En el marco de una reforma migratoria anunciada esta semana por el gobierno nacional, se habilitará a diversos sectores a cobrar los servicios a extranjeros. Los casos que más ruido generan son hospitales y universidades, que a partir de estos cambios podrán ser arancelados para estos colectivos. La idea, que fue varias veces discutida en el país en otras gestiones, es que las personas nacidas en otros países que no tengan residencia legal deban abonar tantos los servicios de atención en el sistema de salud pública como si deciden estudiar en cualquier casa de estudios.
“El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el anuncio de esta serie de medidas, que incluyen endurecimiento de los mecanismos de deportación de quienes cometan delitos. La decisión fue rechazada por los gremios de la salud y la educación, que criticaron la manipulación del tema, ya que los datos muestran que el impacto de la atención de estos grupos en ambas áreas “es mínima”. En el caso sanitario, las provincias que implementaron este tipo de restricciones mostraron algunos números, que se consideran relativos.
Los cambios en el régimen migratorio que pondrá en marcha el gobierno de Javier Milei suponen la posibilidad del cobro de aranceles a extranjeros para el acceso a universidades nacionales y a los hospitales públicos, además del endurecimiento de las condiciones para el ingreso y los motivos de expulsión de los inmigrantes. “En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, afirmó Adorni en conferencia de prensa, al tiempo que aseguró que representará “una fuente de financiamiento para las casas de estudio”. En la misma línea, aseguró que dispondrán del fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso, como mejor consideren. Por otro lado, el funcionario anunció que incorporarán “más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia”.
En el caso de las universidades, la reacción inmediata fue de rechazo, pro la inconstitucionalidad del cobro, y por la acción “discriminatoria” de la propuesta. “Como todas las cosas a las que nos tiene acostumbrados Manuel Adorni, se trata de otra de sus mentiras”, criticó Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).
En diálogo con Data Gremial, el dirigente dijo que “la decisión de arancelar el ingreso a los extranjeros que quieran cursar las universidades públicas argentinas es una falsedad”. “Como hasta al día de hoy, los extranjeros no van a pagar absolutamente nada, porque para cursar en una universidad pública argentina es requisito tener el DNI argentino y ser residente en la Argentina”, recordó Ricci.
En el mismo camino, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUBA) expresó su rechazo a este cambio, y advirtió sobre la “inconstitucionalidad de la medida”. El gremio centró su rechazo en “lo discriminatoria que sería una medida de esta naturaleza, que además consideraron ilegal”. FEDUBA calificó la iniciativa como “una estrategia política que busca dividir a la sociedad, fomentando enfrentamientos y promoviendo un discurso individualista”. “Se pretende instalar un sentido común del ‘sálvese quien pueda’, contrario a los valores de igualdad y solidaridad que caracterizan a las instituciones públicas argentinas”, señalaron.
Contra la política de la OMS
En tanto, la idea de que los hospitales cobren por la atención a extranjeros tiene algo más de recorrido en el país, ya que algunas provincias –que son las que prestan los servicios sanitarios –ya pusieron en marcha este tipo de iniciativas, en especial en zonas fronterizas. Desde el sector gremial, se muestran contrarios a la propuesta, en cualquier de sus dimensiones.
“La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) asume la postura con los pacientes extranjeros como con cualquier ciudadano argentino o residente, que es oponerse absolutamente al cobro en los puntos de atención”, sostuvo Jorge Yabkowski, vicepresidente de la entidad con presencia en todo el país. ante la consulta de Data Gremial, el dirigente recordó que la gratuidad “es un mandato de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que plantea como una política central la desaparición de cualquier arancelamiento en el sistema de salud, porque está comprobado que retarda y dificulta la atención. El paciente no debe pagar un peso nunca cuando se debe atender”.
El argumento que el gobierno nacional y quienes fomentan estas medidas apunta a los recursos que supuestamente se usan para atender a esos extranjeros. Incluso Adorni habló de “tours sanitarios”, algo que la FESPROSA rechaza. “La atención de ciudadanos extranjeros no es más del 5 por ciento del total, por lo tanto el cuento que tiene impacto presupuestario sobre las arcas públicas es un tema ideológico, no económico, hacen una campaña xenófoba echándole la culpa a los extranjeros del déficit tanto en la educación universitaria como la salud pública, cuando es la motosierra de Milei y el pago de la deuda externa lo que impacta en ambos sectores”, analizó Yabkowski.
Además, el dirigente médico recordó que en el marco del MERCOSUR hay “espacios para firmar de reciprocidad con los países por este tema, algo que no se explora a fondo ni hay una actitud de nuestra Cancillería o el Ministerio de Salud para que cada país pague la atención de sus ciudadanos en otros países”.
Ejemplos varios
Para justificar la idea de cobrar la atención sanitaria, el gobierno puso de ejemplo a Salta, que es una de las provincias donde se decidió dar este paso. “Desde que se tomó esta medida bajó en un 95 por ciento la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos”, sostuvo Adorni durante su conferencia de prensa. El gobierno salteño puso esta medida en funcionamiento en marzo, y dos meses después publicó los primeros resultados. En Orán, localidad fronteriza con Bolivia, se pasó en ese tiempo de 3.300 pacientes a 60, según el Ministerio de Salud de esa provincia. Eso generó en ese período un ahorro de 23 millones de pesos. Además de Salta, cobran la atención a extranjeros los hospitales de Jujuy, Mendoza y Santa Cruz.
En tanto, la FESPROSA dio un ejemplo, pero virtuoso. En el Hospital de Esquel, contó Yabkowski, “se atiende a gente de dos localidades aisladas del territorio continental de Chile, se le factura al sistema de salud de ese país porque se atienden allí porque están más cerca”. Esto funciona desde hace años, y no trae ningún problema. Por eso, la FESPROSA critica al Ministerio de Salud “por no tener una política activa en este sentido, con todos los países fronterizos, para hacer estos convenios de reciprocidad, eliminando el pago en dinero en el punto de atención, lo que genera estas demoras totalmente anti-sanitarias”.