La conducción nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el poderoso gremio de peones rurales, presentó hoy una denuncia penal contra uno de sus dirigentes. Lo acusan de haber montado negociados multimillonarios para beneficiar a empresarios cercanos.
El dirigente, que ahora será investigado en sede judicial, es el suspendido tesorero de la UATRE Juan Carlos Castro. Según la acusación de sus pares del Secretariado Nacional, Castro firmó acuerdos con dos empresas que le resultan cercanas: Sol Naciente Seguros y New Port Investment. En ambos habría un fuerte perjuicio para el patrimonio de la organización.
"New Port Investment SA y Sol Naciente Seguros SA, con intervención mediante de Juan Carlos Castro, han contratado con la UATRE en distintos períodos de tiempo. La primera celebrando un Mutuo de Préstamo millonario, y a la segunda ofreciendo el servicio de seguro de sepelio para sus afiliados", detalla la denuncia. También pide que se investigue a los responsables de Sol Naciente.
"Como secretario general de la UATRE tengo la obligación de representar a todos los afiliados del país, y fueron los compañeros de todas las provincias que me pidieron que ponga un corte a estos desmanejos y a esta forma de moverse dentro de la institución, por lo cual voy a hacer lo necesario para defender a los trabajadores y trabajadoras rurales de todo el país”, sostuvo José Voytenco, titular de la UATRE.
"No queremos más el sindicalismo de Castro, que no tiene contacto ni apoyo de las bases. Se acabaron las cosas ocultas en el gremio. Ahora sí están representados los trabajadores", agregó Gerónimo Pérez, referente de los peones rurales cordobeses.
Datos de la denuncia
Numerosas y millonarias irregularidades
Además de la transferencia de recursos, la sospecha adicional de la conducción del gremio de peones rurales es que esas empresas patrocinan financiera, política y judicialmente una interna en la organización.
De hecho la acusan de actuar en coordinación con el Secretario de Trabajo de la Nación, Marcelo Bellotti, para promover la resistencia a las sanciones del propio Castro y de Jorge Dávalos.
A Bellotti, concretamente, lo acusan de haber demorado la resolución de un conflicto y de fallar en contra de la jurisprudencia que él mismo venía fijando en casos similares. Por ello colocan como parte de la asociación ilícita, en la que también tendría participación Eduardo Álvarez, ex fiscal general del Trabajo y ahora asesor del Ministerio de Trabajo.
Por último, desde la conducción del gremio trascendió que, en base a la auditoría que está llevando adelante la institución, se ha detectado que el gremio tiene completamente pagada la construcción de un edificio que recién se está comenzando a construir, entre otras irregularidades.