Luego de que varios sindicatos y organizaciones sociales recibieran este jueves una carta documento enviada por el ministerio de Seguridad de la Nación donde los intiman a abonar más de $40 millones de pesos de gastos en el operativa durante la protesta contra el DNU dictado por Javier Milei, el pasado 27 de diciembre en Plaza Lavalle, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que llevará una denuncia para que se aborde de manera urgente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los dirigentes de la CGT consideraron la acción de la cartera de Seguridad como “una nueva provocación del Poder Ejecutivo” dirigida a “acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores”. Ante ello, confirmaron que el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA) será el encargado de hacer la presentación en su condición de miembro del Comité de Libertad Sindical de la OIT, el cual fue creado en 1951 para examinar los reclamos de empleadores y trabajadores sobre violaciones a la libertad sindical.
A su vez, la CTA Autónoma que lidera Hugo “Cachorro” Godoy, como la CTA de los Trabajadores conducida por Hugo Yasky, anunciaron que también presentarán una queja ante la OIT por la intimación oficial a los gremios y organizaciones sociales que participaron de la protesta ante Tribunales.
En ese marco, la primera reacción de todas las organizaciones sindicales y sociales fue el rechazo y luego, se originó una reunión amplia en la que participaron dirigentes de la CGT y diputados nacionales del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en el Congreso. También fue parte de los encuentros que están llevando adelante la conducción de la central obrera para reunir consenso en contra del “mega DNU”.
Según se pudo saber, durante una hora hablaron sobre la estrategia para frenar el decreto de Milei y la Ley Ómnibus. En tanto, los legisladores trotskistas advirtieron que “sólo el paro y la movilización de millones de trabajadores en todo el país y la continuidad de un plan de lucha podrán voltear” las medidas “antipopulares” del Gobierno.
De la reunión participaron los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano; Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (vidrio) y Alejandro Amor (municipales porteños), mientras que por el bloque del FIT estuvieron Romina Del Plá (PO), Myriam Bregman (PTS), Nicolás Del Caño (PTS), Néstor Pitrola (PO), Alejandro Vilca (PTS) y Christian Castillo (PTS).
Comunicado de la CGT
En un comunicado de prensa, la CGT criticó duramente la intimación del Gobierno a un grupo de sindicatos para que paguen 40 millones de pesos para financiar el costo del operativo de seguridad de la protesta del 27D. Tras manifestar su “profunda preocupación”, la central obrera consideró que “es una nueva provocación del Poder Ejecutivo en sus intentos de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”.
“Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero organizado”, agregó.
A su vez, la CGT aseguró que “no representa los intereses de una casta, pero sí de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga”.
En el mismo sentido se pronunció la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que lidera Juan Carlos Schmid. “Esta disposición avasalla los derechos consagrados en la Constitución, viola acuerdos internacionales y pretende disciplinar a las organizaciones sindicales en el marco del establecimiento de un gobierno autocrático”, sostuvo Schmid.
Tras calificar la decisión del Gobierno como “acto intimidatorio y anticonstitucional”, sostuvo que “con ridícula soberbia el Gobierno se pone por encima del mandato democrático en nombre de falsas interpretaciones”, al violentar la Constitución Nacional, “pretendiendo llevarse por delante toda la representación popular y abonan el terreno de la represión porque para ellos la violencia política es un apéndice del sometimiento del pueblo a políticas de hambre y entrega”.