Con la presencia del ministro de Justicia Gabino Tapia, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires discutió la semana pasada el proyecto del oficialismo que busca trasladar el fuero laboral a jurisdicción porteña. La iniciativa es un viejo anhelo del PRO desde que llegó al gobierno de CABA, y tuvo algunos límites por parte de la Corte Suprema de Justicia.
En campaña, Jorge Macri insistió que buscaría el traslado, y con el tratamiento de este proyecto aceleró esta propuesta, que desde siempre cuenta con el atraso de los distintos sectores sindicales. “El fuero laboral ha sido desde su creación una herramienta clave para garantizar el respeto irrestricto de nuestros derechos”, recordó mediante un comunicado la CGT, que se puso a la cabeza del rechazo a esta medida.
El argumento más usado por la gestión porteña es “agilizar el acceso” de los trabajadores, algo de lo que descreen los gremios. “Estamos totalmente en contra”, dijeron por su parte de la CTA Autónoma, y afirmaron que el intento de traslado es “manifiestamente inconstitucional”. Los empleados judiciales se declararon en “estado y alerta y movilización” por la situación, y marcaron su rechazo por las condiciones laborales que generará la medida.
La discusión en la legislatura del proyecto de traspaso del fuero laboral a CABA revitalizó una disputa que tiene años. Entre los argumentos que utilizó el ministro Tapia, a cargo de promover la medida, está que el cambio “facilitaría un sistema judicial más ágil, que reduciría tiempos y costos de litigio”. “Entre las ventajas mencionadas están la incorporación de tecnología mediante el expediente electrónico y audiencias virtuales, que mejorarían la eficiencia del proceso judicial”, expresa el paper que circula entre los legisladores.
Pero la CGT cruzó estas ideas. Mediante un documento reciente, marcó que “esta agilidad podría favorecer a los empleadores en detrimento de los trabajadores”, al afirmar que el cambio propuesto “solo busca satisfacer las necesidades del patrón” y no proteger a la “parte más débil del eslabón”. “El fuero laboral es un pilar histórico en la defensa de los derechos laborales y sociales, un sistema establecido por Juan Domingo Perón para resguardar las conquistas de los trabajadores”, agregaron, y apuntaron a los grandes capitales y empresarios, quienes “verían en esta reforma una vía para operar sin las limitaciones que, actualmente, les impone la Justicia laboral”.
En tanto, Pablo Kleiman, coordinador del Espacio Jurídico de la CTA Autónoma de Capital Federal, confirmó la postura contraria de la central obrera, y recordó que “la Constitución Nacional es muy clara en su artículo 75 en cuanto expresa que le corresponde al Congreso dictar los códigos de fondo y que solo pueden aplicarlos los tribunales federales o las provincias”. “CABA no es una provincia, por eso cada vez que la Constitución la nombra dice ‘las provincias y la Ciudad de Buenos Aires’, si CABA fuera una provincia, no habría necesidad de aclararlo”, le explicó a Data Gremial. Kleiman insistió en este argumento: “CABA podría convertirse en provincia si el Congreso dicta una ley, pero no es el caso. Cada vez que se creó una provincia se hizo por ley del Congreso”. Así, recordó, “en 1951 por la ley 14.037, se provincializó el Chaco y La Pampa. En 1953, por ley 14.294 se provincializó Misiones. En 1955, por ley 14.408 se provincializaron los territorios nacionales de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En 1990, por Ley 23.775, la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Viejo anhelo
En la Ciudad de Buenos Aires creen que el proyecto será aprobado por los legisladores, aunque asumen que habrá resistencia de Nación para firmar un convenio de transferencia. Lo mismo pasa con los gremios, que asumen que se opondrán, no importa su orientación. La clave, dicen diversas versiones, será como en otras cuestiones la Corte Suprema de Justicia. “La pretensión de la CABA de tener un fuero laboral no es nueva. Desde hace muchos años intenta o bien vía de traspaso, o bien como ahora, con la creación de juzgados laborales propios”, recordó Kleiman. Para el especialista de la CTA Autónoma, con la misma lógica que piden esto “podría reclamar que se debata en su ámbito materias civiles, comerciales, penales o de seguridad social”. Sin embargo, aclaró, “nunca ha demostrado interés por tramitar divorcios, accidentes, sucesiones, o delitos, solo por nombrar algunos ejemplos. Cabría preguntarse el motivo de su obsesión solo con relación a la justicia laboral”.
Por último, Kleiman consideró oportuno mencionar que “si se llegase a aprobar el proyecto de ley para la creación de dichos juzgados laborales, va a producir dos efectos negativos e indeseados: Por un lado, habrá una lluvia de planteos de inconstitucionalidad –lo que hará que se demoren aún más los juicios laborales ya que se perderán años discutiendo el fuero-; y por el otro habrá un dispendio innecesario de dineros públicos”. En el primero de los casos es clave el tema de la equiparación a las provincias. “En la constitución nacional surge evidente y en forma reiterada en nuestra Carta Magna que la Ciudad no es una provincia”, insistió. De la misma forma, la CGT reafirmó su compromiso de “proteger los derechos laborales y advirtiendo que no permitirá que se avasallen las garantías de los trabajadores. No vamos a permitir que se nos quite lo que tanto nos ha costado lograr”. Este no es el primer intento de trasladar el fuero, que fue establecido hace 80 años por Juan Domingo Perón. Iniciativas similares se habían presentado durante los años 90 bajo el gobierno de Carlos Menem y en 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri.
Mirada de los judiciales
Otro sector clave para el avance o no del proyecto porteño es el de los trabajadores judiciales, que cambiarían de jurisdicción, en el mejor de los casos. Cuando comenzó el tratamiento del proyecto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se declaró en “estado de alerta”, y coincidió con las críticas realizadas por las centrales obreras. “Lo advertimos una y mil veces durante la contienda electoral. Dijimos que venían por los trabajadores, sus organizaciones y el fuero que debe velar por sus derechos”, señaló la UEJN en un comunicado que lleva la firma de Julio Piumato, titular de la entidad.
El sindicato criticó el plan, calificándolo de "nefasto" y argumentó que podría ser apoyado en la Legislatura porteña por "pseudo peronistas y pseudo sindicalistas", quienes actuarían “a espaldas de los trabajadores” y en detrimento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. En un llamado a la movilización, los trabajadores instaron a "luchar y desenmascarar a quienes dicen representar a los trabajadores, mientras hacen acuerdos espurios para dinamitar el fuero del trabajo en beneficio de los empleadores". La UEJN también está trabajando en un proyecto de ley para federar la Justicia Nacional del Trabajo, enfatizando “la necesidad del compromiso y participación de todos los trabajadores del fuero laboral y de la justicia en general”.