Las ciudades de Allen y Añelo, en Río Negro, fueron sacudidas el jueves pasado con la noticia de que NRG Argentina, la empresa que comercializa arena para hidrofracturas, despidió a 185 trabajadores. Desde la subsecretaría de Trabajo de Neuquén se convocó a la empresa, operadoras y gremios a una conciliación. Desde el sindicato, sin embargo, anunciaron que si este martes los trabajadores no son reincorporados, se impedirá el acceso a yacimientos de Vaca Muerta.
Cien choferes de camiones y 85 trabajadores que se encontraban encuadrados como petroleros es el saldo total de despedidos. Desde la compañía respondieron señalando que “la demanda real del mercado no se condice con las expectativas que se esperaban para este año. No estamos contentos con la decisión de despedir gente, pero para que la operación continúe no hay margen para otra cosa”. Gustavo Sol, secretario general de Camioneros Río Negro respondió: “No podemos permitir que tantas familias se queden sin trabajo en esta fecha tan cercana a la Navidad”.
El dato crucial habría sido la caída en la cantidad de fracturas y su impactó de lleno en las operaciones de la compañía. En los datos: la firma pasó de vender un promedio de 125 mil toneladas por mes a menos de 75 mil toneladas. Según el informe por la consultora NCS Multistage, desde agosto, Vaca Muerta registró dos meses consecutivos con una baja en la cantidad de etapa de fracturas: en julio fueron 1658, en agosto 1465 y en septiembre 1403.
Desde la compañía apuntan también que las inversiones esperadas en la industria no fueron las esperadas, lo que terminó afectando las ventas de arena: “En los últimos meses la caída fue abrupta”, señalaron. De allí que es en ese punto donde encuentran su “justificativo” contra los despidos, para “evitar” un riesgo mayor que ponga en jaque el resto de las 600 fuentes de trabajo que se reparten entre las plantas que la compañía posee en Allen, las bases de acopio en San Patricio de El Chañar y Añelo y las canteras de Entre Ríos.
Además, otro de los argumentos utilizados radica en que varias operadoras volvieron a las arenas de lejanía que se produce en Entre Ríos, donde los precios serían “más competitivos”. En ese sentido, explicaron que los empleados de Neuquén o Río Negro están registrados bajo convenios de Camioneros o Petroleros, lo cual encarece el pago de la mano de obra. En cambio, las canteras entrerrianas tendrían a sus trabajadores como monotributistas o bajo convenios de minería.
Causa judicial por fraude en pago de sobre importaciones
En marzo de este año, el juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay ordenó la clausura de la investigación y la elevación a juicio oral de una de las maniobras más grandes y con mayor cantidad de pruebas de la historia judicial referido a la sobrefacturación de importaciones, triangulación del dinero y posterior reingreso de los fondos en el circuito financiero.
El caso no estuvo exento de polémicas y contó, además, con la colaboración en el intercambio de información con Estados Unidos, quién envió informes reservados relativos a NRG Argentina SA, sus accionistas y empresas relacionadas. En total, se “inflaron” 24 importaciones de maquinaria pesada, destinadas a operar en Vaca Muerta. En realidad, el objetivo era hacerse dólares del BCRA a tipo de cambio oficial para sacarlos al exterior, donde se desviaron unos u$s 92.339.778 que terminaron liquidados mediante instrumentos financieros, aprovechando la brecha.
En un comunicado difundido en 2023, la Aduana Argentina remarcó que se trata del "primer precedente" en el que gracias al intercambio de “información tributaria con Estados Unidos”, se probó una maniobra de sobrefacturación de importaciones y se rastreó el flujo de dinero excedente (de la supuesta sobrefacturación) que terminó liquidado en una sociedad de bolsa local".
El dato sorpresivo de esta causa fue que dos de los principales imputados elevados a juicio cambiaron ahora de abogados, Güercio y Strier. Removieron a los especialistas en temas aduaneros que actuaron durante la instrucción y presentaron como defensores al estudio Cúneo Libarona, actualmente conducido por los hermanos del actual Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
El caso
Durante el juicio se comprobaron todos los extremos de las maniobras que, mediante sobrefacturar bienes importados, obtenían dólares oficiales y además, lograban una ganancia a través de un “rulo” en el sistema financiero. La Aduana, durante la gestión de Guillermo Michel presentó múltiples denuncias penales por al menos U$S 3 mil millones en operatorias irregulares descubiertas a través de la división Máquinas de Valoración de Aduana y para este caso recibió apoyo de Homeland Security de los Estados Unidos para corroborar parte de la ruta del dinero.
Esos informes de inteligencia permanecen bajo reserva y apuntaron a datos bancarios que confirmaban que uno de los empresarios era apoderado de la cuenta bancaria estadounidense del otro, lo que significaba un nexo directo. Además, detallaba cómo se habían movido los fondos. Las defensas pretendieron impugnar el informe hasta buscaron tener acceso, pero el magistrado lo denegó en base a la confidencialidad que requería el acuerdo.
Al momento, la causa se encuentra pendiente de resolución.