Este miércoles, el representante legal del sindicalista de la construcción Juan Pablo "Pata" Medina reclamó la confirmación del procesamiento del ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas y otros seis ex funcionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Y también pidió revocar la falta de mérito a los empresarios que fueron a una reunión en la sede porteña del Banco Provincia, en la cual se armó un "plan" para encarcelarlo en 2017.
Todo se conoció recién cuatro años más tarde, cuando personal de la AFI se encontraba realizando una limpieza de los discos dura y halló el video de la reunión. Allí se escuchó al ex ministro bonaerense decir: “Si yo tuviera una Gestapo para terminar con los gremios, lo haría”. Por ello, la causa es conocida como “Gestapo Pro”, “Gestapro”, o bien “mesa judicial bonaerense”.
Actualmente, la decisión la debe dictaminar la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. La causa se inició en los Tribunales Federales de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, quien ya falló el procesamiento de los siete exfuncionarios y luego pasó a los tribunales de Comodoro Py.
En tanto, los procesados por el delito de “violación a la Ley de Inteligencia y supuesto prevaricato” son el exministro Villegas; el intendente de La Plata y candidato a la reelección, Julio Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos y candidato a intendente de La Plata, Juan Pablo Allan; y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).
Relato judicial: Qué sucedió
Durante la audiencia ante el Tribunal de Apelaciones, el letrado del Pata Medina relató que esa reunión -ocurrida el 15 de junio de 2017- tuvo lugar poco después de un encuentro entre la ex gobernadora Vidal y el dirigente de la UOCRA nacional Gerardo Martínez, "quien da el beneplácito para avanzar contra Medina", sosteniendo una histórica enemistad.
Cabe recordar que Medina fue detenido tres meses después de la famosa reunión, el 26 de septiembre de 2017, por orden del juez Federal de Quilmes, Luis Armella. Como consecuencia, estuvo durante más de dos años presos en el penal de Ezeiza, hasta que en febrero de 2020, la Cámara Federal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
Casualmente, "Medina tenía más de 15 causas en tres meses, después de esas reuniones", dijo el abogado ante los jueces. Con respecto a los empresarios que estuvieron presentes ese día -Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski-, reclamó que también sean procesados porque "es absurdo" suponer que no entendieron lo que sucedía.
En ese marco, Albarracín solicitó una pronta resolución ratificando el procesamiento de los políticos y empresarios. Mientras que, al finalizar la audiencia, el líder de la UOCRA La Plata, afirmó que “se trató de una mesa diabólica”.
El video: espionaje PRO
El espionaje fue un pilar importante en el gobierno de Mauricio Macri y manejado por todo el PRO. El 14 de junio de 2017 se registró el ingreso de personal de la AFI a la sede central del Banco Provincia en la Capital Federal, supuestamente para instalar las cámaras, y al día siguiente se llevó adelante la reunión.
Ninguno de los presentes tenía conocimiento de las grabaciones que hicieron los agentes de la AFI, y, por ende, no habían dado su consentimiento.
Cuatro años más, el video fue descubierto por personal de la inteligencia de ese momento, mientras realizaba tareas de rutina de limpieza de discos duros. Rápidamente, la interventora del organismo, la abogada Cristina Caamaño, entregó de inmediato el material a la justicia y realizó la denuncia correspondiente.