Esta semana, el gremio ATE realizó su primer paro contra el gobierno de Alberto Fernández, en el marco de la jornada de lucha planteada por la CTA Autónoma. Con reclamos de “mejoras urgentes” para los asalariados, los estatales volvieron a mostrarse críticos a la política nacional, pese a ser parte del Frente de Todos.
Esta actitud de movilizarse pero mantenerse dentro del oficialismo le está costando a la dirigencia del sindicato, ya que crece el malestar interno por la falta de soluciones, en especial en materia salarial. En estos días, juntas internas se movilizaron para pedir un aumento de emergencia, entre otras medidas pensadas para salir de la “crisis de ingresos”.
En tanto, los abogados del estado, que son parte del colectivo, hicieron circular un informe donde marcan su preocupación por los bajos sueldos.
El malestar interno en ATE quedó de manifiesto este viernes, cuando varios sectores realizaron una radio abierta en la puerta del INDEC. En la previa que se conociera el índice de inflación de marzo, la Junta Interna de ATE del organismo junto a otros espacios del gremio estatales se manifestaron para reclamar la reapertura de las paritarias del Estado nacional, que en enero pasado tuvieron un ajuste y cerraron con un incremento del 97 por ciento anual.
El espacio reclama para el cierre de la pauta salarial 2022-2023 “un aumento de emergencia del 50 por ciento y suma fija de 60 mil pesos para todos los trabajadores sin distinción de modalidad contractual”.
Además, le exigieron a las autoridades y la conducción del gremio para la paritaria de este año incrementos con “un piso igual a la canasta de ingresos mínimos”, que los propios trabajadores de la entidad calcularon en 273.146 pesos. Además, piden “cláusula gatillo y bono de 30 mil pesos mensuales”.
“La intención es visibilizar los reclamos del organismo, y de otras entidades del Estado, que venimos reclamando por el atraso salarial”, le dijo a Data Gremial un dirigente que es parte de este grupo de juntas internas, que se denomina “espacio inter juntas”.
Además de las cuestiones salariales, “se le pide al gobierno que cumpla con el pase a planta permanente de los contratados, una promesa que hasta ahora no termina de cumplirse”. En este sentido, pidieron “basta de monotributistas en el Estado nacional”.
En este sentido, en este espacio recordaron que en campaña el presidente Alberto Fernández prometió dos cuestiones puntuales respecto de los estatales: recuperar lo perdido en materia de salarios y reincorporación de os 35 mil despedidos durante el macrismo. “Ninguna de las dos cosas se cumplieron de forma completa”, dijo el mismo dirigente.
Espacio rebelde
El malestar dentro de ATE viene creciendo desde hace un tiempo, y comenzó a corporizarse en el espacio “inter juntas”, que reúne a delegados de agrupaciones que no están del todo alineados con la conducción nacional de ATE.
Este grupo es integrado por las Juntas Internas de la ATE INDEC, el Ministerio de Economía, INCAA, el Ministerio de Trabajo, SENASA, INTA, INTI, SAFCI, CONICET y Hospital Garrahan y los delegados gremiales de los sectores del Ministerio de Cultura, CNEA, IOSFA San José, VRN Educación, ENACOM, Automotores e Inspección General de Justicia (IGJ).
En el 2022 realizaron varios actos independientes, y a partir de los informes anuales de la Junta Interna del INDEC piden una paritaria “más agresiva”.
En el último informe, se resaltó que “desde diciembre del 2015 a febrero del 2023 un trabajador del SINEP perdió un 34 por ciento de poder adquisitivo”. según los cálculos de la Junta Interna que se hacen en base a datos oficiales, “ningún salario de una familia tipo debería estar por debajo de los 273.146 pesos mensuales”. Este valor se compone de 94.664 pesos necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de 178.482 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos.
Situación de los abogados
La disconformidad sobre el acuerdo salarial firmado por ATE y UPCN no sólo es interno, sino que aparece en sectores que buscan independizarse de la paritaria nacional del Estado, como pasa con los abogados. Allí, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) viene trabajando para lograr un convenio propio, que permita discutir condiciones de trabajo y salarios de acuerdo a sus necesidades.
Esta semana, la entidad difundió un documento donde afirmó que los bajos sueldos son una de las principales preocupaciones de los letrados que cumplen tareas en la administración pública nacional. Según este trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, el 45 por ciento de los encuestados dijo que los “bajos honorarios” son su principal preocupación en relación con su desarrollo profesional”.
El trabajo estuvo a cargo del Observatorio de la Abogacía, un espacio que componen la AGAE y el Espacio Abierto de Abogadas y Abogados (AEDA). “Hoy la situación salarial es lo más preocupante para la abogacía estatal, por eso a pesar de las dificultades una gran parte se desempeña también el ámbito privado”, sostuvo Rubén Ramos, titular de la AGAE, en el reporte final de la encuesta.
Este punto es clave, ya que el informe dice que “6 de cada 10 abogados del Estado en argentina trabajan a la vez en el ámbito privado y una de cada 10 se dedica a la docencia”. En este sentido, Ramos sostuvo que “eso no debería pasar, tenemos que seguir trabajando para jerarquizar la profesión, con mejores salarios, más formación, concursos y un escalafón propio”.