La crítica situación laboral que enfrentan las personas con discapacidad es, en primer lugar, producto de la falta de políticas de Estado que realmente promuevan la inclusión, no solo de manera discursiva, sino a través de acciones concretas. Asimismo, este problema se ve profundizado por el sistemático incumplimiento de las leyes de cupo laboral para personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad constituyen el sector más vulnerable de la población argentina. En pleno siglo XXI, siguen siendo quienes enfrentan más obstáculos y discriminaciones a la hora de acceder al empleo.
Miles de argentinas y argentinos con discapacidad desean trabajar, pero se les impide hacerlo, principalmente por la falta de compromiso del propio Estado. Esto no solo vulnera normativas internacionales específicas sobre la materia, sino que también infringe derechos garantizados por la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales, las leyes de cupo laboral vigentes y fallos judiciales en los que se ha ordenado al Estado y sus dependencias cumplir estrictamente con los cupos laborales para personas con discapacidad.
A nivel internacional, cabe destacar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde el punto de vista constitucional, debemos mencionar, por ejemplo, los artículos 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, así como los artículos 27 y 54 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
En cuanto a la legislación nacional, es relevante señalar la plena vigencia de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, que establece el Sistema de Protección General de los Discapacitados.
En la provincia de Córdoba, existe la ley provincial 5.624, que regula el Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para las Personas con Discapacidad, junto con sus modificaciones.
Tanto a nivel nacional como en la provincia de Córdoba, existe la obligación de cumplir con estos marcos legales, lo que implica garantizar el acceso de las personas con discapacidad al empleo en el Estado y sus diversas dependencias.
Quienes tienen diferentes tipos de discapacidad, y quienes en nuestros núcleos familiares contamos con algún miembro en esta situación, queremos expresar a la clase política gobernante y a los diversos sectores de la oposición que las personas con discapacidad no solo tienen el derecho, sino también la necesidad de reinsertarse social y laboralmente.
Las personas con discapacidad en edad laboral no desean depender de la asistencia estatal. Quieren ganarse la vida con el sudor de su frente.
¿Qué están haciendo, señores gobernantes, por las personas con discapacidad en lo laboral?
¿Cuántas personas con discapacidad han ingresado a trabajar en el Estado Nacional y en el Estado provincial (y sus diversas reparticiones) en los últimos 10 años?
¿Existe algún censo actualizado, realizado por el propio Estado Nacional y Provincial, sobre el número total de agentes empleados y el número total de personas que ingresaron a través del cupo laboral para personas con discapacidad?
Si el Estado (o sus dependencias) decide incorporar personal, debe garantizar que se cumpla con el cupo laboral para personas con discapacidad, conforme a las leyes que así lo disponen.
¿Han tomado las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia de Córdoba acciones concretas para asegurar que ambas entidades y sus dependencias cumplan con las leyes de cupo laboral para personas con discapacidad?
Es obligación de los Estados Nacional y Provincial asegurar el acceso a los cupos laborales para las personas con discapacidad que se postulen para cubrir cargos en sus organismos.
Asimismo, es responsabilidad de todos los sectores de la oposición velar por el cumplimiento de estos cupos laborales.
Las organizaciones sindicales estatales (con la CGT a la cabeza) tienen la obligación de garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a puestos de trabajo mediante los cupos establecidos por la ley.