Las imágenes de la caída y posterior explosión de un avión privado en la localidad bonaerense de San Fernando parecían sacadas de cine catástrofe. El impacto en las casas del lugar, el fuego y la desesperación de los vecinos dieron lugar a una tarde de terror, que terminó con la muerte del piloto y el copiloto. Una vez apagadas las llamas, comenzaron las investigaciones, y las primeras versiones apuntaron a posibles fallas en la respuesta de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Más allá de la causa abierta, hay dudas sobre los cambios realizados por las nuevas autoridades, que asumieron en noviembre pasado, producto del ajuste nacional. El plan motosierra afecta la respuesta estatal en todas las áreas, pero en algunas las consecuencias son muy graves. Hacer unos días, trabajadores de Vialidad Nacional presentaron un informe por el estado de las rutas argentinas, y alertaron sobre las muertes y gastos que traerá esta realidad.
El ajuste festejado por el gobierno nacional empieza a tener consecuencias concretas en el día a día, como podría ser el caso del accidente aérea de esta semana. Los problemas también se dan en sectores donde el Estado limitó o cerró planes y programad de atención, como los derechos sexuales y reproductivos, según alerta un informe de la oficina argentina de Amnistía Internacional.
Los efectos concretos de la motosierra libertaria pueden verse en varios aspectos de la vida cotidiana. El achicamiento el estado genera que muchas áreas pierdan capacidad de control, por ejemplo, o se queden sin recursos para cumplir sus principales misiones. esto puede ser peligroso en caso como la actividad aerocomercial.
En el accidente de San Fernando, donde un avión privado cayó afectando a varias casas por la explosión, la justicia investiga el accionar de la ANAC. En concreto, las versiones periodísticas hablan de una demora en la llegada de los bomberos que deben actuar, que según la reglamentación no pueden tardar más de tres minutos en estar en el lugar delos hechos, algo que no habría ocurrido. Además, se especula que la espuma que se usó para apagar el fuego no tenía la densidad necesaria para tener efecto.
Todo esto está bajo investigación. “Ante la lamentable situación de un accidente aéreo pido prudencia y paciencia para que los organismos públicos correspondientes realicen las investigaciones y análisis que correspondan”, dijo al respecto Marcelo Belelli, titular de ATE en la ANAC. En sus redes sociales insistió “en la necesidad de aguardar las investigaciones de la Junta de Seguridad en el Transporte para determinar las condiciones para el accidente aéreo en San Fernando. La intervención de ANAC está realizando cambios en la prestación de servicios, los cuales son necesarios”.
A comienzos de noviembre el gobierno dispuso que Federico Suleta sea el titular de la ANAC, y comenzó una serie de cambios en el funcionamiento. “La postura como profesión del sector y como dirigente sindical es aguardar hasta que las investigaciones avancen sobre el lamentable accidente en San Fernando”, sostuvo Belelli, en diálogo con Data Gremial.
El dirigente aclaró que en primer lugar “el servicio de extinción de incendios no es prestado por la ANAC, si bien la administración tiene responsabilidad, la prestación en caso puntual es por parte de Bomberos de Policía Federal”. Además, destacó que “alto nivel y profesionalismo que tiene los bomberos aeronáuticos de nuestro país, que día a día garantizan la seguridad aérea poniendo el cuerpo”. Respecto a los cambios, apoyados por ATE, Belelli insistió que “son realmente prudentes y necesarios”.
Por eso, pidió “un plan de inversión y desarrollo que garantice los servicios en los aeropuertos, para que tengan las condiciones necesarias para poder funcionar, y en este caso el rol del Estado se pongo en valor, porque tienen los recursos y la capacidad para poder afrontar ese desarrollo”.
Efectos concretos
El plan de ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei dejó a varias dependencias estatales sin recursos para cumplir su misión. Desde que comenzó la gestión, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) vienen denunciando el problema que genera que no haya materiales o mano de obra para el sostenimiento de rutas, o cómo impacta la paralización de la obra pública.
