Julio Gutiérrez, un polémico dirigente que ya había sido apartado de la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) por un grave hecho de estafas, hoy vuelve a la carga, a pesar de una serie de irregularidades e incompatibilidades en torno a su postulación. Dueño de un travestismo político elocuente, Gutiérrez se supo acomodar dentro de los distintos oficialismos de turno, desde las épocas del kirchnerismo hasta la del actual gobierno, gracias al acuerdo que hay entre quien actualmente es su jefe político, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el ejecutivo nacional. Y así va por todo.
Intromisiones peligrosas
Según el estatuto de la UPSRA, el candidato de la Lista Verde no podría presentarse por haber cometido el mencionado fraude en 2006, y luego, por haber compulsado en la Patagonia contra el sindicato que pretende dirigir, hecho que fue altamente redituable para las arcas del gremio del cual es secretario general, la Unión Personal de Seguridad Privada y Afines de la Patagonia Central (UPSAP) -según la última acta de homologación de su convenio aun seguiría en funciones-, pero un gran perjuicio para la UPSRA.
Lo concreto es que, a pesar de las impugnaciones presentadas por el resto de las listas, que señalan graves delitos como la falsificación de firmas, falsedad ideológica, estafa y presentación de avales truchos, su lista hasta ahora no fue dada de baja por la Secretaría de Trabajo.
Arrancó con el pie torcido
Los inicios de Julio Gutiérrez como dirigente sindical resultaron escandalosos. En el año 2001 viajó a Buenos Aires para ofrecer organizar la actividad sindical de la UPSRA en la Patagonia. Fue así que ese año, el titular del sindicato, Ángel García, lo designó Delegado Regional con asiento en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, todo voló por el aire en 2006, cuando desde la conducción nacional del gremio se detectó un faltante del aporte del “Fondo de Ayuda Solidaria” –ítem integrante de la convención colectiva de trabajo, CCT 507/07- por parte de algunas empresas del sur del país.
Tras realizar averiguaciones, desde el gremio se contactaron, con una de ellas, “Servicios de Seguridad Solís”, entre muchas otras damnificadas. Ahí fue que saltó la maniobra: el titular de la firma, Gilberto Solís, informó que Gutiérrez le hizo creer que estaba facultado para recaudar ese adicional, lo instó a firmar un acuerdo trucho, le cobró el importe (mitad en efectivo y el restante por cheque) y le emitió un “libre de deuda”.
Todo eso fue ilegal, ya que desde 1992 –por convenio de trabajo- esa contribución destinada a solventar beneficios para los afiliados de la UPSRA, se depositan directamente en una cuenta oficial del Banco Nación a nombre del gremio. Ergo, Gutiérrez no estaba habilitado para realizar dicha gestión a nombre del sindicato, y menos aún percibir los importes de forma personal, invocando al gremio.
Lo sucedido derivó en que el fiscal de Comodoro Rivadavia, Adrián Cabral, imputara a Gutiérrez por el delito de estafa (causa caratulada con el número 19.150), bajo el artículo 172 del Código penal, que sostiene: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
Para zafar de ir preso, Gutiérrez pactó reintegrar el dinero a la organización sindical. Fue así como el 24 de junio de 2009, se homologó un acuerdo, en el que el polémico dirigente aprovechó la figura del “arrepentido” que existe en la Justicia chubutense y se comprometía a devolver el equivalente a una cifra cercana a los mil dólares. De esa manera, indirectamente, también estaba admitiendo su responsabilidad en el hecho.
Por lo sucedido y su apartamiento, el estatuto de la UPSRA impediría que Gutiérrez vuelva a integrar el gremio y, mucho menos, pueda aspirar a su conducción.
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Gremio propio salpicado de violencia
Al ser eyectado de la UPSRA, Gutiérrez creó su propio sindicato en la Patagonia: la Unión del Personal de la Seguridad Privada y Afines de Argentina (UPSAP).
De entrada, nomás, volvieron las polémicas. El de 14 enero de 2010 el Diario Patagónico informó que mientras el delegado regional de la UPSRA en Comodoro Rivadavia, Walter Montaña, concedía una entrevista a una emisora radial del mencionado medio en la sede de la delegación, fue agredido por un grupo de personas integrantes del gremio disidente de los vigiladores de Gutiérrez que irrumpió violentamente en el local sindical.
En su denuncia policial, el delegado de la UPSRA dijo que reconoció entre los manifestantes que lo agredieron, al propio Gutiérrez y al dirigente Jorge Avilés, además de un grupo de 10 trabajadores que se movilizaba en camionetas de la empresa Search (hoy llamada G4S).
Por su parte, el periodista de “Aire Patagónico” que realizaba la entrevista, Raúl Bonilla, manifestó que fue “invitado” a retirarse de la oficina por parte del grupo de Gutiérrez. Bonilla relató que los manifestantes irrumpieron en el lugar con insultos contra Montaña y que cuando volvió a la oficina para recuperar su grabador constató los destrozos que habían ocasionado y observó las heridas que tenía el sindicalista en un brazo.
