El taxi cordobés en peligro de extinción: flexibilización laboral disfrazada de modernidad

Mientras el avance de las apps extranjeras de transporte en Córdoba genera la devolución masiva de licencias de taxi y la pérdida de empleos formales, el Sindicato de Peones de Taxi denuncia una competencia desleal amparada por sectores políticos y judiciales. En esta columna, se advierte sobre el riesgo de un colapso del sistema de transporte público y se reclama una respuesta firme del Estado municipal.

Por estos días, sectores políticos y empresariales extranjeros promueven con fuerza la flexibilización y autoexplotación laboral en la Ciudad de Córdoba, bajo la mal llamada “legalización de las apps extranjeras de transporte de personas”.

Con políticas libertarias similares a las del presidente Javier Milei, se busca llevar al sistema de taxis hacia una suerte de esclavitud laboral moderna o, directamente, a su desaparición definitiva.

A raíz del avance de estas plataformas en Córdoba Capital, cientos de propietarios están devolviendo sus licencias de taxi al municipio. Esto deriva en la pérdida de empleos legales para los peones de taxi, generada por una competencia desleal sin control ni intervención estatal.

Quienes trabajan en el taxi no tienen salario fijo: cobran un porcentaje de la recaudación diaria. En la mayoría de los casos, deben realizar jornadas de hasta doce horas para conseguir ingresos que, aun así, resultan insuficientes para sostener a una familia.

¿Qué hay detrás de las tarifas "más baratas"?

Algunos comentaristas afirman que los taxis también usan estas apps. Son opiniones sesgadas que desconocen la realidad económica del sector. Hoy en Córdoba, los taxis están literalmente fundiéndose. Utilizar esas plataformas implica, en la práctica, ganar apenas un tercio de lo que se cobraría con la tarifa municipal por el mismo viaje. ¿Quién aceptaría ganar un tercio de su ingreso habitual?

El taxi y las apps extranjeras son, en esencia, incompatibles: como el agua y el aceite.

Fallo judicial y pedido de apelación

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió un fallo que otorga una autorización provisoria a Uber, hasta tanto se resuelva el fondo de la causa judicial. Esta autorización está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos, tanto por parte de la empresa como de los conductores.

Desde el Sindicato de Peones de Taxi solicitamos públicamente al intendente Daniel Passerini que apele esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia. Los motivos sobran.

¿A quién benefician estas plataformas?

Estas apps extranjeras fugan capitales al exterior, no reinvierten en el país y enfrentan denuncias por evasión tributaria, explotación laboral y uso indebido de datos personales. Además, presentan serias falencias en cobertura ante siniestros, antecedentes penales de sus choferes y estado mecánico de las unidades.

Legalizadas o no, estas plataformas tienen la capacidad de romper el sistema público de transporte automotor en Córdoba.

Alternativas reales y justas

¿Para qué inyectar más vehículos de transporte en Córdoba? Si realmente fuera necesario aumentar la oferta, ¿no habría sido más justo realizar un nuevo sorteo de licencias de taxi y remis, asignando un cupo a choferes explotados por estas apps?

Históricamente, las ordenanzas que regulan el taxi en el país —incluida Córdoba— exigen una relación directa entre la cantidad de taxis y el número de habitantes, para garantizar un sistema equilibrado.

En el caso del taxi, la tarifa es fijada por el municipio. En las apps, las tarifas las determina la propia empresa. Esa diferencia explica por qué sus precios resultan más bajos: es una competencia desleal. Y como siempre se dice, lo barato, sale caro.

Desinterés político y abandono

Resulta lamentable el desinterés de muchos concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, frente a la crisis que atraviesan miles de familias del sector. Familias a las que, en época electoral, sí se les pide el voto.

¿Todos los bloques del Concejo Deliberante impulsan esta política libertaria?
¿Quedan concejales peronistas o radicales dispuestos a luchar por la justicia social también para las trabajadoras y trabajadores del taxi?

La posición del peronismo cordobés dista mucho de su propia doctrina. Ni el intendente ni su bloque parecen dispuestos a defender a quienes, con su trabajo e impuestos, también sostienen los salarios de todos los concejales.

¿A quiénes representan?

¿Queremos representantes que defiendan los intereses nacionales o los de empresas extranjeras?

¿Debe el Concejo Deliberante proteger el taxi o a Uber?

De continuar por este camino, ¿qué sigue?

¿Legalizar colectivos particulares para fundir el transporte urbano?

¿Legalizar manteros para fundir a los comerciantes que pagan alquileres, impuestos y servicios?

La lucha sigue

Pase lo que pase, desde el Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba seguimos adelante con nuestro plan de lucha, que tiene tres frentes: legislativo, gremial y judicial. Daremos la pelea en todos ellos, siempre dentro del marco de la ley, en defensa de nuestra actividad y de cada puesto de trabajo.

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