Luego de los despidos masivos realizados en el Estado de la provincia de Córdoba, que se dieron entre los últimos días del 2023 y los primeros del año actual, los gremios estatales locales marcharon en la capital provincial, para denunciar las maniobras del gobernador Martín Llaryora, y pedir la inmediata reincorporación de los cesanteados. Bajo el argumento de “alto ausentismo”, la gestión provincial despidió miles de contratados, lo que fue rechazado por los sindicatos.
La marcha de ayer martes fue protagonizada por una docena de gremios que representan a trabajadores estatales de Córdoba, que se movilizaron en la zona céntrica de la ciudad capital. Participaron de la movilización, entre otros, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los legislativos (SELC), Unión de los Trabajadores de la Salud (UTS), Casinos (ACEC), municipales (SUOEM), judiciales (AGEPJ), Luz y Fuerza, gráficos, bancarios, docentes privados (SADOP) y docentes públicos (UEPC). Algunas de las entidades acompañaron la jornada con paros y retenciones de tareas, como los empelados sanitarios.
Estela Giménez, dirigente de la UTS, manifestó a los medios locales que "dieron de baja contratos de personal que están trabajando en condiciones precarizadas desde hace más de siete años". "Todos los días están notificando baja de contratos y despidos con el argumento de ausentismo, cuando en realidad se trata de licencias por distintos motivos", y que en la mayoría se trata de personal femenino como enfermeras y quienes se desempeñan en otras tareas, por lo tanto "los despidos son ilegales", afirmó la dirigente gremial.
Apoyo de la CGT
Mientras, otros gremios alineados con la CGT Regional Córdoba, entre ellos el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), se movilizaron hacia la explanada de la Catedral, en el centro de la capital, donde fueron recibidos por el sacerdote Munir Bracco, de la Pastoral Social.
Bracco ofició una oración pública en ese lugar, donde instó a la dirigencia de los sectores políticos, políticos, sociales, sindicales, empresariales y religiosos a que "podamos ser capaces de levantar la mirada y orientan las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para el bien común".
"En las crisis nos salvamos juntos o nos hundimos todos", aseveró el sacerdote y pidió no claudicar el diálogo por la paz y la justicia social: "No claudiquemos en el sueño y en la lucha para que cada argentino pueda tener pan, paz, tierra, techo y trabajo, porque no es posible morirse de hambre en esta tierra bendita del pan", destacó.
Medidas de ajuste
Luego de la jornada, Sergio Castro, titular del SEP, manifestó a los medios locales que el gobernador Martín Llaryora está aplicando "medidas de ajuste en consonancia con el Gobierno nacional". En ese sentido exigió la "reincorporación" de los trabajadores cesanteados, el respeto a la tutela sindical; el rechazo al aumento de los porcentajes de aportes para las jubilaciones y la obra social estatal.
El secretario de Salud provincial, Carlos Giornada, habló con el canal 12 de Córdoba y explicó que de 4.300 contratos en el sector de la salud solo 404 no fueron renovados automáticamente. Se está "evaluando su desempeño" debido al "elevado porcentaje de ausentismo", y lo que se pretende es "eficientizar el trabajo del equipo de Salud", manifestó el funcionario.
Cerca de 600 despidos fueron notificados por las bajas de los contratos antes de finales del 2023, y la proyección es entre 2 mil y 2.500 los que serán alcanzados en toda Córdoba, y que particularmente afecta al sector de la salud, según se alertó. “Se ha dado de baja a trabajadores que ejercen representación gremial", denunciaron los sindicatos.