Como hicieron los gremios docentes de la CGT, la CTERA denunció al oficialismo por buscar impedir el derecho a huelga de ese sector, en un contexto de ajuste presupuestario y salarial. Fue a través del dictamen que esas cuatro fuerzas le dieron a un proyecto en la comisión de Educación el pasado jueves, conducida por Alejandro Finocchiaro (PRO), su presidente y ex ministro de Educación del macrismo, quien presentó la iniciativa. Por su parte, desde Unión por la Patria y la izquierda firmaron dictámenes de rechazo y reclamaron mayor financiamiento para la educación pública.
El proyecto declara a la educación como servicio esencial, lo que justifica la restricción de las medidas de fuerza. Los gremios denuncian que lo que busca el oficialismo es coartar el derecho a huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública y ajuste en los salarios docentes.
“La finalidad de los proyectos consiste en limitar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, haciéndonos responsables exclusivamente de los problemas que tiene nuestro sistema educativo”, denunció CTERA en un comunicado. El sindicato que conduce Sonia Alesso advirtió que el proyecto no recibió el giro a otras comisiones para proseguir su tratamiento y remarcó que apunta a modificarciones en el articulado de la Ley Nacional de Educación 26.206. “Son los mismos bloques que avalan el desfinanciamiento educativo, que convalidan la eliminación del FONID, la suspensión del envío de recursos por Ley de Financiamiento Educativo y su consecuente impacto en la infraestructura, equipamiento y comedores escolares y la anulación de la paritaria nacional”, cargó el gremio.
Amordazar docentes
El sindicato que integra la CTA de los Trabajadores agregó que el oficialismo “nada dice de los mecanismos legales vigentes para la resolución de conflictos, como la autocomposición de las partes el dictado de la conciliación y oportunamente, la implementación de instancias de mediación”. Y prosiguió: “No los mencionan porque no les interesa. Solo tienen un objetivo amordazar a los docentes e imponer el ajuste a cualquier precio, deteriorando el funcionamiento del sistema educativo y generando las condiciones para su posterior privatización”.
En tanto, el diputado Hugo Yasky, de extracción sindical docente, dijo durante la comisión: “Esta propuesta pretende hablar en nombre de la prioridad de la educación, habla de esencialidad, y nosotros compartimos eso”, comenzó, pero agregó que, de fondo, el proyecto de Finocchiaro es parte del plan del oficialismo de aplicar “el ajuste más feroz que se vivió en la Argentina” y eso recae sobre todo en el “sector público, que es el que está en la mira del ajuste”. Y concluyó: “Aunque las dos terceras partes de los docentes tengan salarios indigentes, igual que las escuelas funcionen y encima después nos corren con el ausentismo y los paros”.
Servicio esencial
El proyecto de ley para declarar "servicio estratégico esencial" a la educación pública avanza en la Cámara de Diputados. Con acuerdo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y bloques de la "oposición dialoguista", y ya obtuvo dictamen en la Comisión de Educación y está listo para llegar al recinto. Tras el revés judicial, el oficialismo incluyó la iniciativa en la primera versión de la entonces llamada ley ómnibus, pero no pudo superar la poda de artículos que derivó en el texto que finalmente llegó al recinto. Así, el proyecto de Finocchiaro, acompañado con la firma del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, volvió a ganar terreno y el jueves pasado obtuvo dictamen con un texto consensuado con otros proyectos como el de la diputada Carla Carrizo, de la UCR. La iniciativa sólo fue tratada en la comisión presidida por Finocchiaro, que esquivó los giros originales que indicaban que también debía pasar por la de Presupuesto y la de Trabajo.
En comparación con la propuesta de LLA, la dictaminada en comisión se presenta como una versión "light". En primer lugar por el porcentaje de "prestación" a garantizar durante los días de huelga. El proyecto busca modificar el artículo 3 de la Ley de Educación Nacional (LEN) para incorporar allí la creación de un "Sistema de Guardias Mínimas Obligatorias". El Inciso C de ese artículo prevé, así, mecanismos para garantizar las guardias en caso de "medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente o no docente". Estipula que se deberá garantizar un mínimo de personal del 30 por ciento en medidas de fuerza que duren uno o dos días, mientras que el porcentaje se elevará al 50 por ciento cuando superen los tres días.
La segunda diferencia con respecto al proyecto original del oficialismo es la vía por la que la iniciativa de Finocchiaro busca introducir la modificación. En el DNU de diciembre, el Gobierno había incluido a la educación como "servicio esencial" en lo establecido por la Ley 25.877 de Régimen Laboral, que hasta el momento reconoce de esa manera a los "servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo". El texto dictaminado el jueves, por el contrario, incorpora la declaración de "servicio estratégico esencial" sólo dentro de la LEN y no hace mención a la Ley de Régimen Laboral más que en el párrafo introductorio.