La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó de manera urgente se adelante la paritaria para abril ante la grave situación económica que atraviesa el país. Lo hizo a través de dos notas enviadas a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad, Raquel Kismer, y a la secretaría de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.
“La inflación destruye el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Lejos de las proyecciones favorables realizadas por el Gobierno, la inflación creció y muy por encima de las metas técnicas y políticas fijadas –que rondaban el 3% mensual–, acumulando un 13,1% en lo que va del año en curso, según lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el primer trimestre lamentablemente la inflación rondará una tasa acumulada del 20%. Esta dinámica ascendente también es corroborada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que conduce el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”, indicaron desde el sindicato a través del manuscrito.
En la nota, también hicieron referencia a la influencia de los grupos económicos que “presionan fuerte a la suba de los precios de bienes y servicios de primera necesidad, es decir en rubros como alimentos y bebidas, telecomunicaciones –fundamentalmente telefonía móvil e Internet–, salud, transporte, combustibles, vivienda, electricidad y agua”.
Además resaltaron que el Gobierno no está cumpliendo con las metas y objetivos del Plan Integral de Regularización del Empleo Público: “Es necesario concretar los más de 30.000 pases a planta permanente comprometidos antes de que concluya el año en curso”.
En este sentido, el sindicato solicitó al Gobierno que además de rever la pauta salarial es necesario:
- Actualizar los valores asignados a los grados en los convenios colectivos de trabajo sectoriales más postergados como el SINEP, Personal Civil de las FF.AA., de Seguridad e IOSFA, y Profesionales de la Salud - CCTS 1133/09.
- Dar por cumplido el período de prueba de 12 meses para la adquisición plena de la estabilidad para quienes regularizan empleo con cinco años o más de experiencia laboral en la Administración Pública Nacional en el marco del Plan Integral de Regularización del Empleo Público.