El gobierno de Javier Milei reglamentó la reforma laboral, una medida que provocó intensos debates entre legisladores, empresarios y sindicatos. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentaron el decreto 847/2024 con el objetivo de "modernizar" las leyes laborales en Argentina, considerándolo como "una modernización histórica". No obstante, las repercusiones de esta reforma sobre los derechos de los trabajadores están bajo la lupa por su carácter regresivo ye, en algunos casos, por puntos que podrían ser anticonstitucionales.
Los principales puntos del decreto de reglamentación
El decreto reglamentario establece normas para regular el trabajo no registrado y propone un sistema opcional de indemnizaciones, permitiendo una modificación del modelo actual hacia uno basado en el “fondo de cese laboral”. Según Cordero, esta medida tiene como objetivo fomentar el empleo formal y reducir la informalidad, que afecta al 50% de la población laboral en Argentina. La idea es ofrecer libertad a empresarios y trabajadores para que acuerden condiciones que sean beneficiosas para ambas partes en los convenios colectivos.
No obstante, surge una pregunta crucial: ¿realmente esta “modernización” beneficiará a los trabajadores? La historia reciente de las reformas laborales en Argentina indica que los intentos de flexibilización suelen resultar en mayor precarización y pérdida de derechos para los empleados. Las promesas de incremento en la inversión y creación de empleos asociadas a estas reformas no se han materializado.
Blanqueo laboral y condonación de deudas
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la regularización del trabajo no registrado. Se contempla una condonación de deudas por aportes y contribuciones para las empresas que formalicen a sus trabajadores, con descuentos de hasta el 90% para las microempresas. Fariña, secretario de Transformación del Estado, sostiene que esta medida incentivará a las empresas a formalizar su plantilla laboral, lo que debería resultar en un aumento del empleo formal.
Sin embargo, este blanqueo puede interpretarse como un perdón para aquellas empresas que han incumplido con sus obligaciones laborales, y no incluye garantías para mejorar las condiciones de los trabajadores que han estado en la informalidad.
Un sistema optativo que podría precarizar el trabajo
El sistema indemnizatorio opcional es otro de los aspectos más discutidos de la reforma. Este mecanismo, establecido de forma voluntaria, permite a las empresas negociar un régimen diferente al tradicional de indemnización por despido. Si bien los trabajadores pueden optar por permanecer en el régimen actual, la presión en los convenios colectivos podría llevarlos a aceptar este nuevo modelo, en detrimento de su seguridad laboral.
Asimismo, la figura del “trabajador independiente”, que permite a estos empleados contratar hasta tres colaboradores sin relación de dependencia, ha sido criticada por los sindicatos, que la consideran una vía hacia la precarización laboral.
4 puntos clave para entender la reforma:
1. Modificación del régimen indemnizatorio: La reforma introduce un sistema opcional que permite a las empresas alterar el régimen de indemnización, lo que podría comprometer los derechos de los trabajadores.
2. Condonación de deudas: Se ofrecerán condonaciones a las empresas que formalicen el trabajo no registrado, pero esta medida no garantiza mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores afectados.
3. Riesgo al derecho a la protesta: Un artículo que clasifica los bloqueos sindicales como injuria grave amenaza el derecho de los trabajadores a manifestarse.
4. Precarización del empleo: La figura del “trabajador independiente”, que permite contratar hasta tres colaboradores sin relación de dependencia, podría facilitar la precarización laboral.