En los últimos años, las grandes empresas de tecnología se volvieron actores fundamentales de la economía argentina. Los “unicornios”, como suelen nombrarse, aparecen como ejemplos de avance y desarrollo, y son tomadas por el presidente Javier Milei como ejemplo de lo que quiere para el país. Pero detrás de este marketing del éxito hay otra realidad: precarización laboral, falta de paritarias y otras irregularidades que afectan a sus trabajadores. Así lo viene denunciando la Asociación Gremial de Computación (AGC), que busca correr el velo de estas firmas tan publicitadas, y pide respetar las leyes laborales del país. Además, la entidad que lidera Ezequiel Tosco le apunta a los beneficios impositivos que tienen las principales firmas del sector, que desde hace unos años aprovechan estos beneficios para profundizar la concentración.
En este sentido, se difundió en los últimos días un análisis donde se establece que las dos principales empresas se llevan la mitad de los beneficios. Solo Mercado Libre, ejemplificaron, recibe “más de 100 millones de dólares en subsidios del Estado, lo que equivale a casi 500 mil jubilaciones mínimas”. El trabajo además propone una reforma de la ley para que se haga un mejor reparto de los recursos.
El informe del Observatorio de Trabajo Informático (OTI) de la AGC y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se centró en el análisis de los beneficios fiscales que se entregan en la actualidad en el país, especialmente a partir de la aprobación de la ley que crea el denominado Régimen de Economía del Conocimiento. En 2004, se recordó, se sancionó la Ley de Software para impulsar la industria hasta 2019.
Sin embargo, en 2020 “luego de un gran crecimiento del sector se prorrogó sin evaluar qué empresas aún necesitaban incentivos fiscales y, además, se amplió el alcance y se extendió el plazo de vigencia”. Allí comenzaron los problemas que viene denunciando el gremio.
“Esto distorsionó los objetivos iniciales de esta política, que buscaba incentivar nuevas industrias, no favorecer a las más grandes. Pasó de ser un régimen de promoción a uno de concentración”, afirmó el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial. En este sentido, confirmaron que “Mercado Libre, Accenture, Globant y Red Link se llevaron casi el 50 por ciento” de estos beneficios. “Desde 2020 en adelante los números de los balances de dichas empresas confirman las sospechas: la tendencia a la concentración sigue avanzando”, resaltó el análisis.
Según estimaciones 2023, que el informe utiliza, la Ley de Economía del Conocimiento “proyectaba 76 mil millones de pesos que representan el 0,04 por ciento del PBI”. Esto significa que para 2023 el régimen fue “más del doble que lo destinado al programa de Comedores y Merenderos Comunitarios”.
En estas comparaciones, agregaron, Mercado Libre recibió en 2023 “más de 100 millones de dólares en subsidios del Estado, lo que equivale a casi 500 mil jubilaciones mínimas”. De esta forma, estos beneficios fiscales, que no dejan de ser ingresos que el Estado deja de percibir para incentivar objetivos específicos, pueden alcanzar 2,5 puntos del PBI, pero sumados a otras erogaciones similares puede llegar hasta 5 puntos.
“El régimen beneficia a las empresas más grandes y la forma en que está redactado las favorece, acentuando las desigualdades”, concluyó el reporte del Observatorio OTI.
Promover o concentrar
Con los datos en la mano, la AGC puso en cuestionamiento la utilidad actual de la promoción que se hace en el sector, ampliado con las sucesivas reformas. “Básicamente la Ley de Software tuvo como intención crear un sector, que antes no existía”, explicó Esteban Sargiotto, titular del OTI. En este sentido, recordó que antes de la norma “tenías 20 mil trabajadores, y ahora tenés más de 100 mil”.
Por eso, en diálogo con Data Gremial consideró que “en ese punto el objetivo se logró, pero en lugar de terminarse y reformularse, lo que se hizo fue continuarlo y sumar a otros sectores distintos”. Ahí nace la ley actual, que habla de Economía del Conocimiento.
“La consecuencia de esta fue concentrar, no promociona más nada, y ahí están los datos que no dejan mentir”, afirmó Sargiotto. Otro punto que se cuestiona es la duración de los beneficios. “Los regímenes de promoción duran entre cinco y 10 años, y el más largo del que se tiene registro es de 24 años, con a la ley de Software y su continuidad vamos a cumplir 20 años en 2024, estamos ante un régimen más largo de la historia”, sostuvo el titular de OTI.
A este problema de concentración del régimen, destacó el reporte, se le suma la dificultad de acceso a la información: “Cuánto reciben en detalle cada una de las empresas en exenciones y subsidios es una información que aún permanece desconocida, a pesar de los pedidos y reclamos presentados ante los organismos del Estado correspondiente”. “No conocer los montos de los enormes beneficios que reciben estas empresas es inaceptable e impide la posibilidad de ejercer el control ciudadano en la gestión de los recursos públicos”, subrayó el trabajo.
Según cálculos oficiales, en 2022 las exportaciones en servicios basados en el conocimiento “representaron unos 7.565 millones de dólares”. De este modo, “el sector dejó de tributar al fisco, algo que venía haciendo desde septiembre de 2018”. Por eso, Sargiotto insistió que “desde el 2015 es cada vez más un régimen de concentración que de incentivo”.
Propuestas
Además de describir una situación que se viene profundizando en los últimos años, el gremio informático y su observatorio realizaron una serie de propuestas para mejorar estos beneficios, y evitar que profundicen la concentración en el sector, que además tiene condiciones laborales cada vez más cuestionadas.
En concreto, el informe propone “cambios legislativos concretos en la Ley Nacional de Procedimiento Tributario”, cuyo número es 11.683. En este sentido, “se proponen cambios fundamentales en materia de transparencia y rendición de cuentas, basados en estándares de Derechos Humanos y experiencias internacionales”.
Por un lado, se sugiere “el agregado del artículo 112 bis, que determine las bases para la creación de gastos tributarios, exigiendo un informe de motivos que sustenten la decisión, con los objetivos y metas físicas claras que persigue el beneficio tributario, y sujetándolos a un informe anual que evalúe la eficacia y eficiencia de la medida respecto del logro de los objetivos perseguidos y sus alcances, entre otras cosas”. Por otro lado, se propone “avanzar con la modificación del artículo 101, que regula el secreto fiscal, para eliminar la confidencialidad en casos de beneficiarios de estos gastos sobre la base de los principios de transparencia y acceso a la información, que se establecen como directrices clave en esta revisión normativa”.
“Le enviamos a varios diputados estas propuestas, con el único que tuvimos un diálogo interesado en armar algo fue el diputado nacional Eduardo Valdés”, sostuvo Sargiotto. Además, trabajaron con algunos equipos técnicos de otros legisladores, como el de Juan Pablo Carro. A partir de allí, el diputado junto a sus pares Itai Hagman y Hugo Yasky presentaron su propio proyecto de reforma del Régimen de Economía del Conocimiento, que entre otras diferencias tiene como objetivo financiar nuevas universidades.
En el caso de la OTI, las reformas propuestas apuntan a “mejorar la política de gastos tributarios, que en las últimas décadas se caracterizó por su opacidad, la falta de participación ciudadana y la consecuente influencia de sectores concentrados de la economía”. “Sólo con mayor información y supervisión de estas políticas se podrá mejorar la eficacia de esta política y su contribución a una mayor equidad en la utilización de los recursos públicos”, concluyó el observatorio en su reporte.