Desde el momento en el que el Gobierno Nacional decidió intervenir a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), la Obra Social de los Trabajadores Rurales (OSPRERA), la situación de los afiliados pertenecientes a la institución ha ido en caída libre: falta de financiamiento para operaciones, tratamientos paralizados y una notoria desmejoría en la atención. Ahora desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) impugnaron judicialmente al interventor, Marcelo Petroni. Consideran que su mandato es “ilegal e ilegítimo”, ya que el juez que lo determinó fue apartado por incompetente. De esta manera, avanzarán hasta recuperar la gestión del organismo.
Para el gremio que conduce José Voytenco, la falta de servicios y atención no puede leerse de otra manera más que como un intento de atropello y avasallamiento por parte del Ejecutivo y en particular del actual ministro de Salud, Mario Lugones, de asfixiar a la obra social y a la UATRE. Luego de la decisión de destituir ilegalmente al Consejo Directivo que asumió en julio, los únicos afectados y víctimas de esta situación son los pacientes que quedan en el medio.
Dentro del marco de los 700 afiliados mil afectados hasta el momento debido al accionar del gobierno, una de las principales consecuencias que trajo fue la interrupción de la cadena de pagos, la imposibilidad de costear los tratamientos oncológicos, lo que conlleva al agravamiento de patologías existentes, que, dicho sea de paso ya generó varias demandas en diferentes provincias por la interrupción de los mismos tratamientos.
“Nos encontramos ante un gran desafío para la organización y los trabajadores rurales de nuestro país. En los últimos tiempos, hemos padecido la intromisión ilegítima e ilegal, mediante la figura de un interventor en OSPRERA dispuesto por el gobierno nacional en octubre pasado a partir de la orden de un juez federal que terminó apartado por incompetente”, expresaron desde UATRE.
Y retomaron: “El interventor, quien supuestamente vino a recomponer prestaciones nunca interrumpidas durante los pocos días en que los verdaderos trabajadores la gestionamos, en lugar de asegurar la cobertura que la familia rural merece, ha realizado gastos innecesarios, designando en lugares de responsabilidad a quienes fueron derrotados por nuestra lista en las últimas elecciones nacionales celebradas por la UATRE”, apuntando directamente a Petroni.
En ese sentido fueron bien concisos en la comunicación: denuncian que a tres meses de la intervención de OSPRERA, la situación de los trabajadores rurales es crítica. También expresaron que al momento hay 21 casos que llegaron a la justicia y que tienen amparos incumplidos; “cuatro de ellos llegaron incluso hasta la instancia penal porque la obra social desobedeció las demandas judiciales”.
Afectaciones en la prestación médica
Como informó este medio, el bloqueo actual de las cuentas bancarias no solo afecta la prestación médica, sino que también genera costos adicionales por intereses, embargos y multas. En esa línea, la situación también contradice las normativas del Decreto 1045/2024, que regula las intervenciones en agentes de salud, exponiendo falencias en la gestión de la Superintendencia.
Sobre el final del comunicado, desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, señalaron: “Estamos duplicando nuestros esfuerzos para recuperar OSPRERA, con la finalidad de volverla a poner al servicio de los trabajadores del campo argentino. Seguiremos luchando incansablemente por la dignidad y los derechos de todos los trabajadores rurales”.