La construcción en la Argentina perdió más de 80 mil puestos de trabajo desde diciembre pasado, cuando asumió el presidente Javier Milei. De esta forma, de los 440 mil trabajadores que había en julio pasado, se redujeron un 11 por ciento hasta fines de año, un 18 por ciento en enero y un 20 por ciento en febrero, y se estima que en marzo “continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída”. Así lo afirma un estudio realizado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, quien adelantó que por la crisis del sector iniciará “plan de lucha territorial” y buscará conformar “alianzas programáticas con cada gobernador”.
Según el sindicalista, que es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, “la construcción genera que por cada 100 empleos activos hay unos 30 indirectos que se ven beneficiados por el desarrollo”. “En el mundo, la industria de la construcción es madre de la industria”, dijo. En el informe elaborado por la UOCRA, destaca que “los 360 mil puestos de trabajo con los que comenzamos este mes continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída, e incluso en grandes obras se mantuvo en planta un importante número por la figura de la suspensión, situación que cesó durante marzo”.
Esos 80 mil puestos (que se perdieron) están estrechamente relacionados con ocupados en obras públicas -agregó-, “dado que históricamente alrededor del 25 por ciento de los empleos están relacionados con las obras que tienen financiamiento del sector público central y de las provincias”.
Situación muy seria
El gremio que encabeza Martínez resaltó que “esta situación tan extremadamente seria se produjo ante las decisiones gubernamentales de no pagar un peso de certificados de obra nacionales, ni aun aquellas financiadas por los organismos internacionales, y dejar de transferir a las provincias los fondos por convenios de financiamiento compartido”.
Sostuvo que “en las provincias más chicas, muy dependientes de las obras de vivienda sociales y otras obras públicas, son las más afectadas Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero, mientras aquellas jurisdicciones en las cuales las obras privadas tienen más relevancia han sufrido menos el impacto, como CABA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tucumán”.
“Estas obras privadas que amortiguaron la caída son obras en ejecución que no pueden pararse pero han disminuido su ritmo y no vemos obras de reemplazo para compensar el ritmo a su finalización”, advirtió el sindicato de la construcción en su informe sobre la crisis del sector.
Obra social
La UOCRA alertó que la situación provoca un “grave impacto” en la obra social Construir Salud, ya que “pierde más de un 20 por ciento de sus ingresos en un momento de aumentos en las prestaciones, que en algunos casos superan el 200 por ciento, con el agravante que todos estos beneficiarios que perdieron su empleo mantienen la prestación por ellos y sus familias durante 90 días”. “Desde el propio gremio se está apoyando a la obra social para poder mantener su sustentabilidad”, concluyó.
El sindicato de la construcción efectuó el 29 de febrero una importante movilización frente a la Secretaría de Trabajo por la paralización de las obras públicas y la pérdida de fuentes de trabajo, y en particular reclamó por los casi 300 despidos que tuvieron lugar en la empresa Dycasa.
“Es inaceptable que el gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno, que no convoque al diálogo social y que ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”, dijo la UOCRA en un documento difundido a fines del mes pasado, en el que anunció que declaró “el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país”.