El gobierno de Javier Milei anunció el despido de 2.400 empleados pertenecientes al Ministerio de Justicia y se eliminó un incentivo que apuntaba a capacitaciones, bajo el argumento de que en la práctica no se aplicaba.
"Se eliminaron dos nuevos curros de la política relacionados al rubro automotor. El Ministerio de Justicia decidió poner fin a las contrataciones irregulares que se llevaban a cabo a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el Sistema Nacional de Empleo Público", sintetizó el vocero presidencial Manuel Adorni, en una conferencia de prensa realizada este martes en la Casa Rosada.
ACARA es la institución que representa a todos los Concesionarios Oficiales de Automotores en la República Argentina, desde hace 79 años. Luego, se convirtió en un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor durante el gobierno de Raúl Alfonsín en la década del 80.
Además se anunció la supresión del pago de incentivos al personal del Ministerio que representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos. “Todos estos incentivos se pagaban en un principio para que los empleados se capaciten, pero como todas estas cosas que pasan en el Estado, se terminaron desvirtuando y se terminaron convirtiendo en parte del sueldo, sin que del otro lado haya ningún tipo de capacitación o cuestión que haga que eso se justifique”, retomó Adorni.
En este sentido también señaló que la Secretaría de Transporte le retiró al sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) la exclusividad para la capacitación a conductores profesionales, actividad que le habrían generado ingresos de casi 11.000 millones de pesos desde 2019.
De esta manera, a partir de ahora, aquellos organismos que quieran ofrecer capacitaciones para conductores podrán hacerlo cumpliendo con una serie de medidas impulsadas por el Gobierno para garantizar una mayor desregularización y “libre competencia”.
En esta línea, la Agencia Nacional de Seguridad Vial abrirá un registro en aproximadamente 10 días en el que podrán inscribirse los nuevos prestadores. Hay 55 mil choferes que por año deben renovar este tipo de licencias. “Como dijimos siempre, y como lo venimos haciendo, toda caja que encontremos donde es negocio de pocos en detrimento de muchos, se va a eliminar”, finalizó el Vocero presidencial.
Un sector al que apunta el gobierno
Días atrás, y a través de un tweet del Ministro de Desregulación Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se hizo efectiva la implementación de la Resolución 57/2024, la cual bajo el argumento de “generar competitividad en el sector”, se propone que cualquier persona que tenga una propiedad, de vehículo grande o pequeño, pueda convertirse en proveedor de transporte de pasajeros.
Una medida muy sensible que afecta especialmente a los sindicatos del sector, que manifestaron que una iniciativa de este calibre permite la proliferación de servicios irregulares y no autorizados, que no cumplen con las normas de seguridad y calidad establecidas.
Esta resolución viene en consonancia del Decreto 883/24 aplicado semanas atrás donde se liberó el tránsito interjurisdiccional, así como también el de las conexiones aeroportuarias.