Pese al anuncio de algunos acuerdos, la crisis generada por las protestas de los estatales de Misiones sigue abierta. Ayer miércoles, sectores del personal de salud, docentes y personal policial volvieron a marchar en la capital Posadas, para reclamar aumento salarial para todos los trabajadores de la administración pública. La rebelión iniciada hace una semana por policías retirados se extendió rápidamente a otras áreas del Estado, y obligó al gobierno de Hugo Passalacqua a dar distintos aumentos, que no terminaron de desactivar el enojo generalizado.
De fondo muchos ven la primera deriva del brutal ajuste del gobierno nacional, que dejó de transferir millones de pesos a las distintas provincias, para lograr su festejado equilibrio fiscal. Pero el “plan motosierra” tiene fuerte consecuencias en los territorios, y hay temor que el misionero solo sea el primero de muchos casos similares. Los gremios estatales miran con detenimiento esta posibilidad, y si bien aseguran que se trata “de una preocupación de los gobiernos y no de los trabajadores”, vinculan el ahogo económico a una cuestión política: la aprobación de la Ley Bases. Por eso alertan de la “extorsión” que podrían recibir otras provincias como sucede con Misiones.
Los estatales de todo el país siguen de cerca la evolución del conflicto misionero, y remarcaron que la realidad de los empleados públicos en todo el país es muy “compleja”, por los bajos salarios y la crisis económica. Para Matías Fachal, titular de la Federación Judicial Argentina (FJA) y referente del Frente de Gremios Estatales consideró que “claramente no somos los trabajadores o los sindicatos los que tenemos que temer porque se contagien los conflictos como el de Misiones, eso debe ser una preocupación de los gobiernos provinciales y el nacional. Nuestro temor es que el salario no alcanza y las paritarias están congeladas”.
En diálogo con Data Gremial, afirmó que en la actualidad “el proceso inflacionario continúa, se puede haber desacelerado, pero en estos seis meses nuestros salarios se han visto pulverizados, licuados, al igual que otros ingresos como las jubilaciones o los sueldos informales. Está claro que la plata no alcanza”. Desde la semana pasada, el frente que forman diversas entidades de todo el país llamó a una jornada de lucha para hoy jueves 23, donde reclamaran mejoras salariales y rechazarán el desguace del estado nacional, y el ajuste que se vuelca en las provincias.
En este punto, Fachal vinculó este ajuste a “un plan de extorción a las provincias, donde no envían los fondos a cambio de los votos de la Ley Bases”. Esta estrategia pudo verse en el sector universitario, donde hubo un acuerdo con la UBA, en busca de los votos radicales. “Si los gobernadores promueven que sus senadores voten la Ley Bases la situación económica no va a mejorar, todo lo contrario, nos van a quitar más derechos, habrá más despidos y cierres de empresas, precios liberados, además de profundizar el saqueo de los recursos naturales”, advirtió el dirigente judicial y referente del Frente de Gremios Estatales. Los datos de esta maniobra están a la vista: Las transferencias no automáticas del Estado nacional a los gobiernos provinciales y municipales cayeron 89,5 por ciento en los primeros cuatro meses del año, al totalizar los 108.997 millones de pesos.
Efecto contagio
Entre los gobernadores, el temor actual es que el deterioro de las cuentas y el malestar termine desatando crisis similares a la misionera. Por ahora, los reclamos existen, pero no alcanzan la magnitud de lo que sucede en el litoral. “Los conflictos se están sucediendo en las provincias, en el sector judicial hay problemas en Mendoza, Río Negro, San Luis, San juan, La Pampa, y Santa Cruz, y eso va a ir creciendo porque los sueldos estatales están bastante por debajo de la línea de la pobreza, o de la indigencia incluso”, graficó Fachal. Para el dirigente, “está claro que los conflictos van a crecer, y los gremios debemos canalizarlos para intentar resolverlos y que haya una solución. Pero se verán desbordado en la medida que no aparezcan las respuestas y se vayan generalizando”.
En tanto, en el sector salud también hay malestar por las condiciones salariales y laborales en general, y vienen alertando sobre el impacto del ajuste en los sistemas sanitarios. Luego de apoyar la lucha de los trabajadores de Misiones, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) reclamó “un aumento de los presupuestos sanitarios, tanto a nivel nacional como provincial, y la continuidad de los programas nacionales de apoyo a los pacientes vulnerables”. En las provincias, agregaron, “los acuerdos salariales para los trabajadores de la salud, con o sin negociación colectiva, han sido todos a la baja”.
La entidad médica será parte de la jornada de hoy de protesta frente al Congreso, junto al resto de los estatales, llevando además sus consignas sectoriales. “Los trabajadores de la salud han perdido más del 20 por ciento de su salario en los últimos seis meses. Además, el DNU 70 prohíbe las asambleas hospitalarias y elimina, de manera inconstitucional, el derecho de huelga del medio millón de trabajadores de la salud pública”, afirmó la FESPROSA mediante un comunicado. Además de sumarse al acto central de la jornada de lucha, los sindicatos de La Rioja, Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego, Neuquén y San Luis llamaron a concentrar y movilizarse en sus respectivas provincias.
Expectativa
En cuanto a la idea de un “efecto dominó”, los estatales son cautos, ya que las condicione de cada provincia son distintas, y por ahora los gobiernos intentan dar respuesta a los reclamos. Aunque se dificulte, como sucede en la provincia de Buenos Aires, donde la gestión blanqueó el recorte de casi un billón de pesos realizado por el gobierno libertario. “No me animaría a decir que este fenómeno se puede extender al resto de las provincias, si hay un ahogo financiero y administrativo con respecto a la coparticipación y el uso de los recursos por parte del gobierno nacional sobre las provincias, como se vio con la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros recursos”, le dijo a Data Gremial el titular de la CTA Autónoma de Capital federal Pablo Spataro.
En este punto, los datos oficiales marcan que FONID y las contribuciones a la Seguridad Social que hace el ANSES variaron de abril respecto al año pasado un 100 por ciento, es decir, se trata del recorte más importante que el gobierno les hizo a las provincias en ese aspecto, ya que implicaban casi la mitad de las transferencias corrientes. Esto se estima profundizará las dificultades presupuestarias en las gestiones provinciales. “Esto ahoga a las provincias, y genera conflictividad en el marco de una economía donde siguen creciendo los precios y los salarios pierden capacidad de compra. Hay que seguir viendo que es lo que pasa”, subrayó Spataro.
Por ahora, el gobierno se desliga de cualquier responsabilidad. Al ser consultado en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró que el reclamo gremial en Misiones es un “tema provincial”, aunque reconoció que hay preocupación por las consecuencias que pudiera llegar a haber a raíz de la merma del servicio de seguridad. “El resto, entendemos que las autoridades allí van a encauzar el conflicto y van a resolverlo”, agregó. Algo similar dijo el presidente Milei en una escueta declaración antes de su show en el Luna Park. Para los gremios, la situación es distinta. “El Pueblo debe ver que estas situaciones son parte de la política del gobierno nacional, no se puede someter a estas extorciones los gobernadores a cambio de los votos, y condenarnos a todos y las futuras generaciones a este saqueo planificado con la Ley Bases”, concluyó Fachal, de la FAJ.