Esta semana, el INDEC dio a conocer la tasa de inflación para enero de este año, un índice que dio un 2,2 por ciento, el más bajo desde mediados de 2020.como era de esperarse, el gobierno nacional salió a festejar el número, que apuntala su relato sobre el modelo libertario. Pero un grupo de gremios cuestionó la cifra, algo que se viene dando en los últimos tiempos respecto de las estadísticas oficiales. “El bolsillo canta claro”, dijeron esta treintena de entidades que mediante un documento público cristalizaron el descontento por la forma en que se mide el IPC.
Bajo el título “Los datos de inflación no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos”, gremios de distintas centrales obreras pusieron de manifiesto la desconfianza que genera el índice oficial de inflación. “Para la mayoría de la población ese porcentaje no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontamos todos los meses con nuestros ingresos”, expresó el texto, que lleva la firma varias entidades que en su momento formaron la Mesa Sindical “El salario no es ganancia”, y que ahora se unen contra la forma de medir del INDEC, que aseguran se basa en “una metodología de cálculo desactualizada”.
Para este grupo, hay que actualizar la forma de medir la inflación. “Periódicamente la Encuesta Nacional de Gastos de los hogares (ENGho) revela las variaciones del consumo y su impacto en el cálculo de la inflación. Hace muchos años que no se realiza una modificación integral y eso genera diferencias cada vez más agudas”, explicaron. Según sus argumentos, “la mayoría de los especialistas coinciden en que existió un desfasaje cercano al 15 por ciento (en contra de los salarios) entre los datos oficiales y la inflación sufrida en 2024. Y tiene lógica”.
Formas de medir el IPC
Desde hace un tiempo se está hablando de datos que no reflejan el impacto de la inflación en el poder de compra de los salarios. “¿Es lo mismo medir el peso de los servicios públicos con subsidios que sin ellos? ¿O el impacto de los alquileres con aumentos anuales pautados que con incrementos libres cada tres meses?”, se preguntaron los gremios. En ese sentido, agregaron, “solo un ejemplo: es innegable que la desigualdad en la relación entre propietarios/as e inquilinos/as nunca estuvo tan dramáticamente expuesta”.
“Este método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50 por ciento en los últimos años, solo mitigado por las negociaciones paritarias y conflictos salariales”, insistieron. La mayoría de los trabajadores “cada vez están más lejos del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aprobado en la Ley de Contrato de Trabajo y en la Constitucional Nacional, que es la remuneración menor que debe recibir un trabajador/a para asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”. Para cubrir esos gastos a finales de 2024 “un trabajador debía percibir un ingreso bruto mínimo de 1.900.000 pesos mensuales”.
Datos concretos
El documento fue firmado por unas 30 entidades, entre ellas APJ-Gas, trabajadores Aceiteros y Desmotadores, APSEE, bancarios, ATE, judiciales de la FJA, APJBO, ASIJEMIN, Químicos de San Lorenzo, SOERM , AGTSyP, ASSRA, APSAI, SUTEPA, APJ Televisión Pública, SIPREBA, FESPROSA, CICOP, AMM (Asociación Médicos Municipales), AMAP (Médicos Privados), Federación Profesionales del GCABA, entre muchos otros. “Hasta ahora era un comentario que fue elevando su volumen en pueblos y ciudades. Hoy podemos demostrar que ese desfasaje es real y tiene una explicación clara”, recalcaron.
Según confirmaron, “tenemos los datos, las causas que explican las diferencias entre la realidad y el dibujo oficial, y el veredicto de la mayoría de la población que comprueba mes a mes que no son ciertos los números que se comunican oficialmente”. “El futuro ya llegó. El bolsillo canta claro. Necesitamos unirnos para reparar esta injusticia”, concluyeron.