A casi un año del conflicto en la empresa bonaerense Lácteos Vidal, la cual se negó de manera constante a cumplir los fallos judiciales, comenzó una campaña de descalificaciones hacia el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 69, José Ignacio Ramonet. Ante ello, la Asocación Nacioanl de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) emitieron la solidaridad a su colega y manifestaron su “más honda preocupación”. También se sumó el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, quién repudió los ataques al funcionario judicial.
Tal como informó este medio, la semana pasada se conoció el fallo del juez Ramonet en el cual ordena un embargo por el monto de $ 5.044.000 a la empresa denominada Lácteos Vital. La medida judicial se debe al incumplimiento de la sentencia anterior emitida por el mismo órgano el pasado 9 de mayo donde ordenaba a la patronal la inmediata reincorporación de todo el personal despedido, en el marco de una huelga iniciada el 18 de julio de 2022, acompañada por el gremio ATILRA.
En dicha resolución, Ramonet impuso a los empresarios -la familia Bada Vázquez- el pago de sanción económica, estimada en unos 10.000 pesos por día por cada trabajador por los que incumpla, es decir, es decir, $290.000.
Luego de conocerse el último fallo, la dueña de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez, salió a criticar al juez: “insiste en violar mi derecho de propiedad privada. No me autorizó la sustitución del embargo. No respetan la libre contratación, me quiere obligar a reinstalar gente que ya despedí”. Así comenzó a replicarse en varios medios opositores, ya que también recibió desde el primer momento el apoyo de la abogada del PRO Florencia Arietto del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB).
Apoyos solidarios
“Ante los hechos difundidos en diversos medios periodísticos y sitios de internet, que dan cuenta de una indiscriminada lapidación mediática, así como de la promoción de ´escraches´ contra el Juez a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 69, Dr. José Ignacio Ramonet -motivadas por el dictado de una resolución pronunciada en ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales que les han sido constitucional y legalmente atribuidas, y que fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal de revisión competente- la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) manifiesta la solidaridad con el magistrado afectado, y expresa su más honda preocupación, exhortando a todos los actores involucrados a respetar las decisiones que los jueces y juezas laborales adoptan en el marco de las causas sometidas a su conocimiento”, expresaron desde el agrupamiento liderado por juez laboral Juan José Orsini.
Asimismo, la misiva continua: “ante las livianas descalificaciones que -sin rigor jurídico alguno- pretenden hacer aparecer como ´extorsivas´ las medidas adoptadas por los trabajadores y las trabajadoras en ejercicio de sus derechos colectivos, recordamos que -según lo establece nuestro orden jurídico constitucional (arts. 14 bis y 75.22, C.N.) y lo ha destacado en forma reciente y categórica la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva N°27/21, del 5/5/2021)- los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son derechos humanos de máxima jerarquía que deben ser imperativamente protegidos por los distintos poderes del Estado”.
Asimismo, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo también expresó su solidaridad y “repudia los ataques de que fuera objeto el Juez de Trabajo de la República Argentina, José Ignacio Ramonet, con fundamento en haber ordenado la reinstalación de trabajadores y la aplicación de astreintes para su cumplimiento, lo que significa además, a no dudar, una velada amenaza a la independencia de la totalidad de los jueces y magistrados de ese país y un intento inaceptable de disciplinamiento de los mismos a factores internos como externos de presión”.
Por último, la Asociación Latinoamericana recordó que la protección de las libertades y garantía de eficacia de los derechos de los ciudadanos se asienta en un sistema que garantiza la independencia de los jueces contra el abuso del poder por parte del Estado. “Tal garantía sería ilusoria si los jueces puedan ser destituidos por las sentencias que dicten en ejercicio de sus funciones”, concluyeron.