Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se inició un proceso de desregulación del sistema de salud, alentado la participación privada y dejando de lado la tutela pública de la atención. Esto comenzó con la libertad a prepagas para que aumenten sus cuotas –algo que se descontroló al punto que el propio ministro Luis Caputo criticó a las firmas –hasta una serie de medidas que afectan el funcionamiento de las obras sociales sindicales, la otra pata de la seguridad social. la situación del sector es grave, ya que a los problemas financieros se suman estas iniciativas, que ponen en peligro la sustentabilidad de todo el sistema. En este contexto, IOSFA, la obra social de militares y fuerzas de seguridad, tiene un doble problema. Además de verse afectada por este panorama, sufre el ajuste sobre el gasto y los empleados públicos, lo que dificulta su normal funcionamiento. Esta semana, en el marco de la declaración del estado de “alerta y movilización”, los delegados de ATE denunciaron que por esta situación hay “prestaciones en peligro”, ya que no hay trabajadores para cargar los reintegros, por ejemplo. El sistema está en pleno reacomodamiento, pero hay peligro de colapso, dicen los especialistas.
Con una protesta frente a la sede central de la entidad, los trabajadores del IOSFA reclamaron por la situación que vive la obra social, la tercera más grande en materia de afiliados. La jornada de lucha fue convocada por la Junta Interna del IOSFA, y apuntó a una reunión con el interventor de Oscar Sagas, nombrado por el ministro de Defensa Luis Petri. El pedido es claro: reincorporación de todo el personal que fuera despedido en enero del 2024 cuando comenzó su mandato a cargo de la obra social. “Por la falta de trabajadores, que fueron cesanteados, hay áreas virtualmente paralizadas”, le dijeron a Data Gremial fuentes del sector.
Una de ellas es la de prestaciones y reintegros, que hoy “corren peligro porque no hay gente que cargue esa información para los prestadores”. “Hoy en día esa información está retrasada, y pese a que muchos empleados colaboran, la situación es dramática”, agregaron las fuentes consultadas. A esto se le suma la posibilidad de una privatización. En una carta enviada al interventor, ATE pidió que se aclaren estas versiones.
Además, como sucede en todo el Estado nacional, el tema salarial es clave. En este punto el gremio estatal asegura que buena parte del personal cobran “por debajo de la línea de la pobreza. “IOSFA tiene a sus trabajadores con sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza, percibiendo salarios de 510 mil pesos”, denunció en esa carta ATE. Por eso el nuevo reclamo. “Hoy los trabajadores de la IOSFA no llegan al día 15 del mes y esta gestión no se da cuenta de lo que le pasa a los trabajadores que ya empezado a vender sus muebles y electrodomésticos para poder pagar alquileres o poder dar de comer a sus familias. Hasta cuando Sagas y Petri van sostener a los trabajadores en la indigencia”, denunciaron desde el gremio.
Magnitud
Por volumen de afiliados, el IOSFA es la tercera obra social de toda la Argentina, y atiende a los integrantes de las Fuerzas Armadas –Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina –y a las fuerzas de seguridad – Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional – que garantizan la cobertura médico-asistencial y social en todo el país. El propósito de IOSFA es “articular y garantizar la cobertura para la atención médico asistencial y social a sus afiliados, mediante la formulación y operación de un Programa Integral de prestaciones que supere a las actuales”.
Además, la entidad es la única obra social nacional que se mantiene con trabajadores del Estado y funciona con un sistema solidario donde quienes trabajan también son prestadores de la obra social. “De ahí la importancia de que sea estatal y de que conserve tanto a sus beneficiarios como su sistema solidario”, dijo ATE cuando rechazó su privatización. En este sentido, el gremio aseguró que “vamos a seguir luchando para que la salud siga siendo un derecho para todos y todas”.
Reforma
La denuncia de los delegados de ATE en el IOSFA se da en momentos que una serie de medidas está transformando la seguridad social, desregulado un sector clave para la salud argentina. Una de las primeras fue el decreto 170/2024, que permite que los trabajadores se cambien de una obra social sindical a una prepaga sin necesidad de esperar un año. Además, a partir del 1 de diciembre de 2024 todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social, deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud con encuadre en el inciso I del artículo 1 de la ley 3.660.
La medida del Gobierno significa el abandono de la triangulación de fondos de las empresas de medicina, prepaga hacia las obras sociales. Esta no fue la única medida vinculada a las entidades, ya que otra resolución habilita a darle mayores recursos a las obras sociales sindicales, frenando las transferencias a entidades chicas, conocidas como "sellos de goma".
En tanto, mediante la resolución 1926/2024 y sus modificaciones, se habilita a estos Agentes del Seguro de Salud a "fijar libremente los valores de los coseguros de las distintas prestaciones médicas comprendidas". Este costo deberá ser informado al momento de la afiliación y la variación de los mismos también debe reportarse con 30 días de antelación.
Los copagos o coseguros son los bonos que se pagan para realizarse determinadas prestaciones, y que están por fuera de las cuotas o los aportes. La regulación determinó dejar "sin efecto los aranceles vigentes en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y sus normas complementarias, que no se encontraren exentas conforme el marco normativo vigente; los que podrán ser fijados libremente por parte de las entidades".
Las medidas tuvieron un efecto negativo en el sistema de atención. Un reciente reporte de la Fundación Soberanía Sanitaria encontró “una tendencia hacia la libertad de facturación y un ataque a la salud pública”, a partir de estas medidas. La entidad analizó la gestión de Javier Milei y encontró una marcada tendencia hacia estas prácticas, que ponen en peligro el modelo sanitarista que rige en el país. Según el informe desde el Estado Nacional, se implementaron una serie de medidas a partir del decreto presidencial que "impactaron directamente en el acceso a los medicamentos en todo el territorio nacional, así como en su uso racional".
Estas políticas generaron al menos dos consecuencias que afectaron la salud de la población de manera significativa. El estudio concluyó que "las políticas de desregulación económica impulsadas por el gobierno de Javier Milei tuvieron un impacto negativo en el acceso a los medicamentos, aumentando significativamente sus precios y disminuyendo su disponibilidad. Esto, sumado a la liberalización de la condición de venta de ciertos medicamentos, ha generado serias implicaciones tanto económicas como sanitarias, afectando negativamente a la salud de la población".