Asimismo, Montaña, aseguró: “Aparecieron personas que destruyeron las instalaciones del gremio. Ingresaron a las oficinas del Sindicato y rompieron la computadora, el escritorio y me lastimaron”, denunció mientras esperaba al médico policial para que lo revisara. El gremialista relacionó la agresión con que días antes, la UPSRA había suscripto un convenio con YPF que otorga beneficios a los trabajadores del sector.
Desde entonces, Gutiérrez centró sus esfuerzos en usar su sindicato como plataforma para dañar a la UPSRA, intentando quitarle afiliados y defenestrándola públicamente en cuanta oportunidad tuviera. Eso justamente es otro motivo que impediría la postulación de Gutiérrez. Al igual que en el caso de la estafa, el estatuto del gremio es muy claro al respecto. En su Artículo 27 Inciso E asegura que es motivo de expulsión permanente “haber incurrido en actos susceptibles de acarrear perjuicios a la Unión o haber provocado desórdenes graves en su seno”.
Su acercamiento a la intervención y una elección trucha que la Justicia dio por inválida
En los inicios de la gestión macrista, tras la exigua victoria electoral de Cambiemos, sus funcionarios se sintieron muy envalentonados y empezaron sus ataques contra las organizaciones sindicales.
En ese marco, se inició una afiebrada carrera para intervenir gremios. ¿El objetivo? Cooptar sus “cajas” para utilizarlas con fines políticos, y de paso, debilitar al movimiento obrero en función de intentar imponer una reforma laboral, meta que a la postre iba a fracasar en ese momento.
En el caso de UPSRA, para intentar manejarlo, el Gobierno contó con la connivencia de los opositores al titular del gremio Ángel García, entre ellos, Julio Gutiérrez, que ya estaba obsesionado con quedarse con el control de la organización sindical.
García había ganado los comicios de 2016, pero el Gobierno no respetó el proceso electoral. Todo muy a pesar de los sucesivos fallos de la justicia que ratificaban la legitimidad del mandato del dirigente.
En el medio, en 2019, Gutiérrez se autoadjudicó un triunfo electoral en una elección trucha desestimada por la Justicia, donde el oficialismo obviamente no había participado. Como si no fuera suficiente, a los días de haber asumido en la Casa Rosada, Alberto Fernández determinó que el Estado -de una vez por todas- tenía que acatar las decisiones de la Justicia y repuso finalmente a García al frente de la UPSRA. A través de Claudio Moroni le dio la certificación de autoridades y el experimentado líder volvió a tomar el control.
De todas maneras, esos durísimos reveses hicieron encaprichar aun más a Gutiérrez que siguió tratando de “empiojar” el proceso de normalización del sindicato en curso. Sin embargo, el año pasado recibió un golpazo inapelable a sus intenciones: la propia Corte Suprema dictaminó que todo lo obrado por la intervención macrista había sido nulo. Y, por ende, la legitimidad de las autoridades del gremio quedó fuera de toda discusión.
Una multiplicidad de cargos que vuelven incompatible su candidatura
Gutiérrez también enfrenta críticas por intentar concentrar el poder, un argumento que fue destacado por la Junta Electoral del sindicato. Es que Gutiérrez no solo es ministro de Trabajo de Santa Cruz y titular de la UPSAP, también es diputado del Parlasur y secretario general de la Federación de Seguridad Privada que agrupa a varios sindicatos (FATRASEP), lo que le otorga una posición ventajosa y constituye un "abuso de poder dominante" en relación con los demás candidatos, además de un grave conflicto de intereses debido a su condición de funcionario público.
A pesar de estas irregularidades, por el momento, la Secretaría de Trabajo desestimó las impugnaciones a su candidatura y validó la Lista Verde. Esta situación, de persistir, a futuro le podría traer complicaciones judiciales no solo a funcionarios políticos de turno, sino también a funcionarios de carrera que vienen trabajando en las diferentes gestiones y están preocupados con esta anomalía y las otras ya mencionadas.
Un “sindicalista” que como ministro anuncia descuentos salariales
Si algo le faltaba a Gutiérrez al asumir un cargo público era deschavar su actitud en contra de protestas de trabajadores que reclaman mejores salarios y condiciones laborales.
Con motivo de un paro convocado por la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) a principios de mayo de este año, el funcionario salió a hacer declaraciones no solo para expresar su oposición a la medida de fuerza, sino también para anunciar descuentos salariales a quienes habían adherido a la huelga.
“Deberán ir a trabajar y los que no lo hagan, saben que serán responsables. No tengan dudas de que se van a descontar los días de paro”, amenazó según reprodujeron medios locales. Sin embargo, no todo quedó ahí.
El conflicto tomó un ribete todavía más escandaloso cuando días después ADOSAC denunció que el Gobierno que integra Gutiérrez le había descontado los días de paro incluso a docentes que no habían participado de la medida de fuerza.
Con todos estos antecedentes, muchos trabajadores de la seguridad privada dudan de qué manera Gutiérrez podría representar la defensa de sus derechos y no sus intereses personales o el de las empresas del sector.