El Gobierno Nacional oficializó esta semana a través del Boletín Oficial el decreto 37/2025, que determina un nuevo Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE), e impulsa cambios en el sector. De esta forma se buscará “reglamentar la navegación, proveer a la seguridad de los buques, bienes y las personas en las aguas, como también a la preservación del medioambiente, acorde con los actuales escenarios para el desarrollo del comercio nacional e internacional”.
El decreto determina que los nuevos cambios serán implementada por la Prefectura, sin embargo al mismo tiempo, le quita gran parte de su capacidad operativa que será reemplazada por “sociedades de clasificación privadas”, como señaló Federico Sturzenegger en su cuenta de X. Además se prescindirá de la contratación de los “serenos o baqueanos”, personas encargadas del mantenimiento y seguridad de los barcos bajo el argumento de que se trata de una actividad medieval ya que “los serenos detentaban posiciones hereditarias”.
En ese sentido, la semana pasada desde la CATT se produjo un pronunciamiento en respaldo a los trabajadores del sector marítimo en el marco de la movilización que se realizó en el Congreso el 14 de enero. Allí los gremios marítimos exigieron políticas para proteger la industria nacional y garantizar la seguridad en el transporte, a contramano del decreto recientemente emitido por el Gobierno.
Uno de los reclamos más fuertes del sector tiene que ver con la posible reforma o derogación de la Ley de Cabotaje, donde advirtieron un “posible plan de entrega de los recursos nacionales” y se comprometieron a defender los puestos de trabajo y la soberanía marítima.
El nuevo REGINAVE
La nueva disposición establece “modificar el Decreto N° 890/80, que aprobó el Regimen de la Seguridad Portuaria (REGISERPORT) y estableció, entre otros aspectos, la obligación para los buques, estando en puerto, de contratar serenos, ya que dicho servicio no está alineado con los estándares modernos de seguridad de los buques y puertos, en atención a que la ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI)”, mediante el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, estableció nuevas medidas y estándares de seguridad".
Por otra parte se establece la eliminación de las autorizaciones a navegar por zonas, pasando todas a ser ahora de carácter nacional. Además, la inspección técnica pasará a certificarse por ingenieros particulares o las mencionadas sociedades de clasificación privadas: “esto implica más flexibilidad y menores costos”, agregó al respecto el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Otra de las disposiciones habilitadas es que a partir de ahora cada armador de barco, es decir la persona o empresa que se encarga de la navegación del buque, podrá disponer de los repuestos que quiera llevar arriba del barco, sin ninguna regulación o certificación habilitante más que la decisión personal del navegante. También pasará a ser opcional la contratación de baqueanos, y “se aceptará todo dispositivo de seguridad avalado por las sociedades de clasificación, bajando a un tercio los precios de muchos insumos de la navegación (antes cautivos a ciertos productores locales)".
Días atrás, desde el SOMU expresaron: “vamos a ofrecer una resistencia a este gobierno para que sigamos teniendo trabajo y las familias de los marítimos puedan comer”, y “no nos vamos a conformar con que nos dirijan a los pechazos y nos quieran dejar de costado y traer las banderas de otras nacionalidades con trabajadores de otros países”. Además destacaron la necesidad de la unidad gremial en el conflicto.
Por su parte, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo sentenció: “las políticas que amenazan el futuro de nuestra actividad, promoviendo la apertura indiscriminada del mercado de cabotaje y poniendo en riesgo no solo la soberanía, sino también los derechos de los trabajadores y el desarrollo económico nacional”, indicó la organización que conduce el Capitán Mariano Moreno".
Crítico momento para el sector que meses tras meses viene perdiendo soberanía marítima, fluvial y terrestre sobre los suelos argentinos. Múltiples movilizaciones se sucedieron en 2024 frente a los rumores de privatización de la Escuela Nacional de Pesca por parte del Gobierno Nacional., entre otras medidas. Tanto SICONARA, como el SOMU y el Centro de Patrones rechazaron expresamente la intención de la Armada de desarticular la institución ante un supuesto “déficit económico” por una “mala asignación de los recursos”.