En vísperas de un nuevo aniversario del 20 de diciembre, fecha que recuerda la rebelión popular contra el gobierno de Fernando de la Rúa, organizaciones gremiales y sociales denunciaron en santa Fe el procesamiento de varios dirigentes estatales, en el marco de las protestas contra la reforma previsional que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro. Este tipo de situaciones se vivieron a lo largo del año libertario, tanto a nivel nacional como en las provincias, que siguieron la política de amedrentamiento que impulsa desde un primer momento Javier Milei, y que tuvo su correlato en varias jurisdicciones. En este sentido, además del balance político y económico hay que sumarle el que hacen las organizaciones de Derechos Humanos, vinculado a la represión y la persecución.
“La represión, en este contexto, lejos de ser un fenómeno aislado se convierte en parte de un plan sistemático para silenciar la protesta y mantener el control social”, explicó el informe a propósito del primer año del gobierno libertario que hizo el Monitor de Eventos Represivos, una herramienta del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.
El análisis alertó sobre la forma en que la gestión apuntaló su modelo a través de las fuerzas de seguridad, un esquema que dejó múltiples causas judiciales, ataques a las organizaciones y peligro de cárcel efectiva que todavía sigue latente, como sucede con los dirigentes santafecinos.
Al cumplirse el año de la presidencia de Javier Milei, se presentaron datos vinculados a la represión y la persecución de las organizaciones sindicales y sociales, blanco directo de la política libertaria en materia de seguridad, que se inauguró en el aniversario del 20 de diciembre del 2023, cuando se inauguró el protocolo anti piquetes.
A partir de allí, afirmó el Monitor de Eventos Represivos, se puso en marcha una estrategia con dos planos: “Por un lado, un shock regresivo en el plano distributivo (económico y social); por el otro, un shock regresivo en lo institucional que implica una reforma constitucional de facto”. “La modalidad que asumen estas dos estrategias es otro rasgo en común que comparten. Son verdaderos shocks, es decir, medidas drásticas y profundas que pretenden producir efectos irreversibles en un corto plazo, y que requieren como condición de posibilidad una intensificación de la represión estatal a la protesta social”, analizó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial.
Otra modalidad represiva detectada por la entidad de la CTA Autónoma fue “los allanamientos a organizaciones populares acompañados por causas penales contra militantes o referentes”.
En total se contabilizaron “77 allanamientos violentos ejercidos por las fuerzas de seguridad”. “Otra modalidad de violencia contra las organizaciones populares fueron las agresiones a locales o militantes ejercidos por sujetos paraestatales, registradas en al menos 6 eventos”, explicó el monitor.
La represión, en este contexto, “lejos de ser un fenómeno aislado se convierte en parte de un plan sistemático para silenciar la protesta y mantener el control social”. “Desde la criminalización de la protesta hasta la desarticulación de organizaciones que luchan por los derechos más básicos, cada una de estas acciones tiene como fin último desincentivar lo colectivo para garantizar un ajuste económico. En otras palabras, busca desarmar la expresión de la resistencia, real o potencial, al plan del Gobierno”, recalcó el reporte, que buscó hacer un balance del accionar represivo de la gestión libertaria.
Datos
Además de este análisis de la estrategia represiva del gobierno, el monitor dio datos concretos de esta criminalización, en sus distintas variantes. A partir de información pública, durante todo el año se recopilaron los casos que fueron cubriendo los medios y los gremios.
Entre el 10 de diciembre y el 31 de octubre, por ejemplo, “se registraron 41 represiones a la protesta social ejercidas en todo el país”. Estos hechos ocurrieron en 10 provincias, “con especial foco en la Ciudad de Buenos Aires”. En 41 casos, “la represión a la protesta fue ejercida por las fuerzas de seguridad, mientras que en dos se registró la presencia de sujetos paraestatales”. “El accionar de las fuerzas de seguridad incluyó la agresión física a 1.146 manifestantes y produjo la detención de al menos 139 personas en protestas o allanamientos”, graficaron. Entre ellas hubo, además de manifestantes, periodistas y personal de postas sanitarias, hechos que fueron denunciados por la Asociación de reporteros gráficos de la República Argentina (ARGRA), el sindicato de trabajadores de prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la comisión por la memoria (CPM).
Otra modalidad represiva son los allanamientos a organizaciones populares acompañados por causas penales contra militantes o referentes, “elaboradas a partir de denuncias anónimas a la línea 134”.
En total “se contabilizaron 77 allanamientos violentos ejercidos por las fuerzas de seguridad”. Otra modalidad de violencia contra las organizaciones populares fue “las agresiones a locales o militantes ejercidos por sujetos paraestatales, registradas en al menos seis eventos”.
Algunas de las denuncias anónimas recibidas fueron empleadas para iniciar causas penales y llevar a cabo allanamientos violentos en organizaciones y domicilios de dirigentes sociales del FOL, Polo Obrero, MTL, entre otros. El saldo de personas detenidas durante el primer año de Gobierno “es de al menos 161 en todo el país, 139 en el marco de protestas o allanamientos y 22 por fuera de esos eventos”. La mayoría de estas detenciones (89) “tuvieron lugar en el contexto de represiones a la protesta en la Ciudad de Buenos Aires a manos de las fuerzas federales y de la policía de la ciudad”. Sin embargo, “la represión y las detenciones no se limitan a la actual gestión nacional. En las provincias también se registraron hechos de similar magnitud, con un total de 50 detenidos a manos de las fuerzas de seguridad provincial durante protestas o allanamientos”.
Sigue la persecución
En todo este año, los distintos gremios repitieron casi como un mantra que “este modelo no pasa sin represión”, y apuntaron a las políticas libertarias como la causa de este escenario de persecución y criminalización. Incluso en estos momentos donde existe un “veranito” económico, promocionado por el gobierno, se mantiene la actitud de vigilancia hacia la protesta social, para evitar un fin de año con movilización.
En ese punto el plan represivo del gobierno parece haber surtido efecto, porque más allá de marcha puntuales –por despidos en el Estado o por la conmemoración del 20 de diciembre –la calle cierra el 2024 “tranquila”. Pero los cruces y las amenazas siguen, como sucede en Santa Fe, donde dirigente de ATE y otros gremios enfrentan procesos penales.
Por eso, esta semana se realizó una conferencia de prensa para “nacionalizar” el repudio a Pullaro, que en declaraciones periodísticas dijo que “con los docentes me llevo muy bien, no fueron ellos docentes los que me trataron mal, sino los sindicalistas docentes los que no me perdonan que en la provincia de Santa Fe no haya más paros”.
Esta situación llegó a Amnistía Internacional, organismo de Derechos Humanos que actúa en todo el mundo, cuya oficina en la Argentina emitió una advertencia sobre la represión a la protesta social durante el primer año de Milei y apuntó directamente a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Son prácticas propias de gobiernos autoritarios”, indicaron desde la organización y señalaron “las alarmantes cifras de la represión”. “La violencia que implementó el gobierno de La Libertad Avanza, a través del protocolo anti piquetes, contra las manifestaciones opositoras marca un punto de inflexión con respecto a los últimos años”, afirmó el reporte, por lo que se pidió “garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales”. Todo en un marco de discursos criminalizantes de los funcionarios hacia los manifestantes, a los que llaman, entre otras cosas, “terroristas” que promueven “golpes de Estado”.