En su reciente visita al Papa Francisco, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó un informe sobre la actual situación en Argentina de las áreas que están bajo su órbita, donde se habla de la pobreza. El tema es especialmente sensible para el jefe de la iglesia, y no suele ser parte de la agenda discursiva del gobierno nacional. De hecho, en la presentación del Presupuesto 2025 no hubo mayores referencias. La funcionaria fue varias veces criticada por la falta de políticas para las situaciones críticas generadas por las políticas libertarias, y si bien no se conocieron detalles de lo que se llevó al Vaticano en materia de datos, se especula que se haya admitió un índice que marca la gravedad de la situación. Las especulaciones ubican esta tasa cerca del 50 por ciento, aunque un reciente informe habla de que en lo peor de la crisis más del 60 por ciento de los argentinos sufrieron este flagelo. Se trata de un reporte del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que analiza los datos disponibles sobre la situación económica social y deja un alarmante panorama que sólo se explica a partir de la “agudeza del cuadro recesivo”. Además, se aseguró que la mayoría de los índices de consumo popular se “siguen desplomando”.
El trabajo de la entidad que lidera el economista Claudio Lozano analiza los datos de consumo y de actividad, y concluyó que la pobreza es mucho mayor que la admitida por el gobierno, en el marco de un cuadro importante de recesión. “Luego del salto ocurrido por la mega devaluación en diciembre de 2023 y la inmediata desregulación de los precios, la tasa de pobreza escaló en enero 2024 al 61,9 por ciento”, afirmó la entidad en su reporte, al que tuvo acceso Data Gremial. Esto significa “un aumento de 18 puntos porcentuales respecto a noviembre del año anterior que luego fue bajando lentamente hasta estacionarse en el mes de junio, y sosteniéndose durante julio, en el 54 por ciento”. Pasado el peor momento, recalcó el trabajo, “la tasa de pobreza comenzó a descender a un ritmo lento y desacelerándose muy tempranamente”, y así pasó al 58,6 por ciento en febrero, al 55 por ciento en marzo, al 54 por ciento en abril y al 51,8 por ciento en mayo. “Hasta este mes duró la relativa mejora. En junio vuelve a subir 54,6 por ciento y en julio parece estacionarse cerca del 54 por ciento”, insistió el IPyPP
Es decir, “la reducción de la tasa mensual de inflación a un cuarto de lo que era en el primer trimestre (15 por ciento del primer trimestre versus el 4 por ciento en julio) redundó en una caída de la tasa de pobreza de apenas 4,7 puntos porcentuales”. En concreto, “la desaceleración del proceso inflacionario parece no contribuir en un ritmo equivalente a la mejora de los indicadores de condiciones de vida”. “La explicación se encuentra, en la agudeza del cuadro recesivo”, resaltó el informe. “A pesar de la desaceleración en la evolución de los precios, el derrumbe de la actividad y consumo parecen no encontrar piso. La mayoría de los conceptos que monitorean el consumo masivo y la masa de ingresos de los sectores populares mantienen al mes de julio caídas interanuales de dos dígitos”, analizó la entidad.
Impacto
Esta realizada que marca la pobreza hace que más allá del transitorio alivio que genera la baja de la inflación la recuperación no aparezca en el horizonte. Esto lo están viendo los gremios, que piden que se reabran las paritarias, algo que el gobierno está lejos de hacer. En el sector público nacional incluso busca dejar los aumentos por debajo del techo de octubre, un 2 por ciento. “Desde que asumió Javier Milei un trabajador del Estado perdió un 25 por ciento de su poder de compra”, dijo Raúl Llaneza, delegado de la Juna Interna del INDEC. En el marco del lanzamiento del informe mensual sobre “salario deseado”, el dirigente le dijo a Data Gremial que ante esta realidad se está exigiendo “una reapertura urgente de paritarias, además de un bono de 120 mil pesos mensual para todos los empleados públicos, no importa su condición de contratación”.
Llaneza rechazó como casi todo el arco sindical el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que empeora las condiciones de los pasivos respecto a los índices de pobreza y consumo. “El veto a la nueva fórmula muestra el desprecio que tiene el gobierno de La Libertad Avanza con los trabajadores en general y los jubilados en particular”, dijo el referente de ATE-INDEC. Solo si tomamos el valor de la canasta que mide la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que se actualiza dos veces al año, su último dato a marzo del corriente año es de 685.041 pesos. “Simplemente actualizando esa suma con la inflación acumulada desde marzo a agosto 2024 el monto debería ser de 876.852,48 pesos”, agregó Llaneza.
Otros indicadores
En tanto, el IPyPP mostró cómo otros indicadores muestran que la recesión está lejos de llegar a su fin, por lo que se habla que el piso que habla el gobierno, que permitiría la supuesta recuperación, “está lejos”. El índice de ventas de los supermercados, por ejemplo, “refleja la primera reducción importante también en enero (-13,9 por ciento) que se sostiene al mes siguiente (-11,4 por ciento)”. Prontamente, en abril, “la actividad vuelve a deprimirse significativamente que parece comenzar a ceder durante mayo y junio, pero en julio un nuevo retroceso hace tomar mayor impulso a la retracción de las ventas”. Por el lado de los indicadores seleccionados que aproximan a la situación del poder adquisitivo de los conceptos de ingresos más relevantes en la población, “se verifica que las caídas han comenzado a ocurrir en diciembre (en los referidos al consumo se daba mayoritariamente en enero) al tiempo que la magnitud del retroceso es muy superior”.
En cuanto a los aportes personales que representan la recaudación vía el descuento salarial a los trabajadores formales “reflejan la dinámica de los salarios y la evolución del nivel de empleo de este segmento”. Con lo cual la combinación de pérdidas de puestos de trabajo –que hasta el mes de mayo a 160 mil- y el recorte del poder adquisitivo generaron que, desde diciembre 2023 hasta abril 2024, “la magnitud de la caída estuvo entre el -20 y -30 por ciento”. Los últimos tres meses (mayo, junio y julio) reflejan una atenuación de la caída conforme a la desaceleración de la inflación, pero el resto de los conceptos de ingresos como las jubilaciones, las asignaciones familiares, la AUH y los programas sociales “son los que marcan el recorte más severo de todas las series en enero 2024, del -32,9 por ciento”. “La magnitud de ese derrumbe, si bien cede lentamente, continúa en niveles altos sin una tendencia a la recuperación (que significaría ceder en la caída). Más aún, durante junio se repite una caída interanual de relevancia, del -17,2 por ciento”, concluyó el trabajo.