El fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que confirmó la inconstitucionalidad de cuatro artículos del DNU 70 que limitaban la libertad de asamblea y el derecho a huelga de los docentes generó expectativa sobre la ley que el Congreso intenta aprobar, y que declara la educación “servicio esencial”. La idea de la propuesta del ex ministro Alejandro Finocchiaro es que las escuelas tengan “guardias mínimas” para que no cierren, lo que es rechazado por los gremios porque choca con la posibilidad de hacer paros. En este sentido, hay varios dirigentes del sector que se entusiasman por el precedente jurídico que genera, y que podría usarse para evitar que se ponga en marcha la norma, en caso de conseguir el aval en el Senado. Además, algunas voces alertan que declarar esencial la docencia potencia la idea de “guardería” que se tiene actualmente de la educación. Al margen de la estrategia judicial, el clasismo pide un plan de lucha para frenar este y otros proyectos que buscan “precarizar” a los trabajadores.
La decisión judicial conocida a comienzo de semana el cual ratifica el amparo que mantiene suspendidos los artículos 86, 87, 88 y 97 del DNU firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado. Los mismos entre otras cosas buscan “terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar la realización de asambleas, instigar denuncias por extorsión o amenazas y declarar la educación como un servicio esencial”. Su suspensión fue festejada por CTERA y el resto de la docencia, en especial porque respeta el derecho a huelga. Respecto a la ley promovida por Finocchiaro, que logró hace unos días media sanción de la cámara de Diputados, este amparo puede ser un precedente importante para la pelea sindical. “hay fallos en los últimos 20 años que marcan jurisprudencia respecto a la inconstitucionalidad de este tipo de medidas”, le dijo a Data Gremial una fuente del sector docente, que aseguró que el nuevo fallo logrado por CTERA “es otro más”. Por haberse producido hace poco, está “más fresco”, pero como el resto tiene el mismo espíritu: “Choca contra el derecho a huelga”.
Uno delos fallos judiciales nombrados por las fuentes es la decisión de la Corte Suprema de Justicia contra el decreto 843 firmado en el año 2000 firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa, en base a la resolución 481 de la entonces ministra de Trabajo Patricia Bullrich. “El fallo tiene más de 20 años, y declaró inconstitucional limitar la huelga, la ley de Finochiaro tiene el mismo vicio jurídico. No sabemos por qué insisten con este tema si saben cómo son las cosas”, agregaron las mismas fuentes consultadas. Lo que aclararon es que no hay una especie de “inconstitucionalidad automática”. Al ser “elementos jurídicos distintos”, si el Senado aprueba la ley se deberá ir a la justicia de nuevo, apelando a ese antecedente del DNU, pero se puede usar ese argumento para potenciar el pedido.
Más allá de la huelga
Una vez conocido el fallo, la CTERA lo festejó y afirmó que “la educación no es un servicio esencial a los fines del ejercicio del derecho de huelga como se pretende desde el oficialísimo para impedir la protesta de los docentes”. Pero la esencialidad va más allá del derecho a huelga, dicen desde los gremios. Cuando se habla de “guardia mínima” se establece que la escuela debe estar abierta para que los alumnos estén presentes. Esto implica que si no hay luz o hay problemas edilicios, se deben igual sostener las clases. “Esto potencia la idea de depósito de los colegios”, dijeron las fuentes consultadas.
Otra situación en donde se puede dar esta situación es si hay muchos docentes de licencia, por ejemplo en otra pandemia. “Quién va a garantizar estas guardias mínimas”, se preguntaron. En estas circunstancias hacen que “se precarice aún más las condiciones de enseñar y aprender”. Por esto, desde CTERA consideran que el fallo contra el DNU “es un triunfo importantísimo porque defiende los derechos emanados de la Constitución Nacional y de tratados internacionales”, y podría servir para frenar el proyecto de ley. “La CTERA seguirá defendiendo la libertad sindical, herramienta histórica de las y los trabajadores para la demanda de justos reclamos y la defensa de nuestros derechos”, agregaron.
Plan de lucha
La ley que impulsa el ex funcionario macrista ahora debe ser tratada por el Senado, luego de lograr 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones. Si bien la cámara alta tiene una lógica distinta, comienzan a pesar los gobernadores, que pueden ver con cierto agrado que se limite la huelga, ya que los gremios protestan contra sus gestiones. Por eso, los gremios adelantaron que seguirán trabajando para su rechazo, o su judicialización. “Sobre el tema de la esencialidad y derecho de huelga, muchos de estos proyectos que se pretenden tratar acá, son inconstitucionales. Violan no solo la Constitución Nacional, la Ley de Asociaciones Sindicales, sino también los pactos y los convenios sobre libertad sindical de la OIT. Y me parece que esto es algo que nos tiene que llamar a la reflexión”, dijo Sonia Alesso, titular de CTERA, en su presentación en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde debatieron los proyectos para reformar varias leyes laborales.
En tanto, a la par de la estrategia judicial, el clasismo docente quiere un plan de lucha en la calle, que permita voltear estos proyectos. “Nos parece que el fallo judicial no es suficiente para parar este proyecto de ley, hay que acompañar la estrategia judicial con un plan de lucha y una gran movilización que muestre el rechazo a la esencialidad y la defensa de la educación pública”, reclamó ante la consulta de Data Gremial la dirigenta Andrea Lanzette, referente de la Lista Multicolor en SUTEBA. En este punto, recordó que “hay varios conflictos abiertos en las provincias, yo no por la esencialidad sino además por salarios y otras situaciones”, como sucede en Entre Ríos o Misiones. Por último, Lanzette alertó que algunos cambios en la secundaria bonaerense “va en el sentido de la esencialidad, haciendo que se abran las escuelas en cualquier condición”.