En los últimos días, varios fallos avanzaron en la suspensión del Impuesto a las Ganancias para trabajadores. Los casos más recientes fueron conseguidos por los docentes de CTERA y la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA), que a partir de amparos evitaron que sus afiliados reciban descuentos por la vuelta del tributo. La estrategia judicial es la más extendida entre los gremios, ante la resistencia de la CGT y otros espacios de lanzar un plan de lucha. Esta semana, la Federación Judicial Argentina (FJA) presentó un pedido de “nulidad e inconstitucionalidad” de la ley que restituye ganancias, buscando nuclear todos los pedidos de los gremios provinciales. A contramano de lo que pasa con entidades como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la federación que lidera Matías Fachal quiere encabezar los pedidos delos empleados de la justicia, aprovechando que en su último fallo un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires unificó las causas iniciadas por AEJBA, SITRAJU y UNEJ. Desde la Mesa Sindical “El salario no es ganancia” alertaron que la justicia laboral no quiere tratar el tema, y todo se definirá en el fuero Contencioso Administrativo.
La presentación judicial de la FJA busca centralizar las medidas contra la vuelta de Ganancias para los trabajadores judiciales, que si bien en algunos casos tienen legislaciones especialistas, se ven afectados como los 800 mil trabajadores que deberán tributar el impuesto a partir de esta medida. El escrito, al que tuvo acceso Data Gremial, se basa en “la vulneración del interés colectivo que determina la aplicación de la ley 27.743”, la cual “impacta en todos los trabajadores de la actividad como así también en los jubilados, conformando lo que la Corte Suprema de Justicia denomina ‘intereses individuales homogéneo’”. Para la federación, la ley reglamentada por el gobierno “cae en el absurdo”, ya que “hace que la clase trabajadora sea la que deba soportar la carga fiscal con el pago de un impuesto sobre su salario”, mientras que a los que se apropian de esa renta, como las empresas, les “condonan multas e intereses, ofrecen facilidades de pago a los medianos y grandes contribuyentes, promueve el blanqueo de capitales, crea el RIGI”, entre otras medidas pro mercado.
El texto de la entidad judicial presenta una serie de antecedentes por los cuales se debe exceptuar de ganancias a los empleados de la justicia de las provincias y de los fueros federales. Entre ellas, se recordó que la Corte de Suprema de la provincia de Neuquén dictó “el acuerdo 3002/96 por el cual decretó que no son ingresos gravados por el impuesto a las ganancias, los percibidos en concepto de compensación funcional, permanencia en la categoría, título, antigüedad, zona desfavorable, asignación especial no remunerativa y adicional por cargos”, algo que es muy frecuente en la justicia. En ese sentido, la FJA remarcó que el Título V de la ley 27.743 “no solo deroga la exención expresamente prevista para los trabajadores/as del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, sino que también invade la autonomía del Poder Judicial al dejar sin efecto las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias exclusivas para determinar las condiciones laborales del personal que allí se desempeña”. Además, se planteó como el resto de los gremios la irregularidad en la aprobación de la ley, que rechazó el Senado pero ratificó Diputados, lo que viola el sistema bicameral.
Mesa Sindical
La nueva presentación judicial contra Ganancias se da tras el resultado favorable en los amparos de los estatales neuquinos en la justicia provincial, de los docentes de CTERA en el Fuero Laboral de la Nación y de los judiciales porteños de AEJBA en el Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. A esto se le suma también la presentación del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN). En este sentido, la Mesa Sindical “E salario n es ganancia” destaca que todo hace indicar que “el fuero laboral no se va a involucrar, lo que era una posibilidad a favor de la postura de los gremios”.
Las fuentes del espacio consultadas por Data Gremial que esperan que los fallos “se vayan acomodando en el fuero Administrativo”, aunque hay algunas presentaciones que terminaron en la justicia federal, como la que hizo la Asociación Bancaria. Pero los judiciales tienen una situación particular respecto al resto de los trabajadores alcanzados por Ganancias, ya que no están en el llamado Régimen Cedular, ya que fueron excluidos y quedaron en el antiguo régimen del impuesto. Desde la FJA respaldan como la Mesa Sindical la vía judicial, y los proyectos para frenar la vuelta de la cuarta categoría, como el que presentó el diputado y dirigente sindical Hugo Yasky.
Contra el DNU
En tanto, la FJA fue parte este miércoles de la jornada nacional para la derogación y anulación del DNU 70/23 con el que Javier Milei “asfixia a diario al pueblo argentino”. El acto principal se realizó se realizó en las puertas del Congreso de la Nación, donde diputados de los bloques de Unión por la Patria, la UCR, FIT-PTS, y una parte del bloque Coalición Federal, sumaron su firma a la campaña “Un pueblo firme contra el DNU”. La campaña contra el DNU la componen decenas de organizaciones que semana tras semana se reúnen para recopilar las firmas que se van juntando “en cada organización y de cada rincón del país, además de acordar metodologías para continuar con la instalación de la campaña”.
En tanto, en la previa a esta actividad la FJA estuve presente en la discusión sobre las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia. En la misma la entidad reiteró su “profundo rechazo” a ambas postulaciones del gobierno nacional. Como expresó la FJA en marzo pasado, los perfiles de los candidatos propuestos “no representan una Corte independiente, popular, democrática y con perspectiva de género, como corresponde al contexto, sino que refuerzan la carencia de igualdad, la dependencia al Ejecutivo, los acuerdos de palacio y el sometimiento del derecho al poder real empresarial”.
Por un lado, se recordó que el juez federal Lijo “ha sido denunciado por hechos de corrupción que también involucran a su hermano abogado”. Por el otro, García Mansilla, “representante de la ortodoxia eclesiástica y las asociaciones empresariales del petróleo, ha expresado públicamente su opinión contraria a la ampliación de derechos para las personas gestantes”. En ambos casos, “los candidatos expresan lo contrario a lo que la FJA viene promoviendo desde su agenda democratizante”. Para la FJA “es necesario remarcar que una Corte compuesta íntegramente por varones no expresa en absoluto la verdadera composición de nuestra sociedad, donde las mujeres sostienen, con su labor cotidiana, no sólo aspectos fundamentales de la vida en comunidad sino del propio Poder Judicial”.