En las últimas horas, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en al menos dos conflictos laborales, buscando evitar el impacto social de las medidas de fuerza. En el caso de los colectiveros, se viene tratando de salvar el paro anunciado por la UTA, que afecte al transporte púbico en todo el país. Además, se frenaron por la misma vía los reclamos delos trabajadores de la alimentación, que están en pena discusión salarial. Estos son dos ejemplos de cómo el deterioro económico impacta en la conflictividad, que según un informe conocido hace unos días creció en los primeros meses del 2023, rompiendo la tendencia descendente que había caracterizado el gobierno de Alberto Fernández.
Según los datos, en marzo y abril los paros, medidas de fuerza y acciones directas crecieron casi un 40 por ciento, un salto empujado por la alta inflación, la caída de los ingresos y el factor político, que se potencia en un año electoral. En algunos casos, como sucede en el sector de los neumáticos, la tensión creció tanto que llegó a la justicia, con una reciente denuncia penal incluida.
El reporte de la Universidad Torcuato Di Tella confirmó que la conflictividad laboral en el bimestre marzo-abril “se incrementó 39 por ciento respecto del mismo período de 2022”. El trabajo, a cargo del Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) aclaró que “en el primer cuatrimestre suele suceder un álgido periodo de negociación de niveles salariales en los convenios colectivos de trabajo”.
Sin embargo, en 2023, esto se potenció por el deterioro de la situación económica y social. “El alza de la aceleración inflacionaria, la caída del salario real registrado y el clima político de comienzos de 2023 explican este aumento de la conflictividad interanual”, destacó el reporte. “La pregunta que surge es si se trata de un pico en torno a la aceleración inflacionaria y presión política por la definición de candidaturas en un año electoral, o si es un aumento que permanecerá en un plazo más largo”, agregó el informe al que tuvo acceso Data Gremial.
Este repunte de la conflictividad contradice la tendencia decreciente de la gestión del Frente de Todos, que había logrado una baja en estos indicadores, salvo con el pico de conflicto en torno al comienzo del ciclo lectivo 2021 con el debate de apertura o no de las escuelas en el segundo año de pandemia. En términos generales, recalcó el trabajo del CEPE, “durante la presidencia de Alberto Fernández se dio una tendencia decreciente en el conflicto laboral. La emergencia de la pandemia en 2020 y buena parte de 2021 disminuyeron las demandas con el fenómeno de ‘pax pandémica’”. El Índice de Conflictividad Laboral de la Di Tella se elabora a partir de técnicas de “machine learning” aplicadas a archivos periodísticos y bases de datos del Ministerio de Trabajo.
Tensión
El aumento de los conflictos en el ámbito laboral se puede comprobar, una tendencia que se profundiza a medida que avanza la inflación y las respuestas oficiales no logran frenar su impacto negativo. Esto provoca que se busquen reabrir las paritarias, como sucede en la UTA o la alimentación, lo que genera acciones sindicales. Además, la baja salarial hace que muchos gremios llamen a medidas ante la disconformidad con los números firmados, como sucede en el Estado nacional, donde ATE confirmó un paro de actividades para junio, ante el rechazo de a paritaria acordada con el gobierno y UPCN.
En otros casos, la conflictividad tiene algunas cuestiones puntuales, y se intensifican a medidas que las partes se vuelven intransigentes. El caso del sector del neumático es paradigmático. Luego de una paritaria muy compleja en 2022, quedaron resabios de la crisis, y desde hace meses hay acciones en algunas empresas. En Bridgestone, por ejemplo, hay medidas en la planta Llavallol por el despido de operarios y denuncias de malas condiciones laborales. En medio de la conciliación obligatoria, la empresa denunció penalmente al secretario general del gremio SUTNA, Alejandro Crespo, lo que profundiza el malestar. Esta semana, Crespo fue citado por la UFI 3 de Lomas de Zamora para declarar en una causa por “amenazas coactivas”, y de no presentarse podría ser requerido por la fuerza pública.
“Son medidas anti obreras que buscan amedrentarnos en medio de nuestra pelea”, le dijo a Data Gremial un dirigente de la seccional Llavallol del SUTNA, que confirmó que la citación para el dirigente es para hoy jueves 1° de junio. En respaldo, el gremio se movilizará a las 8.30 a la sede de la unidad, para repudiar el accionar de la empresa. “Esta medida es en represaría a las denuncias por malas condiciones en la planta durante la ola de calor extremo de marzo, que fueron corroboradas por el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo”, explicaron. Los reclamos comenzaron luego del despido de ocho operarios, que generó paros escalonados en la empresa ubicada en el sur del gran Buenos Aires. En ese momento se negó a la dirigencia nacional ingresar a la planta, y ahora se completó el ataque con esta denuncia.
Clima electoral
Además de las condiciones laborales y salariales, explica la tensión en el sector laboral el componente político, en especial en un año electoral. En este sentido, si bien la incidencia de este factor no parece tener relevancia en este momento del año, puede aumentar a medida que ganen terreno propuestas opositoras, que tienen claro rechazo de los gremios, como la reforma laboral que proponen los precandidatos de Juntos. Mucho más claro es lo que sucede con los candidatos libertarios, que tiene ataques directos a la organización sindical. Si ellos logran posicionarse, se estima que habrá una gran conflictividad, que puede comenzar este año.
El caso de Javier Milei es el más caro, sobre todo desde que se filtraron algunas de sus propuestas en caso de llegar a la presidencia, donde tendrá una fuerte impronta privatizadora, sobre todo en salud y educación. Allí, los gremios creen que habrá que dar “una gran pelea”. “Obviamente que habrá una gran resistencia por parte de los gremios y los trabajadores, vamos a defender el sistema público y el intento de desmantelamiento”, le dijo a Data Gremial la presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) María Fernanda Boriotti.
Para la dirigente de la provincia de Santa Fe, con estas ideas sanitarias el candidato “quiere profundizar el proceso de aseguramiento, de transferencia de fondos del sector público al sector privado, y en general el desmantelamiento del sector estatal”. “Para Milei la salud debe tener una mínima expresión en su faceta pública, y buscará crear una salud pobre para ciudadanos pobres”, recalcó Boriotti.