Entre los proyectos que el gobierno nacional quiere discutir en sesiones extraordinarias, se encuentra la denominada Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado, una propuesta para darle más poder al Ministerio de Seguridad para la lucha contra este flagelo. La norma, conocida popularmente como “ley anti mafias”, genera preocupación entre los gremios y organizaciones sociales y de Derechos Humanos, ya que temen que se use para atacar las organizaciones populares. Por eso, presentaron una carta a los senadores para que no aprueben la propuesta del oficialismo.
El documento lleva la firma de la conducción nacional de la CTA Autónoma, organismos y personalidades de Derechos Humanos, quienes rechazaron este proyecto, que según explicaron “está plagado de problemas dogmáticos que vulneran entre otras cosas institutos elementales básicos, a los que debe someterse la legislación penal de nuestro país por imperativo constitucional”. Entre los temas cuestionados se nombra “el principio de legalidad, el principio de responsabilidad por el hecho del que se es autor (derecho penal de acto), al atribuir sanción penal a una persona por integrar un grupo determinado sin haber cometido ningún hecho”.
La solicitud lleva las firmas de Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma; Adolfo Pérez Esquivel, presidente Honorario SERPAJ; Ana María Careaga, co-presidenta del Instituto Espacio para la Memoria; Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas y vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas; y de Iris Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Asimismo, adhieren a la presentación Eugenio Raúl Zaffaroni, Baltazar Garzón Real (Jurista Español) y Roberto Pompa (presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo).
Alerta
El escrito hace un pormenorizado análisis del proyecto denominado “Proyecto de ley contra el crimen organizado”, impulsado por el ejecutivo, y que ya fue tratado en carácter informativo por el plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales el pasado 6 noviembre y sostiene que “además de estas cuestiones muy graves, como la supresión de garantías procesales y conflictos de jurisdicción -entre otros-, el proyecto se explaya sobre otros aspectos más preocupantes que se vinculan con las diversas autorizaciones de actuación que brinda a las fuerzas de seguridad”.
Además, se fundamenta sobre su “Inconstitucionalidad, inconvencionalidad”, dado que se pretende “una reforma ilegal del estado de sitio constitucional” dado que se podrían instaurar la denominada “zona de investigación especial” con atributos discrecionales para las fuerzas de seguridad de “detener personas sin orden judicial reemplazando la exigencia legal de sospecha de comisión de un delito” de los códigos procesales del país por el ligero motivo de “averiguación” por plazo de hasta 30 días (art. 6)”.
Objetivo real
El proyecto de ley implica una “supresión de garantías procesales constitucionales y convencionales”; y genera un “conflicto jurisdiccional federal y otras inconstitucionalidades”, insisten. Del mismo modo, se preguntan “cuál es el objetivo real de la denominada ‘ley anti mafia’: La respuesta a la pregunta efectuada al final del anterior apartado, debe ser analizada a la luz de diversas políticas económicas y sociales del actual gobierno, en combinación con los decretos y protocolos en materia de seguridad, y otros proyectos de ley en materia penal sancionados y en ciernes”. Este proyecto se inscribe, entonces, en el marco de toda “una serie de respuestas represivas que desde el decreto 70/23 y la denominada ley Bases, el gobierno ha venido impulsando”.
Por su parte, CORREPI y el resto de las 120 organizaciones nucleadas en la Red en Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia continúan realizando “acciones de cabildeo”, aunque con poca respuesta, para informar a los legisladores de los altos riesgos que trae aparejada la reforma normativa. Como también señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de aprobarse esta norma se habilitará una especie de “estado de excepción que otorga facultades extraordinarias a la policía” también “para operar en barrios pobres”.