Hace un tiempo realizaron un informe que dio como resultados que el 60 por ciento de los caminos nacionales está en regular o mal estado, es decir, puede causar accidentes. Así lo denunció el gremio en una reciente presentación en el Congreso, donde dijo que durante 2024 “hubo una sub-ejecución del presupuesto del 40 por ciento”.
En sectores como salud, la motosierra deja otras consecuencias igual de peligrosas. De la mano de la desregulación de la seguridad social, muchas personas se “cayeron” de las prepagas o las obras sociales –muchos empleados despedidos dejan de tener cobertura –por lo cual recurren al sistema público, que está desbordado por la presencia de pacientes sin atención.
A esto se le suma el aumento de precios de los medicamentos, que hace que las consultas a los hospitales provinciales y nacionales sean en busca de ese tratamiento que antes conseguían en sus farmacias. “Las guardias está llena de personas que antes tenían atención y ahora la perdieron, pidiendo por estudios o sus remedios”, le dijeron a Data Gremial desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), que aseguran que esta realidad se profundizará por la reciente limitación en la cobertura a los afiliados del PAMI, que no tendrán más acceso a los tratamientos gratuitos como hasta ahora.
“La medida fue llevada a cabo a través de un artilugio discursivo planteando una cantidad de requerimientos sobre salarios, recibos de sueldo y agregando trámites burocráticos que impactan directamente en una población vulnerable y con dificultades en el manejo informático, como son los jubilados y jubilada”, expresó en un documento la FESPROSA y una serie de organizaciones sanitarias, que enviaron a la comisión de Salud de la cámara de Diputados, para que se entregue al ministro de Salud Mario Lugones.
Además de la eliminación de este beneficio, criticaron "la liberalización de los precios de los medicamentos, la parálisis de la DADSE (que produjo el fallecimiento de 60 pacientes) y los recortes en el presupuesto actual y el proyectado para el año que viene complementan el abanico de políticas que el gobierno nacional se ha dado en torno a la Salud de la población". La redacción y el envío de este comunicado fue decidido en el Cabildo Abierto por la Salud que se reunió en el hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada.
Derechos perdidos
Otro factor del paso dela motosierra libertaria por las oficinas estatales es que muchas dependencias no pueden prestar servicios que antes daban, dejando sin el cumplimiento de los derechos a las personas. En un reciente documento donde analiza el primer año de gobierno de La Libertad Avanza, la oficina argentina de Amnistía Internacional describe “derechos perdidos o amenazados” en estos 12 meses. “A lo largo de este año, las políticas de ajuste económico y reformas promovidas por el Gobierno han impactado negativamente en la vida de millones de personas, especialmente las más vulnerables, exacerbando las desigualdades y restringiendo libertades fundamentales.”, señala la introducción del trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial.
El trabajo se suma a los ya publicados de la Red Federal por la Democracia y los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, que también advierten sobre la gravedad de la situación. “Lo precedente son apenas algunas muestras del clima de polarización y violencia que ha generado la gestión de gobierno en estos 12 meses. El llamado es claro: Es imperativo proteger y promover los derechos de todas las personas en Argentina”, dicen las conclusiones.
Uno de los temas fundamentales tratados allí es el de los derechos de las mujeres y diversidad: “Se reporta un retroceso en políticas de igualdad de género, derechos reproductivos y la protección contra la violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+”. Esto se potencia por el cierre del Ministerio de la Mujer, y del desmantelamiento de los programas contra la violencia de género y sexual.
“Las personas LGBTI+ han logrado grandes avances en materia de reconocimiento de derechos, fruto de la lucha colectiva del movimiento de la diversidad en la Argentina. Sin embargo, pese a que el país cuenta con leyes de avanzada, la discriminación sistémica y la expulsión del acceso a la vivienda, a la educación, a la salud o al trabajo que la población LGTBI+ debe enfrentar tiene un impacto profundo en sus condiciones de vida”, recalcaron. Producto de la misma “batalla cultural”, como la llama el oficialismo, en los últimos tiempos “se han exacerbado los discursos discriminatorios que patologizan y deshumanizan a las personas LGBTIQ+, incitando a la violencia y crímenes de odio”.