Pese a que la agenda mediática giró hacia otros temas, como la crisis de Misiones o la presentación-show del libro del presidente Javier Milei, en silencio siguen las negociaciones para aprobar en el senado la Ley Bases. Las discusiones sobre la posibilidad de darle esta herramienta al gobierno se dan en los distintos bloques, con preponderancia de los gobernadores. A esto los gremios, mayoritariamente opositores de la iniciativa, lo miran con atención. Para la Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), el proyecto trae dos cuestiones muy graves. Por un lado, mantiene la intención de privatizar el Banco Nación, algo que rechazan tajantemente; además de volver a instituir el Impuesto a las Ganancias para los salarios. Ambas cosas fueron combatidas por la entidad que lidera Arturo Quiñoa, por lo que su aval legislativo genera alarma. “El gremio rechaza la privatización, y está atento a cualquier avance en esta dirección”, admitió el secretario de Acción Social de la APJBO, Pablo Villalobo, que además recordó que sobre Ganancias vienen participando desde un inicio de la mesa sindical que logro la ley aprobada por el entonces ministro de Economía Sergio Massa, y que ahora la gestión libertaria quiere revertir.
Desde Santa Cruz, donde trabaja en la sucursal del banco de Caleta Oliva, analizó junto a Data Gremial estos dos temas, y la posibilidad de un “efecto contagio” de la crisis de Misiones en otras provincias.
Luego de aprobación de la Ley Bases en la cámara de Diputados, hubo versiones encontradas sobre la inclusión o no del Nación en la lista de empresas a privatizar. “Si bien el Banco Nación fue quitado de la Ley Bases, como parte de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, es una cuestión que no se termina de explicar”, afirmó Villalobo. Según explicó, “lo anunciaron por los medios, el mismo día que se iba a realizar una marcha y entregar un proyecto junto con La Bancaria, que llevaba su titular Sergio Palazzo. Esto desinfló la movilización, pero al otro día el ministro Guillermo Francos afirmó que el Banco Nación se iba a privatizar ‘por otros medios’”.
“Por eso decimos que este gobierno tiene la idea fija de privatizar el banco, o hacerlo Sociedad Anónima para luego venderlo”. Incluso esos pasos se dieron antes de la aprobación de la ley, como relató el dirigente: “Es más, el DNU que está vigente ordena a las autoridades a convertirlo en SA, en un plazo de seis meses, algo que vence en junio. Inclusos se dio la orden de derivar a un estudio jurídico para que haga el análisis de los pasos necesarios para esto. por eso decimos que más allá de digan que lo quitaron del proyecto la venta está en curso”.
Pese a las acciones que hicieron los trabajadores, y el rechazo que genera en general la idea de desprenderse del principal integrante de la banca pública, para Villalobo va a seguir con su idea, “buscando capitales privados para sumarlos a la estructura”.
“El Banco Nación tiene falencias, pero es una estructura muy grande, tiene 132 años de historia, 17 mil empleados y más de 700 sucursales, no necesita capitales privados para crecer, el año pasado fue uno de los bancos de vanguardia del país, y una de las mejores empresas del estado, con una mura controlada”, recalcó el dirigente de la APJBO.
“El banco está en todo el país”, insistió, y su propia historia lo comprueba, ya que lleva recorridas siete sucursales en diversas provincias. “El Nación es un fiel ejecutor de políticas de Estado, que acompaña el desarrollo y crecimiento de las localidades donde está ubicada, que les paga a los jubilados, que atiende a las pymes, que carga los cajeros. Es el banco que hasta la fecha la gente tiene acceso del empleado hasta el gerente, vivimos en comunidad con los vecinos de los lugares”, dijo. Además, recordó que según establece su Carta Orgánica, “debe acompañar el desarrollo productivo, no buscar ganar más dinero”.
La vuelta de Ganancias
El otro gran tema de la Ley Bases que desvela a los jerárquicos bancarios y a buena parte del movimiento obrero es la vuelta del Impuesto a las Ganancias, que por presiones de los gobernadores fue incluido en la normativa. “La APJBO participó siempre de la Mesa Sindical “El salario no es ganancia”, que se puso al frente de la lucha para erradicar este impuesto. Ninguna de las cosas que trae esta ley nos parecen buenos para los trabajadores”, resaltó Villalobo.
Para el dirigente, “vivimos en un contexto de inflación, por eso de acá en adelante si continúa esta senda inflacionaria se verán muy afectados nuestros salarios. Incluso, decimos que este impuesto nivela para abajo, porque desincentiva la carrera bancaria”.
Como ejemplo de esto último, explicó que “si un jefe de área gana 100 mil pesos, pagás dos mil pesos de Ganancias. Si quiere ser gerente, pasa a cobrar 200 mil pesos, pero no paga 2 mil de Ganancias, sino mucho más. Entonces con las mayores responsabilidades, terminás cobrando poco más que en el puesto anterior. Eso desmotiva a hacer carrera bancaria”. “El gremio está en desacuerdo con las dos cuestiones, porque se afecta al poder adquisitivo, con eso que perdemos con el impuesto podemos hacer muchas cosas, esa retención del salario se podría invertir en otra cosa, por lo general en el consumo interno”, insistió.
Malestar creciente
Desde el sur del país, las cosas que pasan actualmente se ven con otra perspectiva. Pero no deja de alarmar los efectos de las políticas del gobierno de Javier Milei, en especial en las condiciones de vida delos trabajadores. Como secretario de Acción Social dela APJBO, Villalobolo sabe. Además de administrar subsidios y otros beneficios para los afiliados, recibe algunas cuestiones vinculadas con la seguridad social, golpeada por el DNU 70 que está en vigencia. “La liberación de precios de prepagas y la suba de medicamentos es grave, porque afecta al bolsillo de los trabajadores”, sostuvo, y remarcó que “actualmente hubo repercusión por este tema, muchos compañeros piensan en cambiar de obra social, bajarse del plan de la prepaga”.
Esto, y la pérdida salarial, son un cóctel explosivo que puede terminar como en Misiones, donde los estatales incluyendo a los policías están hace más de una semana protestando, generando una verdadera crisis institucional.
“El DNU liberó muchos precios, como los alquileres y combustibles, y falta que impacte la suba de tarifas, y por el contrario, los salarios no suben, lo que genera una preocupación social”, alertó el dirigente, que considera que con esa situación se puede a llegar a eventos como el misionero.
Sobre un posible “efecto contagio”, subrayó que “todo depende del tema tarifas, si las liberan como dicen que van a hacer, esto se va a poner muy grave, y puede haber un contagio”. “El tema es que el gobierno usa como estrategia la desfinanciación de las provincias, para luego soltar de apoco cuando necesita aprobar una ley o un DNU. Pero entiendo que es un modelo extorsivo, que no hace bien a la democracia y la política”, concluyó Villalobo.