y el despido de más de 1.400 contratados de muchas de sus dependencias, las versiones indican que continuarán las medidas de ajuste. A fin de mes, por ejemplo, podrían cerrarse dos direcciones calves para el manejo del sistema sanitaria, como son las que regulan las vacunas que se aplican en el Calendario Oficial y la que coordina la lucha contra el HIV. La Dirección de control de enfermedades inmunoprevenibles (DICEI) tiene entre sus funciones garantizar el calendario de vacunación y controlar la seguridad de las vacunas, mientras la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis es la encargada de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Según sus trabajadores, el 31 de enero de este año vencen sus contratos, y no hay certeza que vayan a renovarse. Según una nota del portal El Destape, el Ministerio de Salud aseguró que "no está previsto eliminar esas dependencias pero sí deslizó que podría no haber renovaciones de contratos, aunque afirman no afectan el funcionamiento de las áreas". Lo mismo se dijo de las dependencias cerradas el último día hábil del 2024, y por el momento no se sabe qué pasará con esas tareas, incorporadas a la estructura ministerial.
Además, desde la cartera sanitaria no pudieron brindar un dato exacto de la cantidad de despidos que habrá a fin de mes, con las no renovaciones de contratos. Sin embargo, el mismo presidente Javier Milei ya salió a festejar las cesantías en distintos organismos dependientes de la cartera recientemente. En tanto, una sociedad científica le pidió al ministro Mario Lugones una entrevista para analizar la situación del sistema de atención luego del brutal achicamiento.
Mesa de diálogo
En medio del ajuste la estructura sanitara, los trabajadores están analizando los pasos a seguir en el conflicto, teniendo en cuenta que hoy lunes 20 las autoridades recibirán en una mesa de diálogo a los sindicatos y se descarta que este tema estará sobre la mesa, al igual que la situación del Hospital Bonaparte y los últimos despidos. Ellos consideran que los puestos de trabajo son la única garantía de seguir garantizando las funciones de ambas direcciones y con ello la salud de la población asistida. Por su parte, el Frente Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis también se declaró en alerta y José Di Bello (De Grupo Efecto Positivo GEP) confirmó que están convocando a una asamblea ante este posible desenlace.
La Dirección de Prevención de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis tiene como objetivo principal formular y promover políticas públicas que tiendan a fortalecer las estrategias de prevención, garanticen el acceso a la atención integral y mejoren la calidad de vida de las personas que transitan infecciones de transmisión sexual, VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana), hepatitis virales y tuberculosis, pero por allí pasó también la motosierra de Milei. Di Bello denunció que hubo ya el año pasado un "desmantelamiento de la política pública de salud y bajo financiamiento" que se tradujo en "faltante de medicamentos para tratamientos de VIH y también para tuberculosis". El frente viene denunciando sistemáticamente que faltan reactivos para diagnósticos y para hacer los análisis que las personas con VIH tienen que hacerse rutinariamente.
Plan de lucha
Ante esto, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “Tenemos que definir medidas de fuerza para que se dejen sin efecto los despidos y evitar de esta manera perjuicios que serán irreparables de forma posterior”. “El gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta decisión del Ministerio de Salud es de extrema gravedad. El Estado debe garantizar la protección del contenido mínimo esencial del derecho de salud. Esta medida que produce 1400 cesantías bajo un supuesto programa de reestructuración afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud”, agregó el dirigente.
El sindicato resaltó el peligro de cierre que conllevan estos despidos, como ocurre, por ejemplo, en el Hospital Bonaparte donde cesantearon a 190 trabajadores, de los cuales 113 son profesionales y 77 administrativos. Esto deriva en el cierre de los servicios de continuidad de guardia, internación, el hospital de día, y queda inoperativo el servicio de odontología pediátrica, afectando el derecho a la salud enmarcado en el art. 42 de la Constitución Nacional y los Derechos del Paciente amparados en la Ley 26.529.
En este marco, Aguiar continuó: “El Gobierno busca arrasar con derechos fundamentales garantizados sobre todo para grupos sociales de extrema vulnerabilidad. Se está atacando el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y hasta el derecho a la vida pretendiendo cerrar los servicios de prevención al suicidio. Además de un derecho esencial como es el que tienen los pacientes de contar con información de los servicios y las condiciones en las que se desarrollan sus tratamientos”.