Esta semana, se conocieron al menos ocho sentencias en Jujuy contra participantes de las protestas contra la reforma judicial. En tiempo record y sin derecho a la defensa, fueron sancionadas con multas de hasta 2 millones de pesos, lo que es considerado una “intimidación” contra quienes protestas. A esto se le suman unos 22 allanamientos en los domicilios de dirigentes sindicales y sociales, que según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) son parte de la “criminalización” del gobierno de Gerardo Morales. El clima de tensión crece, y esta semana la irrupción de la policía a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) terminó por disparar las quejas y las denuncias. Este jueves, la multisectorial contra la nueva constitución volvió a marchar, y denunció una “cacería” por parte del gobernador, que tuvo que salir a aclarar la situación en la casa de estudios, y prometió sanciones contra los agentes involucrados. En las últimas horas se conoció la detención de un abogado de gremios y defensor de los Derechos Humanos.
Al cumplirse un mes del inicio de las protestas contra la nueva constitución provincial, las denuncias de violencia institucional volvieron con fuerza en Jujuy, y todas las miradas apuntas a Gerardo Morales. Es que el propio gobernador anticipó que iría tras los dirigentes universitarios de la UBA sede Tilcara, a quien acusó de instigar los cortes de rutas y las protestas. Esto se sumó a la irrupción de policías locales en una reunión de la UNJu, violando la autarquía universitaria. Si bien este jueves el mandatario afirmó que sancionará a los efectivos que encabezaron esta medida, que fue repudiada por la propia UCR a la que Morales pertenece, los gremios y las máximas autoridades educativas de todo el país lo responsabilizaron por los hechos, considerados de “máxima gravedad”. Entre los que se pronunciaron estuvieron el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a todos los rectores del país.
“Desde la Federación de Docentes de las Universidades queremos expresar nuestra solidaridad con los trabajadores docentes y no docentes de la UBA Jujuy perseguidos ilegal, ilegítima y antidemocráticamente por el gobernador morales”, le dijo a Data Gremial el titular de la FEDUN Daniel Ricci. Además, se expresó contra el ingreso policial a la sede de la UNJu, y responsabilizó al mandatario. “Morales no sólo reprime la justa protesta social y a su Pueblo, sino que comete una intromisión en el consejo de la universidad, algo que no sucede desde tiempos de la última dictadura militar”. Para Ricci, estos eventos “hacen reflexionar y queremos dejar en claro que estos hechos de violencia no deben repetirse en nuestro país, por eso el máximo repudio expresado pro FEDUN”. De la misma forma se expresaron el resto del arco sindical universitario, y distintas organizaciones vinculadas a la educación pública.
Persecución
El avance sobre la autarquía universitaria es parte de la nueva etapa de la represión en Jujuy, afirman los gremios y entidades que forman la denominado Multisectorial Contra la Reforma de la Constitución, integrada por gremios, pueblos originarios, organizaciones sociales y gauchas de Jujuy. esta semana, se refirieron a “una campaña pública de intimidación, extorsión y amenazas”, por la aplicación de estas multas por parte de la justicia, bajo dominio de Morales. “La Justicia de Morales intimida públicamente con sentencias exprés, sin derecho a defensa ni a la privacidad”, denunciaron desde el espacio.
La Multisectorial, en un comunicado, afirmó que se trata de “otro acto de intimidación pública el gobierno de Gerardo Morales”, en alusión a la publicación de la lista de manifestantes con los montos de las multas que se les aplica por considerarlos responsables de contravenciones ocurridas el 20 de junio pasado en la Legislatura local. “Entre los manifestantes hay un joven con retraso madurativo al que le impusieron casi un mes y medio de trabajos comunitarios”, remarcaron sobre la resolución de la Justicia Contravencional de Jujuy y apuntaron que es una dependencia administrativa del Poder Ejecutivo a cargo de Morales y no pertenece al Poder Judicial.
En ese sentido, expusieron que se actuó “bajo procedimientos administrativos brevísimos” sin respetarse “garantías constitucionales como el debido proceso de defensa”, ya que asesores legales de la Multisectorial “tuvieron serias limitaciones para acceder a los expedientes y tomar conocimiento de las pruebas en contra de sus defendidos”.
Detenciones
En tanto, el combo represivo se completó con allanamientos y detenciones a casi dos docenas de dirigentes y militantes que protagonizaron los cortes de ruta en la puna, y que en algunos casos fueron detenidos. “Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30 de junio en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como privación de la libertad para que queden detenidas”, escribió el organismo en su cuenta de la red social Twitter el CELS. Con esta acción, “el gobierno cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”.
Entre las detenciones se encuentra la de Alberto Nallar, abogado de los Profesionales Autoconvocados de la Salud (PAUS), gremio de médicos provincial, y de dilatada trayectoria en el campo de la defensa de los Derechos Humanos. Así lo denunciaron desde la federación médica FESPROSA, que apuntaron a la responsabilidad de Morales. “Está detenido desde la mañana del jueves en el penal de Gorriti, no es el único, hay otros abogados que fueron trasladados en esta misma maniobra”, le dijo a Data Gremial la titular de la entidad, María Fernanda Boriotti. “Suponemos que está en buen estado de salud, lo detuvieron en la puerta del edificio donde está su estudio”, afirmó Boriotti, que remarcó que “hay equipos jurídicos trabajando en el tema, está imputado por sedición, un delito muy grave”.
“Nallar acompañó en todo momento la movilización popular y prestó apoyo y asistencia jurídica a los detenidos y sus familias”, dijo la FESPROSA mediante un comunicado de prensa. “Su encarcelamiento y el de otros militantes sociales significa hoy la ruptura del estado de derecho en la provincia, al violarse las garantías constitucionales de defensa y atacar a los letrados comprometidos con las causas populares”, concluyó.