Tal como lo venían denunciando los gremios, el gobierno de Javier Milei está llevando a cabo despidos masivos en la administración pública nacional. Se calcula que son casi 20.000 trabajadores estatales que están recibiendo la comunicación de que sus contratos no serán renovados.
Según los sindicatos estatales, la ola de despidos podría derivar en una ola de juicios por parte de empleados de “planta transitoria”, lo que afectaría hasta personal con más de 20 años de antigüedad como también a los monotributistas que facturan en un régimen de contrato a término.
Por su parte, Andrés Rodríguez, secretario general de la UPCN, señaló que lo que viene tras las nuevas tandas de despidos es una ola de juicios, en las que el Estado lleva las de perder.
Vale mencionar que desde que asumió el presidente neoliberal Javier Milei se mantuvo un discurso de ajuste del Estado en el denominado “plan motosierra”. En particular sobre el personal de la administración pública nacional plantearon la necesidad de terminar con el “empleo militante”, así como de poner orden ante la proliferación de “ñoquis” que no cumplen tareas o concurren a sus puestos de trabajo.
La advertencia inicial era que se haría una auditoría para analizar, oficina por oficina, dónde estaban las irregularidades, y se aclaró que quienes cumplieran con sus obligaciones no tendrían motivo para temer por su estabilidad laboral.
De hecho, la queja de los sindicatos es que las prometidas auditorías con el relevamiento de las tareas asignadas a cada persona no se realizaron. Y que una situación que se repite en estos días es la llegada de autoridades nuevas, que no conocen al plantel, pero tienen el mandato de hacer un recorte de 20 por ciento en el personal a su cargo.
Justicia laboral
La planta transitoria fue originalmente pensada para trabajos de duración breve, aunque el empleado también tiene derecho a tener aportes en la seguridad social, cuenta con cobertura médica, puede gozar de licencia y los mismos derechos que los funcionarios de la planta permanente.
Con el tiempo, este régimen se fue deformando, a tal punto que muchos trabajadores tienen más de 10 años de antigüedad y que, a todos los efectos, cumplen las mismas tareas y tienen las mismas obligaciones que los de planta permanente, pero figuran como contratados para una tarea a término.
Ante esta ola de despidos, los dirigentes gremiales de los empleados estatales que ante una desvinculación como las que se están produciendo en estas horas, un empleado de planta transitoria tiene derecho a darse por despedido.
A su vez, hay antecedentes en el fuero laboral sobre casos en los que pese a que formalmente el empleado figura como contratado, el juez considera la existencia de facto de una relación de dependencia. Y, por consiguiente, el fallo ordena que el empleado sea indemnizado con los mismos derechos de un empleado de planta permanente.
Po último, se calcula que en la administración del gobierno central hay unos 400.000 empleados, pero se estima que este número crece a casi cuatro millones si se consideran, además, los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de la banca estatal y de universidades y organismos autónomos.